La Sociedad Santafesina Protectora de Animales (SSPA) se presentó formalmente como querellante en la causa judicial que investiga el salvaje ataque sufrido por el perro «Chimuelo» en la localidad de Sauce Viejo. La confirmación fue brindada por la abogada Natalia Pallavicini, quien representa legalmente a la institución.
Este paso, clave en el proceso, busca robustecer la investigación y evitar la impunidad en un hecho que generó una fuerte conmoción social y un amplio repudio en redes.
El escrito de constitución como querellante fue ingresado en la Fiscalía la semana pasada, y la SSPA se encuentra a la espera de la admisión formal de su participación. Esta figura jurídica, explicó la abogada Pallavicini, no es meramente simbólica, sino que habilita a la Protectora a impulsar activamente la causa, aportar pruebas, participar en audiencias y solicitar medidas procesales, facultades de las que carece un denunciante común.
Diferencia clave: querellante versus denunciante
La letrada Natalia Pallavicini subrayó la distinción fundamental entre el rol del querellante y el del denunciante. «El denunciante notifica un hecho delictivo, aporta información y su participación, en general, termina ahí. En cambio, el querellante es parte activa del proceso: puede presentar pruebas, participar de audiencias y tiene derecho a ser notificado de cada avance de la causa, permitiendo así un seguimiento constante», detalló la abogada.
Pallavicini enfatizó que muchas causas por maltrato animal suelen diluirse o prescribir por falta de impulso procesal. La constitución como querellante de la SSPA persigue «romper con esa lógica de impunidad que aún persiste» y lograr que el agresor de «Chimuelo» reciba una condena efectiva conforme a lo establecido por la Ley 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad animal.
«Queremos que se haga justicia dentro de lo que la ley permite, y que este hecho aberrante no quede en la nada, como tantas veces ocurre», aseveró.
Impacto social y exigencia de justicia
Más allá de los aspectos estrictamente judiciales, la abogada Pallavicini puso de relieve el cambio cultural evidenciado por este episodio. «Hoy la sociedad ya no naturaliza la violencia hacia los animales. La reacción fue inmediata, con repudio generalizado, incluso de personas que no pertenecen a organizaciones proteccionistas», afirmó. Recordó, además, la valentía de los dos jóvenes que intervinieron para frenar la agresión, lo que «muestra la otra cara de la sociedad: la que no se queda callada y actúa ante la injusticia».
Finalmente, Pallavicini remarcó la necesidad de que el Poder Judicial actúe en sintonía con la sensibilidad ciudadana actual. «La gente repudia estos hechos, exige respuestas y pide que se aplique la ley. Ahora es momento de que las autoridades estén a la altura y marquen un precedente», concluyó.
La experiencia de la Sociedad Protectora de Animales
Lorena Arber, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales, reforzó la trascendencia de esta acción judicial. «La idea de presentarnos como querellantes es para que las causas de maltrato no se diluyan y no queden en la nada. Siempre pasa lo mismo: si no se siguen, quedan en la nada», afirmó.
Arber recordó que la institución ya se había presentado con éxito como querellante en el caso de «Lola», una perrita que había sido golpeada por su dueño en el Pasaje Boedo, en la ciudad de Santa Fe. «En ese caso se logró una condena condicional de un año. No es la prisión efectiva que uno quisiera, pero es un paso significativo. La Ley 14.346 prevé penas de tres meses a un año, y por eso suelen ser excarcelables, pero al menos se marca un precedente», agregó.
La relevancia de la prueba audiovisual
La titular de la Protectora reveló que la institución recibe denuncias de maltrato animal a diario, tanto a través de redes sociales como por mensajes personales. «Me llegan casos de perros atados al sol, sin agua ni comida, o golpeados por sus dueños. Pero la gente muchas veces no quiere denunciar por miedo, porque el agresor es conflictivo o violento», explicó.
A diferencia de muchos de esos casos, la brutal agresión a «Chimuelo» quedó registrada en video, lo que, según Arber, facilita enormemente la acción penal. «Cuando hay una cámara que lo muestra todo, no hace falta más. El video es una prueba irrefutable», sostuvo.
Arber fue categórica al remarcar la misión de la institución: «Querellarnos significa poder seguir la causa, buscar una condena y que se entienda que los animales son seres vivos con derechos. La sociedad tiene que entenderlo». Y concluyó con un mensaje firme: «Ojalá algún día tengamos condenas ejemplares, con prisión efectiva. Mientras tanto, las condenas condicionales también sirven, porque la sociedad ve que hay consecuencias y empieza a comprender que existen leyes que los protegen».
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