Se realizaron los primeros operativos del programa Intervención Barrial Focalizada (IBF), una iniciativa conjunta de los ministerios de Justicia y Seguridad y de Igualdad y Desarrollo Humano; el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Municipalidad de Rosario e instituciones de la sociedad civil. El objetivo es reducir la violencia y la criminalidad en los barrios más conflictivos de Rosario mediante una combinación de medidas de seguridad, sociales y urbanísticas.

En ese marco el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, y el secretario de Política Criminal y Derechos Humanos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gustavo González, brindaron detalles del trabajo realizado en zona de José Ingenieros al 8500.

En la oportunidad, Cococcioni detalló que “el objetivo fundamental es intervenir de manera muy focalizada en sectores donde se considera que hay circulación de violencia altamente lesiva, ligado a factores estructurales cuya resolución supera las capacidades de la mera intervención policial y punitiva y requiere de otros elementos del Estado y de los distintos estamentos estatales y no estatales”.

Respecto a los allanamientos dijo que fueron “30 en distintos puntos de la ciudad de Rosario, no solamente en este barrio. Y también hubo requisas en las cárceles. De aquí en más, deberán avanzar las investigaciones”.

“Esta IBF tiene una etapa de planificación, que en nuestro caso lleva casi dos meses con todas las instituciones involucradas; una etapa de ejecución, que comenzó hoy con distintos segmentos en función de las distintas intervenciones que se van dando; y una etapa de monitoreo y evaluación de resultados, en función de eso se va definiendo cómo sería futuro el territorio”, agregó el ministro.

“En el caso puntual de hoy -explicó Cococcioni- hicimos binomios de caminantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) y un patrullaje acompañando a la Unidad Regional II, intervenciones posteriores a las que pueda dar lugar los eventuales secuestros que se produzcan en los allanamientos que quedarán en la órbita investigativa del MPA y una serie de intervenciones sociales, urbanísticas, de las áreas de Niñez, para un poco abordar la complejidad del entramado social”.

Por último, el ministro de Seguridad afirmó que “no trabajamos sobre la idea de que hay un barrio mejor o peor que otro, sino de que hay de manera asociada indicadores de circulación de violencia altamente lesiva, concomitantemente con factores estructurales cuya resolución excede la mera herramienta punitiva. Existen indicadores objetivos que dan cuenta de la necesidad de una intervención diferenciada. Nos vamos a quedar de manera sostenida hasta revertir con indicadores objetivos esos factores asociados a la circulación de violencia”.

Trabajo articulado

En tanto, Chale destacó que la participación de la municipalidad en estos operativos tiene un “contenido orientado al mantenimiento urbano. Nuestro propio diagnóstico de esta zona daba cuenta que aquí tenemos que recuperar mucho mantenim

iento de espacios públicos y comunes, como las veredas. Cuestiones muy elementales a resolver en muy corto plazo”.
“También, junto con Provincia, estamos presupuestando y planificando algunas inversiones que son más estructurales, de más tiempo y de mayor monto. Son obras de fondo que necesita este sector de la ciudad y que, por supuesto, deben hacerse a la par de estas intervenciones”, finalizó el secretario de Gobierno de Rosario.

Por último, González resaltó que “la intervención del Ministerio Público está directamente vinculada con un plan estratégico que viene desarrollando la Fiscalía General de abordaje de las violencias altamente lesivas, teniendo como criterios la focalización y la territorialización de esas dinámicas a nivel de las principales urbes de la provincia”.

En ese sentido, el secretario del MPA subrayó como innovadora “la participación de una agencia del Poder Judicial, que históricamente se ha mantenido al margen de las intervenciones o articulaciones con las otras áreas del Estado. Hay una concepción que la persecución penal tiene sus límites en términos de una variable para incidir en la disminución de la violencia y, por lo tanto, es necesario articular con las otras áreas del Estado para las incidencias en las variables de carácter urbanos y sociales”.