El gremio de estatales ATE convocó a una medida de fuerza frente a la delegación regional del instituto. Su eliminación provocará el despido de 60 trabajadores entrerrianos. La disposición fue informada por el vocero presidencial.
Luego de que se anunciara el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, la seccional entrerriana de ATE realizó una protesta frente a la delegación provincial radicada en Paraná. La medida de fuerza fue en la jornada del viernes 22 de marzo en la que se realizaron diversas actividades, entre ellas un micrófono abierto y colocación de cartelería.
El cierre de este instituto, que fue creado en 2022 mediante la Ley N° 27.118, afecta a 60 trabajadores de la provincia que, si bien aún no recibieron la carta de despido, ya se encuentran informados al respecto por los dichos del vocero presidencial el pasado martes 19 de marzo. En un contexto social y económico complejo y difuso, el despido de trabajadores en función de la “reducción del Estado” supone una gran problemática.
ATE, mediante un comunicado publicado este viernes, sostiene que el “intento de retirar al Estado nacional del territorio entrerriano es un ataque directo a los habitantes de la provincia y cada una de las localidades”. Para eso convocó tanto al gobierno provincial como a las y los intendentes de las distintas ciudades entrerrianas a pronunciarse “en defensa de los habitantes de nuestra provincia”.
La función principal del instituto tiene que ver con “entender en el diseño, propuesta, coordinación, elaboración y ejecución de políticas, planes y programas que atiendan las necesidades y fomenten el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal”. Además, el objetivo es “impulsar la formalización, modernización, tecnificación, complementación y diversificación de la economía relacionada con el sector productivo”.
En la provincia, el instituto se encargó de acompañar a productores locales en la Emergencia Agropecuaria declarada en 2023 producto de las fuertes sequías provocadas por el fenómeno La Niña. De esta manera, facilitó el ingreso a productores del sector al diferimiento y exenciones impositivas propuestas por el gobierno provincial.
El cierre del instituto supone la eliminación de este acompañamiento ante probables situaciones de emergencia en relación al agro, sobre todo entendiendo que en los últimos días expertos del INTA indicaron una probable vuelta del fenómeno La Niña para septiembre y una eventual sequía.
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