El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de Santa Fe realizó la audiencia central en el proceso contra el juez penal de Reconquista, Mauricio Martelossi, investigado por presunta mora judicial y decisiones controvertidas en prisión preventiva, destacándose la libertad de un imputado luego acusado de un homicidio. La acusación solicitó su remoción del cargo, mientras la defensa negó un mal desempeño y reclamó su continuidad.
Enjuiciamiento a un Juez en Santa Fe: Un Debate sobre Moras y Prisiones Preventivas
El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de Santa Fe celebró este martes 21 de abril la audiencia de vista de causa en el proceso disciplinario contra el juez penal de Reconquista, Mauricio Martelossi. Su enjuiciamiento se originó a partir de una serie de cuestionamientos relacionados con demoras en causas judiciales y decisiones adoptadas en materia de prisión preventiva.
El detonante institucional del proceso fue una resolución dictada en marzo de 2025 por el magistrado, mediante la cual dispuso la libertad con restricciones de Joaquín Carrizo. Semanas después de esta decisión, Carrizo fue acusado del homicidio de un remisero en Reconquista. Este episodio motivó la denuncia presentada por funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial y el subsiguiente inicio del proceso de jury.
Durante la audiencia, el tribunal —integrado por ministros de la Corte Suprema, legisladores y representantes de la abogacía— escuchó al procurador general Jorge Barraguirre, quien encabezó la acusación, y a la defensa del magistrado, a cargo de los abogados Néstor Oroño y Antonela Cardozo.
Demoras y Decisiones Cuestionadas: Los Ejes de la Acusación
Barraguirre estructuró su exposición en dos ejes principales: demoras en la fundamentación de resoluciones y errores en la aplicación del derecho al resolver medidas cautelares.
En relación con el primer punto, el procurador sostuvo que se detectaron diez casos con demoras de entre 20 días hábiles y hasta ocho meses para expresar los fundamentos de sentencias dictadas tras juicios orales. Esta situación fue calificada como «dilaciones injustificadas de extrema gravedad». Barraguirre recordó, además, que Martelossi ya había sido sancionado por la Corte Suprema en 2018 por situaciones similares, lo que, según su planteo, evidencia reiterancia. «Estamos frente a un caso dramático que combina mora, reiterancia y razonamientos incorrectos», afirmó.
En el segundo bloque de la acusación, se cuestionaron seis resoluciones vinculadas a la prisión preventiva, en las que se atribuyó al magistrado una incorrecta valoración de los riesgos procesales y los antecedentes de los imputados. Entre estas decisiones, se destacó el caso Carrizo, al que se vinculó directamente con el origen del proceso disciplinario.
La Defensa Pide el Rechazo de la Acusación
Al responder, el defensor Néstor Oroño solicitó el rechazo de la acusación y que no se disponga la remoción del magistrado, abogando por su continuidad en el cargo.
«Que no se utilice esta herramienta para destituir a un juez honesto y trabajador sobre el cual no pesa ningún hecho de corrupción», sostuvo Oroño, al tiempo que advirtió que no se puede sancionar a un juez por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales.
La defensa relativizó el alcance de las demoras señaladas, indicando que representan 11 casos sobre más de 3.300 resoluciones dictadas por el magistrado a lo largo de su desempeño. También subrayó que no se registraron prescripciones ni perjuicios concretos derivados de esas situaciones.
En cuanto a las decisiones sobre prisión preventiva, la defensa las encuadró dentro de un ámbito de interpretación jurídica razonable, sujeto a criterios variables y revisables por instancias superiores, lo que —según Oroño— no puede ser considerado causal de destitución.
Definición Pendiente en el Tribunal de Enjuiciamiento
Concluida la audiencia de vista, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de Santa Fe deberá ahora analizar si los hechos atribuidos configuran causales de remoción por mal desempeño o si, como plantea la defensa, se trata de situaciones que no justifican la máxima sanción prevista para un magistrado.
La decisión final, que deberá expedirse en los próximos diez días hábiles, marcará el desenlace de un proceso que pone en discusión no solo la actuación de un juez en particular, sino también los alcances del control disciplinario sobre la función judicial.
El tribunal se encuentra integrado por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Margarita Zabalza, Jorge Baclini y Rubén Weder; y el camarista penal de Rafaela, Matías Drivet —en reemplazo del ministro Eduardo Spuler—. Lo completan los legisladores Rodrigo Borla —por el Senado— y José Corral —por Diputados—; y dos representantes de los colegios de abogados: Lucas Rey Castro —por el Colegio de Venado Tuerto— y Héctor Ferrero —por el Colegio de Rafaela—.
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