El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba a Manuel Adorni, vocero presidencial, por presunta malversación de caudales públicos. La denuncia se originó a raíz del viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en un vuelo oficial con destino a Estados Unidos.
La decisión del magistrado se fundamentó en el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, quien concluyó que no se configuró ningún delito.
Origen de la denuncia judicial
La presentación judicial había sido interpuesta el 11 de marzo de 2026 por el abogado Gregorio Dalbón. El planteo cuestionaba el traslado de Angeletti a Nueva York en el avión presidencial, integrando la comitiva oficial que participó en el evento «Argentina Week». La sospecha radicaba en la posibilidad de que dicho viaje constituyera un beneficio personal financiado con recursos públicos.
Fundamentos del archivo de la causa
Tanto la fiscalía como el juez Rafecas coincidieron en que no se produjo un uso indebido de fondos estatales. La resolución se basó en dos ejes fundamentales: que el vuelo formaba parte de una misión oficial previamente autorizada y que la presencia de Angeletti no generó una erogación económica adicional para el Estado Nacional.
Investigación de la fiscalía
La investigación de la fiscalía recopiló una serie de documentos, que incluyeron informes de la Secretaría General de la Presidencia, manifiestos de pasajeros de los vuelos oficiales y reportes de gastos de la Jefatura de Gabinete, con sus respectivos resúmenes de tarjetas corporativas. Este material fue esencial para evaluar si existió o no un desvío de fondos públicos.
Se estableció que Bettina Julieta Angeletti no integró formalmente la comitiva presidencial. El Gobierno sostuvo que viajó como invitada del Poder Ejecutivo y que, para este tipo de traslados, no se requería un acto administrativo específico que habilitara su presencia en la aeronave oficial.
Asimismo, la resolución tomó en cuenta las características del avión presidencial ARG01. El informe técnico indicó que el Boeing 757-200 tiene capacidad para 39 plazas y que, en el tramo Buenos Aires-Miami, efectuado el 6 de marzo, viajaron solo 12 pasajeros. En el siguiente tramo, entre Miami y Nueva York, el número ascendió a 14.
Ausencia de gasto adicional
Un aspecto decisivo en la resolución fue el análisis de viáticos y alojamiento. El área jurídica de la Jefatura de Gabinete informó que no se registraron viáticos a nombre de Bettina Angeletti, ni consumos extra en la tarjeta oficial que pudieran vincularse a su presencia durante el viaje.
Las facturas de los hoteles en Miami y Nueva York fueron emitidas a nombre de Adorni y abonadas con tarjeta corporativa, correspondientes a habitaciones dobles sin cargos diferenciales. Este detalle fue interpretado por la fiscalía como una señal de que no se produjo un gasto adicional atribuible al traslado de la esposa del funcionario.
Además, se comprobó que, cuando Adorni regresó al país en un vuelo comercial el 14 de marzo, el pasaje abonado con fondos estatales fue únicamente el suyo, sin que la agencia estatal adquiriera un ticket a nombre de Bettina Angeletti.
Postura de Rafecas y reacción oficial
El archivo de la causa se fundamentó en la falta de impulso fiscal. Fuentes judiciales sintetizaron el criterio señalando que, sin una acusación sostenida por la fiscalía, no quedaba otra alternativa que cerrar el expediente.
La fiscal Mangano estableció una definición central: el uso cuestionado de la aeronave presidencial se dio dentro de una misión oficial debidamente autorizada y no se detectó un desvío del propósito original de los fondos públicos. Esta conclusión fue la base sobre la que Rafecas selló la decisión.
Tras conocerse el fallo, Adorni publicó una captura de la resolución en sus redes sociales, acompañándola con el mensaje: «El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin». Poco después, el presidente Javier Milei compartió ese mensaje y agregó: «esto empieza a ponerse lindo».
El frente judicial de Adorni permanece abierto
A pesar del archivo de esta causa, la situación judicial de Adorni no ha quedado completamente despejada. Según se detalla en el expediente, el juez federal Ariel Lijo concentra otras dos investigaciones que lo involucran.
Una de esas causas indaga sobre la posible comisión de un delito en un viaje familiar a Uruguay y en el vínculo entre Adorni y el periodista Marcelo Grandío. La otra, y la de mayor avance hasta el momento, apunta a un presunto enriquecimiento ilícito a partir del crecimiento patrimonial del funcionario desde su llegada al cargo.
De esta manera, el juez Daniel Rafecas cerró un expediente sensible para la Casa Rosada, pero el vocero presidencial Adorni continúa bajo observación en otros dos procesos que siguen en manos de la justicia federal.
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