Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron este martes 12 de marzo las evidencias que el Ministerio Público Fiscal (MPF) pudo recabar respecto de tres de los seis hechos que se investigan para determinar si existió el pago de coimas al entonces gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, a exfuncionarios de la provincia durante sus gestiones, primero como ministro de Gobierno del fallecido gobernador Jorge Busti, y luego como gobernador en dos períodos.

Durante tres largas horas, los fiscales detallaron puntillosamente una mínima parte de los mails y documental que obtuvieron de los allanamientos que se realizaron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en las oficinas de la empresa Relevamientos Catastrales SA, propiedad del empresario de nacionalidad paraguaya Diego Armando Cardona Herrero, quien junto a Urribarri, están imputados del delito de Negociaciones incompatibles con la función pública por el favorecimiento de la firma en la licitación para adquirir un sistema de software para la Administración Pública provincial. Los fiscales sostienen que, a partir de la amistad entre el exgobernador y el empresario, se gestó una mesa de dádivas, coimas, retornos o sobornos, para que funcionarios entrerrianos adelantaran información privilegiada de las licitaciones, dejando a la empresa cuestionada en ventaja respecto de otros oferentes.

Como cuestión previa, las defensas dejaron planteado que no consentirían ninguno de los hechos que se imputan, fundando el planteo en que aún están pendientes de resolución distintos incidentes, planteos de sobreseimiento y de Suspensión del juicio a prueba, señalando incluso que hay uno pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las defensas entienden que la resolución de aquellos planteos podría modificar la situación de otros coimputados.

La audiencia se realizó ante el juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, quien ya rechazó los pedidos de Suspensión del juicio a prueba de Cardona Herrero, y el sobreseimiento del imputado Guillermo Smaldone. Participaron además de los fiscales, la defensa de Urribarri, a cargo de Raúl Barrandeguy y Miguel Cullen; de Humberto Flores, en manos de Julio Federik y Leopoldo Lambruschini; de Carlos Haidar, a cargo de Juan Méndez y Candelario Pérez; Smaldone, que lleva adelante su propia defensa; de Cardona Herrero, a cargo de Ignacio Díaz y José Velázquez; la de Miguel Ángel Ulrich, a cargo del defensor público Gaspar Reca; y la de Luis Alfonso Erbes, en manos de Andrés Bacigalupo.

Los fiscales leyeron una serie de mails en los que, entienden, se corrobora que había una mesa en la que se acordaban las dádivas a cambio de favorecer a la empresa de Cardona Herrero. Incluso, los fiscales sostienen que no solo era favorecerla con información privilegiada de las licitaciones, sino que comprendía un asesoramiento en cómo evadir los mecanismos de contralor de la Administración Pública. Fiscalía sostiene que los hechos comenzaron a perpetrarse en 2007, cuando Urribarri era ministro de Gobierno.

Los mails exhibieron que desde Relevamientos Catastrales SA se compró una notebook, un Ford Focus, se pagó viajes en vuelos de primera clase y hasta entradas para ver al Cirque du Soleil, que habrían beneficiado a Urribarri y algunos de sus familiares. Incluso, se señaló que, en 2010, Urribarri realizó el primer viaje a Paraguay, luego realizó otros más, y que un hijo lo hizo en 2011.

APODOS Y SIGLAS

Los fiscales sostuvieron que tuvieron mucho trabajo para analizar los miles de mails puesto que se utilizaban apodos o siglas para referirse a determinada persona. Así, expusieron que Urribarri era mencionado como El Pato, Amigo, el Jefe, el número uno o por la sigla SDU. Añadieron que Herbes era El Ruso; Haidar el Turco; Laporta El Negro. Respecto de Cardona Herrero, señalaron que se lo mencionaba por las siglas DACH o DAC.

Fiscalía presentó la evidencia que corresponde a la licitación original y a una adenda o prórroga de aquella licitación que se realizó, según los fiscales, sin ningún interés público y sí con el de sustraer dinero de las arcas públicas para beneficio personal de los imputados. En este sentido, se señaló que una hoja con los movimientos del proceso de prórroga de la licitación expuso que todos los pasos que se exigen para acceder a la licitación fueron realizados en el mismo día: el 31 de diciembres de 2009, día de asueto administrativo por Decreto del Poder Ejecutivo provincial. Añadieron que Urribarri estaba en Concordia y Cardona Herrero en Santiago del Estero. Asimismo, resaltaron que la fecha real de la firma fue en abril de 2010. Los fiscales destacaron que era normal que funcionarios viajaran a Buenos Aires, a las oficinas de la empresa Relevamientos Catastrales SA, a recibir el pago de los sobornos.

A Urribarri se le atribuyó que en su calidad de ministro de Gobierno primero, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con quien lo unía una estrecha relación de amistad, se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos”.

En este hecho habría participado como vínculos con Cardona Herreros, los funcionarios Haidar, director de Informática; Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; Laporta, secretario Legal y Técnico; Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y Flores, secretario de Hacienda de la Provincia. Además, a Urribarri y Haidar se les endilgó una “adenda” consistente en “la falsificación de las fechas en los actos administrativos mencionados permitió que la prórroga de ocho meses, se compute a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la prórroga de la contratación se había comenzado a gestionar en enero 2010; logrando así la empresa y los funcionarios intervinientes, percibir ganancias por meses que no implicaron contraprestación alguna”.