En el marco de una causa por asociación ilícita y estafas inmobiliarias que investiga el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la fiscal Bárbara Ilera detalló la participación del abogado Javier Cóceres, condenado a tres años de prisión en los tribunales de Santa Fe. Durante la audiencia celebrada este martes, la funcionaria judicial precisó el rol del imputado en las maniobras defraudatorias y destacó un acuerdo que contempla un resarcimiento económico superior a los 61 millones de pesos para las aproximadamente 90 víctimas relevadas.
Condena y resarcimiento en los tribunales locales
Para la fiscalía, Javier Cóceres no ocupaba un lugar de conducción dentro de la asociación ilícita investigada, pero sí tuvo una participación concreta en distintas operaciones inmobiliarias por las que terminó condenado a tres años de prisión. La fiscal de Delitos Complejos, Bárbara Ilera, explicó que el implicado intervenía en el ofrecimiento de lotes, en la firma de boletos de compraventa y en el cobro de dinero de algunas de las operaciones.
Tras la audiencia celebrada este martes en los tribunales de Santa Fe, la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) detalló que el condenado utilizaba en ocasiones interpósitas personas como prestanombres para suscribir la documentación. En cuanto a su calificación legal, precisó que fue considerado autor de asociación ilícita en carácter de miembro, mientras que en las estafas su intervención varió según el hecho, figurando como partícipe secundario, partícipe principal, autor o coautor.
La reparación económica a los damnificados
Uno de los aspectos centrales del acuerdo fue la reparación económica ofrecida por Cóceres, cuya cifra supera los $ 61 millones y contempla un pago inicial ya realizado, abonándose el resto en cuotas. Ilera explicó que la propuesta fue sometida a consideración de las víctimas y que la mayoría prestó su conformidad con las modalidades de pago.
La fiscal indicó que, tras largas tratativas, el abogado defensor acercó una propuesta considerada importante frente a la situación de los damnificados. En el análisis, la fiscalía ponderó que algunas personas ya habían recuperado vehículos y otras continuaban ocupando los terrenos adquiridos sin que se registraran terceros reclamantes. Hasta el momento se relevó a aproximadamente 90 víctimas, aunque aclaró que no se pudo establecer un monto global de la defraudación debido a que la pesquisa continúa y los perjuicios se calcularon de forma individual.
La postura de la defensa técnica
Por su parte, el abogado Héctor Acuña, defensor de Cóceres, coincidió con la resolución judicial y puso el acento tanto en el resarcimiento a las víctimas como en el trabajo realizado durante la instrucción. El letrado remarcó que su asistido llevaba 25 meses detenido y logró reunir, con la asistencia de su grupo familiar, más del 50 % del monto acordado en un único pago.
Asimismo, Acuña destacó el intercambio sostenido con los investigadores, señalando que la fiscalía mantuvo reuniones con el propio imputado para descifrar el mecanismo de las maniobras. Respecto a la calificación legal, el defensor valoró que la investigación derivó en una acusación por participación en la banda y no por jefatura —lo que hubiera elevado la escala penal de 5 a 15 años en lugar de los 3 a 10 actuales—, logrando así cerrar la situación procesal de su cliente con una pena parcialmente cumplida y la recuperación de la libertad.
Una causa que continúa abierta
La condena dictada no implica el cierre definitivo de la investigación. La fiscal Ilera adelantó que el legajo se encuentra preparado para avanzar hacia la instancia de juicio respecto de los demás involucrados, a pesar de que la acusación formal aún no fue presentada.
El expediente mantiene un dinamismo constante y continúa incorporando información, al punto de que pocos días antes de la audiencia de Cóceres ingresó una nueva denuncia. De los restantes sospechosos aprehendidos en las etapas iniciales, la mayoría aceptó su responsabilidad mediante abreviados, mientras que Alfonso Storni permanece bajo prisión domiciliaria y otros imputados continúan en libertad a la espera de futuras resoluciones procesales.
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