El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, expuso este miércoles ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación para respaldar un proyecto de ley impulsado por la diputada Gisela Scaglia que busca dotar a las provincias de nuevas herramientas legales para asumir la persecución del narcomenudeo y el microtráfico. Durante su presentación, el funcionario santafesino defendió la experiencia provincial en la materia y aseguró ante los legisladores nacionales que la intervención local en la venta barrial de estupefacientes resultó clave para reducir drásticamente los índices de violencia y homicidios en la ciudad de Rosario.
La Comisión de Legislación Penal analiza la ley de narcomenudeo
Este miércoles, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación recibió al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien expuso sobre el proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Gisela Scaglia para ampliar las competencias provinciales en materia de estupefacientes. Del cónclave también formaron parte los integrantes del cuerpo legislativo, entre ellos el diputado nacional santafesino Pablo Farías.
La iniciativa busca dotar de nuevas herramientas a aquellas jurisdicciones que decidan adherir, permitiéndoles intervenir en casos de narcomenudeo y microtráfico que, de otro modo, quedarían bajo la órbita de la Justicia Federal.
La experiencia de Santa Fe en la lucha contra el microtráfico
Durante su exposición, Pablo Cococcioni subrayó la trayectoria de la provincia de Santa Fe y la incorporación de la persecución del microtráfico como un eje central del plan de seguridad que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro.
«La Provincia de Santa Fe ha tomado la política de microtráfico como una herramienta en la lucha contra el delito y la violencia. La venta barrial de estupefacientes está ligada en muchos casos a los homicidios, a la circulación de armas de fuego y al desempeño de bandas criminales que se disputan territorio», sostuvo el funcionario.
Asimismo, el ministro advirtió sobre los riesgos de las divisiones jurisdiccionales: «Cuando por alguna cuestión técnica una causa pasa a la Justicia Federal, se pierde la integralidad de esa investigación y perdemos la oportunidad de tener una herramienta para pacificar». En la misma línea, vinculó directamente los resultados obtenidos en el distrito con la baja de delitos: «Para nosotros, haber podido reducir dos tercios de la violencia y los homicidios en la ciudad de Rosario tiene que ver directamente con la posibilidad de perseguir el microtráfico a nivel local».
Una herramienta clave para las jurisdicciones
Por su parte, Gisela Scaglia explicó que el proyecto «tiene como objetivo aumentar las competencias de una provincia en materia de estupefacientes, sobre todo en la ley de microtráfico», lo que permitiría evitar baches legales y zonas grises entre jurisdicciones.
«Necesitamos esta ley para poder hacernos cargo. Es una herramienta a la que las provincias después tendrán que adherir, no es obligatoria para nadie», enfatizó la legisladora nacional, al tiempo que destacó el interés de su distrito en profundizar el combate contra la comercialización minorista de drogas y respaldar la estrategia de seguridad local.
Finalmente, Gisela Scaglia concluyó que ampliar las facultades de intervención provincial posibilitará abordar problemáticas que hoy se ven limitadas por cuestiones de competencia. «Es una herramienta muy importante, por eso estamos dando esta pelea en la Cámara de Diputados y esperamos que sea ley», sentenció.
