Ante la ola de robos de materiales metálicos y bronce, del cual el propio Monumento a la Bandera fue víctimas, el Concejo decidió darle luz verde a la ordenanza que adhiere a la ciudad a la ley provincial sobre comercialización de materiales no ferrosos, con el objetivo de llevar un control más exhaustivo de las operaciones que se hacen en chatarrerías.

La medida se aprobó este jueves y se acordó en unanimidad. Es que la denuncia de vecinos y vecinas de Rosario ante el boom de robos viene creciendo de manera sostenida y las chatarrerías ilegales son las principales compradoras de estos materiales.

Inclusive, la propia empresa Aguas Santafesinas tuvo que comenzar a instalar medidores de plástico por la cantidad de servicios saboteados que dejan quienes abren los gabinetes para robar las piezas metálicas.

“Están siendo parte de una cadena de comercialización que provienen del delito. La ley apunta a poder regular esta actividad para tener mayor control desde las áreas municipales”, sostuvo la concejala de Ciudad Futura, Caren Tepp.

Por su parte, el edil de Arriba Rosario, Fabrizio Fiatti, manifestó: “Se busca detectar la legalidad de las operaciones y saber cuáles son los proveedores de los establecimientos. Es una herramienta más para tener un mayor control de este mercado delictivo, que azota a instituciones, colegios o clubes”.

Cabe recordar que fue el propio Ejecutivo quien le solicitó al Concejo la aprobación de la normativa. En la solicitud se detalló que la Intendencia "viene realizando un trabajo valioso sobre estos establecimientos" y que la actual gestión clausuró 62 chatarrerías y además elevó a la justicia provincial 31 denuncias penales sobre los titulares de estos locales, que surgieron a partir de la verificación de reiteradas violaciones de clausura constatadas por los inspectores municipales.

Qué se aprobó
En concreto, la ordenanza establece que quienes comercialicen materiales no ferrosos deberán identificar a los vendedores a través de un registro en el que se acredite documentación de cada uno.

El objetivo es enfocarse en operaciones que involucren cables de telefonía o iluminación, materiales de bronce, o cobre, que vienen siendo el objetivo de ladrones en distintos puntos de la ciudad.

A su vez, se establece que la documentación deberá ser requerida en los casos donde las operaciones sean por un importe equivalente a 600 módulos tributarios, y deberán bancarizarse aquellas equivalentes a dos mil módulos tributarios.

Además de crear el registro, la iniciativa establece que los comercios e industrias que comercialicen este tipo de metales deberán cumplimentar la inscripción al registro como paso previo a la habilitación municipal y se dispondrá de mecanismos de control de la actividad.