Como Uber y Maxim

El pedido de aumento de los taxistas en Rosario volvió a poner en agenda la regulación de las aplicaciones

El proyecto oficial que ingresó al Concejo propone darle un marco legal a las apps que se encuentran vigentes y poder controlar su funcionamiento con requisitos específicos. Además, obligaría a que firmas internacionales deban amoldarse a la nueva legislación mediante habilitación municipal.

05-05-2022 | 9:19 |

Foto:Gentileza

Ignacio Pellizzón | [email protected]

 

Mientras el Concejo debate si aumenta entre un 30% y 40% la tarifa de taxis, el municipio envió un proyecto para regular las aplicaciones de movilidad. La idea es que todas las apps de taxis y remises puedan estar bajo la lupa del Estado local y mejorar el control sobre los servicios que se prestan.

 

Además, obligaría a que las firmas multinacionales como Uber y Maxim deban encuadrarse bajo esta nueva legislación, en el caso de que se apruebe.

 

Son tiempos de aplicaciones en el mundo y Rosario no está exenta. Algunas referentes como Movi Taxi o She Taxi funcionan desde hace tiempo y con una buena cantidad de usuarios. Con la iniciativa, el municipio busca que todas aquellas aplicaciones que operen en la ciudad puedan estar controladas y reguladas.

 

 

 

 

 

Según expone el proyecto, se pretende desarrollar un registro de aplicaciones móviles, software y plataformas digitales de vinculación para el despacho de viajes de los servicios de transporte onerosos de personas (taxis y remises), en el que deberán inscribirse todas aquellas aplicaciones móviles, sistemas, plataformas, software que se encuentren autorizados por la autoridad de aplicación para brindar el servicio de despacho de viajes “por medio de los vehículos habilitados por la Municipalidad”.

 

Esto regiría para todas las apps que vinculen la oferta con la demanda del servicio de los autos de alquiler. También la legislación busca que quienes quieran trabajar con las aplicaciones tengan que tramitar y obtener una autorización del Palacio de los Leones para demostrar que operan de forma habilitada, caso contrario percibirán multas y sanciones severas.

 

La regulación en profundidad

 

Un detalle clave del proyecto es que cada taxi y remís deberá contar con al menos un servicio digital de despacho de viajes mediante alguna aplicación debidamente autorizada y registrada ante la autoridad de aplicación, y no podrá generar ningún cargo adicional para los usuarios.

 

Otro de los requisitos es que en cada aplicación deberá figurar un módulo o aplicación para el chofer, otro para el pasajero y otro para la administración. También, se deberá garantizar que quienes figuran como choferes sean quienes estén autorizados y habilitados para prestar el servicio. E, inclusive, deberá contar con una funcionalidad que permita registrar los viajes rechazados y la calificación de los pasajeros.

 

 

 

 

Otro aspecto a resaltar y que ya funciona en las apps vigentes, es que cada una tendrá que permitirle solicitar un viaje “habilitando la posibilidad de indicar conductor, vehículo y/o género de la conductora o conductor”.

 

En la ordenanza figura que los usuarios tienen que poder acceder al costo estimado del viaje antes de proceder a la solicitud del mismo, tiempo estimado de espera y de viaje, así como visualizar en un mapa la proximidad del vehículo solicitado.

 

La aplicación debe permitirle al pasajero conocer los datos del chofer, fotografía, número de chapa, permiso y datos del vehículo. Y contar con una funcionalidad que permita compartir información del viaje con el objetivo que otras personas puedan visualizar el recorrido en tiempo real.

 

En cuanto a los medios de pago se deberá poder abonar con tarjetas de crédito y débito, además de cualquier otra tecnología de pago que pueda complementar a las anteriores. Y también calificar el servicio y dotar a la plataforma de un botón de pánico.

 

Toda la información que produzcan estas plataformas deberá estar a disposición del Ejecutivo y se le permitirá ceder datos al Ente de la Movilidad, siempre garantizando la protección de datos personales.


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