El proceso había generado una fuerte controversia porque una de las empresas interesadas en participar denunció que el pliego se había hecho "a medida" de una firma israelí. Se frenó el proceso, se rectificó el pliego y se reformularon las fechas. La oposición llevó el tema a la Justicia.
El próximo 30 de marzo a las once se abrirán los sobres en el marco de la licitación pública para la compra de armas destinadas a equipar a la policía provincial. Se trata de una inversión de más de 1.400 millones de pesos para la adquisición de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotirador y 6 fusiles para francotirador de cerrojo manual.
El proceso había generado una fuerte controversia a raíz de la impugnación presentada por una de las empresas interesadas en participar. Se trata de la firma Bersa, quien terminó recurriendo a la justicia para frenar el proceso por entender que la cartera a cargo de Marcelo Saín había elaborado un pliego "a medida" de la empresa israelí IWI, que de hecho, terminaba como única oferente. A través de una cautelar, se ordenó paralizar la licitación, aunque eso ya había sucedido por reacción de los propios circuitos administrativos del estado. Ello, a partir de que la Subsecretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía había recibido la impugnación de Bersa, y detenido el proceso hasta tanto se despejaran las dudas.
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Ese trámite administrativo interno siguió su curso. Intervinieron dos instancias jurídicas: la de la propia subsecretaría de Contrataciones y la Fiscalía de Estado. Ambas le solicitaron al Ministerio de Seguridad una fundamentación de por qué se había confeccionado el pliego concentrando en un solo renglón todos los ítems a comprar – ése era el aspecto que condicionaba la participación de otras firmas -. Seguridad respondió, según pudo saber El Litoral, con argumentos "atendibles" que ratificaban la legitimidad del pliego confeccionado, pero desde las áreas legales se interpretó que en el afán de garantizar la "una mayor participación y competencia" de las empresas interesadas en el proceso, debía hacerse lugar a la impugnación. Fue así que se resolvió, incluso, rectificar el pliego y reanudar la licitación bajo esas nuevas condiciones. Es en ese marco en el que se conoce, ahora, la nueva fecha para la apertura de sobres.
La licitación generó también una fuerte discusión política; la oposición promovió – a través del diputado radical Juan Cruz Cándido – la presentación de un pedido de informes en la Cámara baja. Y, finalmente, derivó en una denuncia penal en los tribunales rosarinos, impulsada por el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.
