Hasta fines de 2022, la provincia de Santa Fe y los contratistas de obra lograron salvar el desafío de la inflación con un sistema “en emergencia” de redeterminación de costos, para que los pagos de certificados -sobre los trabajos ya realizados- no significaran un quebranto para las empresas. La situación, sin embargo, ha escalado en el marco de la crisis macroeconómica.

Hasta abril, el costo de la construcción -según el Indec- fue 113,4% interanual, 7,8% mensual y 27,3% en lo que va del año. En la ciudad de Santa Fe, (datos del Ipec) para los costos de construcción de viviendas los números no difieren: 111,5%, 7,3% y 26,2%, respectivamente.

Si se miran los recursos públicos, el total de las transferencias nacionales a las provincias cayó a valores reales 27,9%, mientras que los gastos de capital (básicamente obra pública) retrocedieron 26%. Son datos oficiales de la Oficina de Presupuesto del Congreso nacional, que trabaja sobre lo “devengado”, es decir contratos firmados que no siempre significan pagos ya efectuados. Si se miran las “cajas”, el resultado puede ser peor.

El esfuerzo del equipo económico de Nación por ajustar el gasto (incluye postergar pagos), se siente en obras del vecindario santafesino. Es el problema que ya han evidenciado los trabajos de la circunvalar ferroviaria (los chinos esperan no ser los únicos inversores) o en la ampliación de la planta potabilizadora.

En ese contexto, fuentes de la Cámara Argentina de la Construcción -delegaciones de Santa Fe y Rosario- reconocieron la convocatoria del ministerio de Infraestructura de la Provincia, la cartera a cargo de Silvina Frana. El diálogo persiste, incluso con las empresas -una a una- pero las cuentas ahora ya no cierran.

Si las arcas santafesinas carecen de un horizonte de previsibilidad, las de las empresas están aún más expuestas. Con obligaciones ya vencidas, las Pymes no tienen herramientas financieras para afrontar la dilación de sus cobros. La tasa de política monetaria -efectiva anual- del BCRA es del 158,4%; el financiamiento bancario es un suicidio financiero.

Desde el sector de los constructores sugieren que -como viene sucediendo desde hace décadas- en la emergencia se toman medidas de austeridad que “confunden” gasto con inversión, lo que pone a la obra pública como “primera víctima del ajuste”, sin que se proyecten los exponenciales involutivos que suponen paralizar a la “madre de las industrias”.

Santa Fe proyectó y licitó -en los cálculos de Camarco- gastos de Capital para 2023 por unos 0 mil millones. No hay certezas de cuál será ahora el alcance del ajuste que también inquieta a la Unión Obrera de la Construcción, a proveedores de materiales e insumos, talleres y muchos otros rubros conexos, ninguno exento de los efectos de la coyuntura.

Impacto social y financiero

La alternativa de cancelaciones de nuevas obras (los presupuestos no cubren los costos) o paralización de las ya existentes, es parte del dilema de hierro de la crisis. Sólo de las Pymes contratistas de obra pública dependen 16.000 empleos directos (hay 44 mil en total en Santa Fe si se suman las obras privadas) en toda la provincia. En la experiencia de anteriores procesos inflacionarios e hiperinflacionarios, al costo social se agrega eventualmente un impacto negativo en quebrantos empresarios y en cuentas públicas sometidas a demandas.