La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una importante organización dedicada a estafas piramidales y fraudes informáticos con criptoactivos, tras un megaoperativo de 57 allanamientos. Los procedimientos, que incluyeron la provincia de Santa Fe, derivaron en la detención de 21 personas y el secuestro de más de 8 millones de dólares en criptomonedas, junto a una considerable suma de pesos en efectivo.
Golpe a la ciberdelincuencia: desbaratan banda de estafas con criptoactivos en un operativo federal
Un megaoperativo coordinado por la Policía Federal Argentina (PFA) logró desarticular una vasta organización criminal dedicada a estafas piramidales y fraudes informáticos que operaba con criptoactivos. La acción se desplegó mediante 57 allanamientos simultáneos en siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando en la detención de 21 personas. Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron más de 8 millones de dólares en criptodivisas (USDT) y millones de pesos en efectivo. La provincia de Santa Fe fue uno de los puntos donde se ejecutaron los operativos.
La sofisticada modalidad delictiva
La investigación, iniciada a partir de múltiples denuncias de ahorristas damnificados, puso de manifiesto una ingeniería financiera y tecnológica de alta sofisticación. Según fuentes judiciales, la banda operaba a través de diversas plataformas digitales, destacándose una identificada con las iniciales «B.M.», presuntamente desarrollada por el cerebro de la organización: un informático de origen asiático radicado en la Argentina desde hace tiempo.
La modalidad delictiva combinaba la seducción digital con la manipulación financiera. Los estafadores utilizaban redes sociales, publicidad engañosa, contactos personales e incluso aplicaciones de citas para atraer a potenciales inversores. Una vez que las víctimas transferían sus fondos a las billeteras virtuales de la organización, la banda simulaba ganancias iniciales ficticias para granjearse su confianza.
Sin embargo, la estafa principal se materializaba mediante la técnica conocida como «Pump and Dump» (inflar y tirar): los criminales difundían información falsa para inflar artificialmente el valor de determinados activos digitales y, en el pico de la cotización, vendían todo de forma masiva. Esta acción provocaba el desplome inmediato del valor, momento en el que bloqueaban las cuentas de las víctimas y hacían desaparecer los fondos.
La investigación y el rol de las «mulas»
La causa penal, impulsada inicialmente por el Procurador General de la Suprema Corte de Buenos Aires, el Dr. Julio Marcelo Conte-Grand, adquirió tal dimensión territorial que requirió la cooperación de fiscalías de todo el país. La investigación técnica estuvo a cargo de la División Delitos Tecnológicos de la PFA.
Mediante el rastreo de operaciones en la blockchain —la cadena de bloques que registra las transacciones de criptomonedas—, los detectives lograron identificar los eslabones más bajos de la organización: las denominadas «mulas» o «prestacuentas». Estos individuos ofrecían sus nombres y cuentas bancarias o billeteras virtuales para diversificar el dinero ilícito y borrar el rastro del origen de los fondos.
Estructura criminal y los allanamientos
Los investigadores determinaron que la organización funcionaba como una empresa criminal perfectamente escalonada, con una estricta división de tareas y un rígido control jerárquico interno.
Con las pruebas acopiadas, la Justicia dispuso la ejecución de los 57 allanamientos y requisas. Cuarenta y cinco de estos procedimientos se concentraron en el AMBA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Isidro, Vicente López, Florencio Varela, Lanús y La Matanza) y los restantes 12 se realizaron en el interior del país, abarcando las provincias de Mendoza, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Formosa, Entre Ríos y Jujuy.
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