La Cámara de Diputados dio luz verde este martes al dictamen de la «Ley Hojarasca», una iniciativa del oficialismo impulsada por el equipo de Federico Sturzenegger para derogar más de 70 normas consideradas obsoletas. El proyecto, aprobado en un plenario de comisiones con el respaldo de La Libertad Avanza, el Pro y la UCR, propone un ordenamiento jurídico clave para simplificar la administración y dar certeza a la ciudadanía. Entre sus modificaciones, se excluyó de la lista la Ley 11.380 y se preservó la 20.959, que mantiene las credenciales de libre circulación para los legisladores.
El oficialismo dictaminó la llamada Ley Hojarasca en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados este martes. Esta iniciativa, un dictamen exprés, busca la derogación de normas consideradas obsoletas. Funcionarios del equipo de Federico Sturzenegger defendieron el proyecto como un «ordenamiento jurídico para dar certeza a ciudadanos y administración pública».
El dictamen de mayoría contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical. Además, sumó las firmas de los legisladores misioneros Daniel Vancsik y Alberto Arrúa, ambos del bloque Innovación Federal. Por su parte, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría firmado por los 23 vocales presentes, mientras que el interbloque Unidos aportó otro dictamen con 4 rúbricas.
Modificaciones
La redacción original, enviada por el Poder Ejecutivo, experimentó modificaciones significativas. La Libertad Avanza aceptó excluir de la lista de derogaciones la Ley 11.380 tras reclamos recibidos en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG. Asimismo, quedó sin efecto la derogación prevista de la Ley 20.959, norma que otorga la credencial o oblea de libre circulación a los legisladores nacionales.
Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y exdiputado radical por San Luis, afirmó que la iniciativa es «una necesidad para la certeza de los ciudadanos y qué normas les rige». Cacace señaló que, según su criterio, existe una «inflación legislativa» con «un millón de normas» entre decretos, leyes y DNU, y explicó que «miles de leyes quedaron en un limbo tras marcos anteriores».
Alcance
La propuesta de derogación se enfocaba inicialmente en más de 70 normas consideradas obsoletas. Entre las modificaciones implementadas, se excluyó la Ley 11.380 tras gestiones sectoriales y se preservó la Ley 20.959 para mantener la credencial de circulación destinada a los legisladores.
Adicionalmente, el dictamen oficialista estableció que no se avanzará con la eliminación de la financiación de los Círculos de Legisladores. En cuanto a la Federación Argentina de Municipios, se realizarán cambios de menor índole en la redacción, según consta en las actas del plenario.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que el proyecto estructura categorías para clasificar las normas obsoletas y que la decisión de preservar ciertas leyes respondió a reclamos puntuales presentados en comisiones especializadas.
Apoyos
El plenario contó con la defensa pública de funcionarios del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado y con la intervención del secretario Alejandro Cacace, quien comparó la iniciativa con digestos jurídicos anteriores. Cacace sostuvo que ordenar el sistema jurídico permitirá clarificar qué normas están vigentes.
En lo que respecta a la conformación de las comisiones, la Comisión de Legislación General, presidida por Santiago Santurio, designó al radical Diógenes González como vicepresidente 2° y a Lucía Cámpora como secretaria 2°. Por su parte, la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz, fijó a Graciela Parola en la vicepresidencia 2°, según las actas del plenario.
El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, explicó que el proyecto establece 6 categorías y señaló que la primera de estas sustituye marcos jurídicos antiguos por leyes nuevas para reducir conflictos y confusión normativa.
En el cierre del debate técnico, los impulsores defendieron el dictamen oficialista como un mecanismo de simplificación normativa dirigido a ciudadanos, poderes públicos y órganos de la administración.
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