La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y Lázaro Báez, y confirmó el decomiso de 111 inmuebles. Esta decisión judicial, en el marco de la causa Vialidad, busca resarcir al Estado por el perjuicio económico derivado del fraude investigado.
La Casación ordena ejecutar 111 bienes en la causa Vialidad
La causa Vialidad registró un nuevo movimiento judicial de alto impacto. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos planteos de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Báez, y ordenó la ejecución de 111 bienes inmuebles. Esta medida tiene como objetivo cubrir el decomiso fijado en el expediente, valuado en $ 685.000 millones, para resarcir al Estado nacional por el fraude determinado en la causa.
La decisión judicial abarca propiedades vinculadas a la expresidenta, a sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, al empresario santacruceño y a diversas firmas ligadas a su estructura empresarial. Específicamente, el fallo detalla que el decomiso comprende 84 inmuebles de Lázaro Báez, uno de Cristina Kirchner, 19 de Máximo y Florencia Kirchner, dos de Austral Construcciones S.A., tres de Kank y Costilla S.A. y dos de Loscalzo y Del Curto S.R.L.
Fundamentos de la resolución de Casación
La decisión fue rubricada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. La mayoría del tribunal desestimó los cuestionamientos contra la resolución del Tribunal Oral Federal 2 y ratificó la idoneidad de los criterios utilizados para identificar los bienes sujetos a decomiso.
En este sentido, los magistrados enfatizaron que en expedientes de criminalidad económica organizada y prolongada en el tiempo no se exige una reconstrucción contable perfecta de cada flujo de dinero. Para Casación, es suficiente establecer una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable entre los activos y la maniobra delictiva.
La sentencia también brindó una contundente definición sobre el propósito del decomiso, señalando que la exigencia de un rastreo exacto y absoluto del dinero vaciaría de contenido una herramienta crucial para la recuperación de activos provenientes del delito.
Los argumentos de la defensa de Cristina Kirchner y sus hijos
Las defensas de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner habían objetado el decomiso de varios inmuebles. Alegaron que parte de estos bienes provenían de herencias de Néstor Kirchner o de cesiones posteriores, incluso ajenas al período investigado en la maniobra delictiva.
Asimismo, argumentaron que algunos inmuebles fueron adquiridos antes del lapso temporal analizado en la causa, lo que, a su entender, invalidaba un nexo directo entre esos activos y los fondos de origen ilícito. También invocaron la buena fe de los adquirentes.
Casación rechazó de plano estos planteos. El voto mayoritario sostuvo que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados, aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados, siempre que exista una vinculación razonable con la maniobra investigada.
El planteo de Lázaro Báez y la disidencia parcial de Borinsky
La defensa de Lázaro Báez y de otros condenados también impugnó la medida, sosteniendo que no existía una fundamentación suficiente para vincular concretamente cada inmueble con los beneficios obtenidos del delito.
Este criterio tampoco prosperó. La mayoría de la Sala IV entendió que, dada la fungibilidad del dinero y su mezcla con activos lícitos, no es posible exigir una trazabilidad absoluta, bien por bien, para habilitar el decomiso en una estructura de corrupción de largo alcance.
No obstante, se registró una diferencia parcial dentro del tribunal. El juez Mariano Borinsky acompañó los lineamientos generales del fallo, pero consideró que, en el caso de algunos inmuebles heredados por los hijos de la expresidenta, existían defectos de fundamentación. Por ello, propuso anular esa parte y ordenar un nuevo pronunciamiento.
Ejecución de bienes y la órbita de la Corte Suprema
El voto mayoritario desestimó la disidencia de Borinsky y confirmó la ejecución total del decomiso. De esta manera, la Justicia avanzará sobre los 111 inmuebles identificados para transformar esos activos en recursos destinados a cubrir el monto fijado como perjuicio al Estado nacional.
El fallo también dispuso que todos los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Será el máximo tribunal quien quede a cargo de su administración y de una eventual venta, en el marco del proceso de ejecución.
Esta resolución reabre un capítulo sensible de la causa Vialidad, una investigación que se centró en el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, mediante sobreprecios, incumplimientos y la concesión sistemática de contratos irregulares.
El contexto judicial de Cristina Kirchner
La causa Vialidad ya había derivado en una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Este fallo sigue siendo uno de los expedientes más significativos en el frente judicial de la exmandataria.
Actualmente, Cristina Kirchner cumple la pena bajo prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución. El reciente paso de Casación vuelve a enfocar la atención en la dimensión patrimonial del caso y en la recuperación de los activos vinculados a la maniobra investigada.
La sentencia no reabre la discusión sobre la responsabilidad penal, pero acelera una consecuencia directa de la condena: la ejecución del decomiso para intentar resarcir económicamente al Estado por el daño cuantificado en el expediente.
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