El intendente Pablo Javkin y el ministro de Gobierno e Innovación Pública provincial, Fabián Lionel Bastía, firmaron un convenio marco de colaboración entre la Municipalidad de Rosario y la Provincia de Santa Fe para desarrollar trabajos de manera conjunta y coordinada a fin de posibilitar la prevención de la actividad delictiva vinculada con la sustracción de automotores.

En la ocasión, Javkin señaló: “Primero quiero enmarcar algo muy importante para nosotros, que es la presencia permanente de trabajo con el gobierno provincial en la ciudad. Una definición que tomó el gobernador y que desde el primer día venimos avanzando en cada una de las áreas de gobierno, particularmente en las que tienen que ver con recuperar el espacio público y la paz en la ciudad de Rosario”, para seguidamente agregar: “Esta es una acción clave porque una cosa es la informalidad de procedimientos fiscales que tiene el trabajo de las chatarrerías, y otra cosa es la actividad criminal que se esconde detrás de la figura de este rubro, que es un rubro que en su actividad legal tiene un método de trabajo y que es histórico, pero que hoy, bajo el disfraz de este rubro, hay actividad ilegal delictiva plena, que tiene que ver con reducir lo que a miles de vecinos les sucede cotidianamente: robo de cable, robo de luz, las piezas de bronce que tiene un pequeño artefacto, un portero”.

“Estamos totalmente convencidos que este golpe a ese delito no se da solamente en la cotidianidad de lo que sucede en la casa de un vecino, sino más bien que la efectividad está dada por cómo las organizaciones ilegales que compran, acumulan, reducen y funden lo que ahí se roba, operan”, remarcó el titular del Ejecutivo local, y completó: “Esa convicción común es la base de este convenio que hace lo que siempre hay que hacer, separar la paja del trigo, lo bueno de lo malo, darle trazabilidad a todo lo que es la actividad legal del rubro y ser implacables con todo lo que se esconde en una economía criminal atrás de las chatarrerías”.

A continuación, el intendente consideró: “Es un problema serio y es un problema que complica mucho la cotidianeidad del vecino, no a lo mejor en hechos violentos, pero sí en quedarse sin luz, quedarse sin agua, quedarse sin la posibilidad de ser llamado por teléfono, entonces sí complica mucho la cotidianeidad, y más allá de la persecución obviamente prioritaria a los delitos violentos, este es un delito para nosotros muy grave en la vida cotidiana de la gente y es ahí donde queremos poner el foco”, y concluyó: “Obviamente es un trabajo que coordinamos con el Ministerio Público Fiscal que venimos haciendo, tenemos más de 40 intervenciones sobre chatarrerías, tiene que ver con los horarios, tiene que ver con un montón de información que hoy tenemos y este es un convenio que nos permite avanzar”.

Por su parte, Bastía manifestó: “Para nosotros es muy importante la firma de todos los convenios, pero especialmente el que tiene que ver con este control de las chatarrerías con lo que significa atacar, ir hacia un problema, no hacia un trabajo ni una actividad comercial, sino atender un problema que existe, una realidad que existe y que tiene que ver con el delito y que tiene que ver con algo que todos han diagnosticado y conocemos porque hay legislación al respecto sobre el robo de cables”.

“Cometer un ilícito no necesita ninguna especialidad, entonces acá estamos saliendo del diagnóstico y de muchas cosas que se conocen, que normalmente y habitualmente se comentan, y vamos a los hechos y a la acción. Celebramos un convenio con la municipalidad en el marco de lo que tiene que ser, hacerse cargo de los problemas, abocarse a situaciones que generan sólo dificultades a los vecinos, pero tenemos que salirnos de hacer oídos sordos o no ver y dejar al amparo a quienes cometen actividades criminales”, remarcó el ministro, para luego aseverar: “No hay posibilidad de que exista robo en los transformadores, en los cables, en el cementerio, en los edificios, en ningún lado, si no hay quien compre, si no hay reducción de ese material que ha sido obtenido de manera ilegal, criminal y muchos manchados con sangre. Es doloroso decirlo”.

Para cerrar, el funcionario subrayó: “Como se dijo, nada que sea hecho legalmente y la actividad comercial que libremente desarrolla cualquier ciudadano, va a ser molestada. Los que tengan que ver con el crimen, se tendrán que hacer cargo. Los que le compran a los ladrones, se tendrán que hacer cargo. Los que son cómplices y parte de la cadena delictiva, se tendrán que hacer cargo”.

Detalles del convenio

El convenio establece un trabajo conjunto y coordinado a fin de posibilitar el logro de los objetivos trazados por la Ley Provincial Nº 12.243, Ley Provincial Nº 14.191 y la Ley Nacional Nº 25.761, en orden a la prevención de la actividad delictiva vinculada con la sustracción de automotores.

Las partes se comprometen, entre otras actividades que se pudieran convenir en el futuro, a:

Facilitar inspectores para las tareas de control y fiscalización de desarmaderos de automotores, chatarrerías y comercios de compraventa de repuestos usados, cuyo registro corresponde al RE.DE (Registro Provincial de Desarmaderos de automotores, chatarrerías y comercios de compraventa de repuestos usados).

Elevar al RE.DE copias de actuaciones administrativas que realice personal municipal con los desarmaderos de automotores, chatarrerías y comercios de compraventa de repuestos usados.

La Provincia se compromete a realizar tareas de capacitación del personal municipal.

Realizar tareas de difusión sobre el correcto funcionamiento de desarmaderos, chatarrerías y comercios de compraventa y de los mecanismos de denuncias que existen en la Municipalidad y la Provincia.

Por su parte, la provincia se compromete a realizar tareas de capacitación del personal municipal, a los efectos de proceder a una correcta tarea de fiscalización y control en la materia.​ Y realizar en conjunto tareas de difusión sobre el correcto funcionamiento de desarmaderos de automotores, chatarrerías y comercios de compraventa de repuestos usados.

Presentes

Además, estuvieron presentes el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza; el secretario de Gobierno Municipal, Sebastián Chale, y la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, Carolina Labayrú.