Dos hombres, padre e hijo, fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva por microtráfico de drogas en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe. La sentencia culmina una investigación iniciada por la detección de constantes maniobras de venta al menudeo en un pasillo, lo que permitió desarticular un búnker de estupefacientes en la zona.
Condenados por venta de estupefacientes en Santa Rosa de Lima
Una investigación que desmanteló un punto de expendio de estupefacientes en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe concluyó con la condena de dos hombres. En una audiencia de procedimiento abreviado celebrada en los tribunales locales, el juez penal Pablo Busaniche resolvió condenar a Santos Gabriel Ponce, de 52 años, y a su hijo Nicolás Juan Manuel Ponce, de 22, como coautores responsables del delito de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización».
El fallo judicial fue producto de un acuerdo alcanzado entre el fiscal de la Unidad de Microtráfico, Arturo Haidar, y el abogado defensor Héctor Acuña. Ambos imputados, con domicilio en la Manzana 10 del mencionado barrio, admitieron su culpabilidad y aceptaron cumplir una pena de 4 años de prisión de ejecución efectiva, además del pago de una multa económica. La resolución también dispuso el decomiso del dinero en efectivo y los elementos de fraccionamiento secuestrados, así como la destrucción de la droga incautada durante el allanamiento al búnker que comandaban.
La pesquisa permitió acreditar que los Ponce utilizaban su vivienda para el fraccionamiento y la venta de cocaína y marihuana a consumidores directos. El Ministerio Público Fiscal presentó como elementos probatorios filmaciones, actas de allanamiento y, fundamentalmente, el resultado del peritaje de los teléfonos celulares, donde quedaron registradas conversaciones que daban cuenta de la actividad ilícita. Si bien Nicolás Ponce intentó desvincular a su progenitor asumiendo toda la responsabilidad, las pruebas digitales confirmaron que ambos coordinaban las ventas.
El inicio de la investigación
La investigación comenzó a gestarse en agosto de 2025, cuando efectivos de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron tareas de observación en un pasillo ubicado en la intersección de las calles Estrada y Lisandro de la Torre. Los agentes documentaron que diversas personas ingresaban al lugar y se dirigían a una vivienda de fachada amarilla, donde realizaban transacciones rápidas a través de una ventana antes de retirarse manipulando pequeños envoltorios.
El golpe definitivo se concretó el 20 de septiembre de 2025, a la 1.15 de la madrugada, cuando se ejecutó una orden de allanamiento autorizada por el juez Sergio Carraro. En el interior de la finca, los investigadores hallaron un verdadero centro de fraccionamiento de estupefacientes.
Secuestro de material y chats incriminatorios
En la habitación de los padres, dentro de una campera negra que se encontraba sobre la cama, se incautó:
- Un paquete con 96 envoltorios de cocaína listos para la venta, con un pesaje de 21,6 gramos.
- Otros envoltorios esparcidos por el ambiente principal y el patio.
- Una balanza de precisión.
- Recortes de papel satinado utilizados para el embalaje.
Una de las pruebas clave fue el análisis forense de un teléfono Samsung A23 perteneciente a Ponce padre. Del peritaje digital surgieron diálogos directos con su hijo Nicolás, bajo el usuario «Nicolasp», donde intercambiaban información logística sobre el stock de material y las ventas realizadas. Esta evidencia fue crucial para sostener la coautoría, desestimando la versión inicial del hijo que pretendía exculpar a su padre, quien trabajaba como empleado en un organismo nacional.
El juez Busaniche impuso las condenas y ordenó que ambos permanezcan alojados bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia adquiera firmeza. La resolución no sólo clausura un foco de conflicto en Santa Rosa de Lima, sino que también ordena que el dinero decomisado sea destinado a la prevención y asistencia de adicciones, conforme lo establece la ley provincial vigente.
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