El Gobierno de Santa Fe dio de baja la asistencia económica y radicó una denuncia penal contra el Movimiento Mahatma Gandhi, de la ciudad capital, tras detectar graves irregularidades. La investigación reveló que la organización destinó fondos para alimentación comunitaria a compras en locales de comida rápida, restaurantes y kioscos.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe ha presentado una denuncia penal contra el Movimiento Mahatma Gandhi, una institución radicada en la ciudad de Santa Fe. Esta acción surge tras la detección de presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a través del Programa Tarjeta Institucional, diseñado para fortalecer comedores y espacios comunitarios provinciales, garantizando así una alimentación adecuada para familias en situación de vulnerabilidad social. En paralelo a la denuncia, el Gobierno de la Provincia ha suspendido la recepción de fondos por parte de esta organización.
Irregularidades Detectadas en Auditorías
Las inconsistencias fueron descubiertas durante una de las habituales auditorías llevadas a cabo por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe. Se verificó que las rendiciones de gastos presentadas por el Movimiento Mahatma Gandhi no coincidían con los resúmenes de la tarjeta institucional. Las transacciones registradas incluían consumos en establecimientos como casas de comida rápida (entre ellas, McDonald’s), bares, restaurantes y kioscos, lo cual no se alinea con el objetivo de adquisición de alimentos para comedores comunitarios.
El vínculo con Luciano «Chano» Rossi
Se ha revelado que el Movimiento Mahatma Gandhi fue liderado hasta abril de 2024 por Luciano «Chano» Rossi. Este dirigente social fue exonerado en julio de 2025 de la Empresa Provincial de Energía (EPE) por su escaso presentismo. Las auditorías internas de la EPE determinaron que, desde su ingreso en julio de 2015, de un total de 2.103 días, Rossi había asistido a trabajar únicamente 651 días, registrando una ausencia de 1452 días. La modalidad de ingreso a la EPE en aquel momento, que permitía el acceso «hereditario» o por «derecho de sangre», fue modificada por la actual gestión provincial, que ahora exige el ingreso por concurso de antecedentes y capacidad.
Las inconsistencias detectadas entre la documentación presentada por la institución y los movimientos reales de la tarjeta asignada llevaron al Gobierno de la Provincia a actuar. Los fondos, destinados específicamente a la compra de alimentos para el funcionamiento de comedores comunitarios, habrían sido desviados hacia consumos en comercios sin relación con el propósito del programa, como McDonald’s, restaurantes céntricos y kioscos.
Ante estas observaciones, y con el objetivo primordial de salvaguardar los recursos públicos destinados a la asistencia alimentaria, el Gobierno de la Provincia resolvió formalizar la denuncia penal correspondiente. Toda la información relevada ha sido puesta a disposición de la Justicia para que se investiguen los hechos a fondo. Es fundamental destacar que la tarjeta institucional no permite que la propia organización deposite fondos; la única entidad habilitada para hacerlo es el Gobierno Provincial, lo que significa que todos los consumos deben estar directamente relacionados con las compras para los beneficiarios del programa.
Estos mecanismos de auditoría y control forman parte de una política permanente de seguimiento de los fondos públicos transferidos a organizaciones sociales, reafirmando el compromiso de asegurar que los recursos lleguen eficazmente a quienes más los necesitan.
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