Foto:Gentileza
“De esta manera estamos ayudando a resguardar y preservar la salud humana, el ambiente y los recursos naturales de la contaminación generada por las pilas, además de propiciar su tratamiento, clasificación y el reciclado o la disposición final en lugares de eliminación de residuos peligrosos. También se impulsa el uso de baterías recargables, y concientizar sobre la importancia de su correcto descarte”, explicó Di Stefano.
Con la nueva ley, los consumidores tienen que separar las baterías de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección, y seguir las instrucciones de manejo seguro, pero también se imponen obligaciones para quienes las fabriquen o las vendan.
“Aunque las pilas constituyen un muy bajo porcentaje de la composición de los residuos sólidos urbanos son, junto a los aparatos eléctricos y electrónicos, las que aportan mayor peligrosidad”, señaló la legisladora del bloque de la UCR, presidido por Maximiliano Pullaro.
“Este proyecto busca evitar que los residuos de pilas sean desechados junto a los domiciliarios con el fin de impedir que los mismos contaminen el medio ambiente y que ingresen a un circuito de recolección y tratamiento diferenciado”, propuso.
Quedan alcanzadas por las disposiciones las pilas eléctricas de uso común (AA, AAA, AAAA, C, D, N, prismáticas 9V), y de tipo botón, tanto no recargables como recargables.
Responsabilidad extendida
Otra parte novedosa de la ley, es que extiende la responsabilidad a los productores o comercializadores de pilas. El programa establece que quienes las fabriquen e importen, deben elaborar y ejecutar programas de gestión de pilas en desuso, con la finalidad de reducir al mínimo su peligrosidad y de evitar su eliminación con los residuos urbanos.
En ese marco, toda persona que produzca o importe pilas eléctricas comercializadas en la provincia deberá presentar un programa de gestión de baterías en desuso, y asumir la responsabilidad de recolección.
En tanto, deberán disponer envases recolectores en sus locales comerciales, y cumplir con las obligaciones que le sean específicamente asignadas por la autoridad de aplicación que será el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia.
Además, se crea una Comisión de Asesoramiento, compuesta por el Ministerio y conformada por investigadores científicos, representantes de organizaciones ambientalistas, sociales, no gubernamentales (ONGs), de defensa del consumidor, organismos ambientales provinciales y municipales, y Universidades Nacionales con sede en la provincia.
El proyecto también es acompañado por Pullaro, Sergio Basile, Juan Cruz Cándido, Silvia Ciancio, Fabián Palo Oliver, Marcelo González, Georgina Orciani, y Jimena Senn.
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