La tercera reunión por el tema seguridad en la provincia se realizó este martes en la sede de Gobernación en Rosario. En la primera, expuso el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, sobre la policía y el servicio penitenciario; en la segunda, en la segunda se priorizaron las fiscalías provinciales y en esta ocasión, la justicia federal. Un rol clave ya que los delitos de narcotráfico son causa de jurisdicción nacional según las leyes argentinas. Participó el gobernador Omar Perotti, junto a los ministros Brilloni, Celia Arena (Gobierno) y Marcos Corach (Gestión Pública).

Después del encuentro, Aníbal Pineda, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones con sede en la Cuna de la Bandera, comentó sus pormenores: “Desde la justicia federal, vinimos a comentar el estado de situación de las distintas estructuras. Estuvimos presentes tres jueces federales y tres fiscales federales. Muy positiva la reunión porque estaban presentes todos los equipos técnicos de todos los candidatos (precandidatos a gobernador)”. Pineda consideró que puede ser un antecedente para que pasadas las elecciones en octubre se convoque a un acuerdo mayor de quien resulte elegido gobernador, pero también intendente y quien resulte elegido presidente. Afirmó que oficialismo y oposición tienen que intentar discutir y consensuar un plan común de seguridad. “Todos sabemos lo compleja que está la situación en la inseguridad. Es un fenómeno multicausal. Si no se ponen de acuerdo los tres poderes del Estado y todos los estamentos en un plan común, va a ser muy difícil de rebatir esta situación”, consignó.

El abogado también resaltó que no hay cárceles federales en la provincia. “Se está construyendo un pabellón federal cerca de Coronda. Si bien es muy importante y es un reclamo, pero va a ser insuficiente porque va a ser para 600 detenidos. Tenemos que reclamar todos por la construcción de una cárcel mucho mayor”, comentó. Pineda dijo que en 10 años, de 2013 hasta ahora, se triplicaron la cantidad de detenidos por causas federales.

Por su parte, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, dijo: “Además de tener una puesta en común de las necesidades, es poder poner sobre la mesa, avanzar en propuestas a partir de tener un diagnóstico que no es una solución mágica. Terminar la cárcel de Larrechea va a ayudar y facilitar la situación, pero el objetivo que nos hemos propuesto se está cumpliendo. Las cosas se tratan y se discuten arriba de la mesa con todos adentro”. “Nadie puede estar conforme con lo que estamos haciendo. Es multicausal. Todos los que estamos debemos hacer una autocrítica de las cosas que no funcionan y que funcionan en materia de seguridad. La MPA tiene que hacer un mea culpa. Después de los concursos, el Ministerio Público de la Acusación está funcionando de otra manera. Tiene una impronta diferente”, afirmó Corach.

Una problemática muy compleja

El juez Aníbal Pineda también se refirió a dos temas importantes en la problemática de seguridad. Los presos reincidentes y el aumento del consumo de la droga. Sobre lo primero citó el caso de Julio Rodríguez Granthon, alias El Peruano. “Es el cuarto procesamiento y la cuarta detención que tiene este narco. La problemática es mucho más compleja. El análisis debe ser mucho mayor porque esta persona sigue operativa desde una cárcel. Convierte en inútil la investigación y el sentido de la pena porque no se resociabiliza al delincuente porque sigue operativo desde la cárcel”.

Luego continuó: “Si alguien sigue operativo desde la cárcel es porque hay corrupción. Si hay corrupción, hay mucho dinero dando vuelta. Es por la alta demanda de estupefacientes”. Y aquí se centró en la segunda cuestión. “Hoy hay mucha corrupción policial, política, judicial, del servicio penitenciario porque hay mucho flujo de dinero. Hay muchas disputas en los barrios porque hay un mercado de drogas que genera mucha ganancia en el barrio. No se resuelve el problema porque no nos enfocamos en el fondo del problema que es el consumo de drogas”, afirmó Pineda.

El camarista aseguró que se tiene que intentar reducir el consumo con políticas de salud, educación, rehabilitación. También planteó el debate mayor de qué hacer con la marihuana. “Abordar el problema del mercado de drogas porque sino vamos a estar permanentemente encarcelando a la gente y no vamos a resolver la cuestión”, concluyó.