La provincia de Santa Fe solicitó formalmente constituirse como querellante en la causa en la que se lo investiga a Marcelo Sain por el presunto delito de espionaje ilegal y asociación ilícita. Las supuestas irregularidades habrían sido cometidas mientras se desempeñaba como ministro de Seguridad de Santa Fe.

 

Según confirmó a El Litoral el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, el escrito con la solicitud redactado por el fiscal de Estado, Rubén Weder, fue ingresado ya ante la Fiscalía de Delitos Complejos. A partir de ahora, es el Ministerio Público de la Acusación quien deberá actuar. Los fiscales intervinientes (Mariela Giménez y Ezequiel Hernández) remitirán con el dictamen respectivo, las actuaciones a la Oficina de Gestión Judicial. Se deberá constituir, luego, un tribunal para resolver.

 

Las partes intervinientes serán notificadas; si ninguna presenta oposición al pedido de la provincia, el juez deberá resolver y permitir que el estado santafesino se constituya como querellante. De lo contrario, si alguno de los actores presentara objeción, deberá convocarse a una audiencia para dirimir en ese marco la situación. Según pudo saber El Litoral, no sería intención de los fiscales oponerse a la posibilidad de que la provincia intervenga. En el caso de la defensa del principal investigado – Marcelo Sain-, esperaban leer con mayor detenimiento el escrito. A priori, el abogado Hernán Martínez adelantó a El Litoral que no correspondería desde el punto de vista técnico la figura que la provincia solicita, sobre la base de que ya está representada a través de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. "Habría una duplicación de figuras, ", advirtió.

 

Sin embargo, atentos a la envergadura de la causa y a "las dificultades" de la defensa para poder acceder al expediente, el letrado no destacó que aceptar a la provincia como querellante aporte "un mayor marco institucional y pueda ser positivo". La situación es evaluada y no existe todavía una definición.

 

Por qué

 

La decisión del gobernador Omar Perotti plasmada a través de un decreto firmado a principios de enero generó un sinfín de especulaciones. El mandatario instruyó mediante ese acto administrativo al fiscal de Estado, Rubén Weder, para que formulase el correspondiente pedido. Fue una determinación probablemente precipitada por la difusión que a comienzos de año se conoció de un listado de nombres de cientos de empresarios e instituciones sobre los que también el Ministerio de Seguridad a cargo de Sain habría recabado información. En el decreto se fundamentaba la decisión "en mérito a que en el proceso judicial mencionado se estarían investigando hechos que, de ser ciertos de acuerdo a una legal comprobación, afectarían el regular funcionamiento de la Administración Pública, por cuanto este Poder Ejecutivo encuadra su accionar en el marco del principio de legalidad y así propende su respecto como de los otros poderes estatales, y que a la luz de los trascendidos estaría siendo cuestionado". Eso es lo que textualmente se escribió.

 

Si bien las lecturas políticas fueron en el sentido de interpretar que el gobernador apuntaría con este accionar a "despegarse" de los eventuales coletazos que podrían derivar de esta causa, desde el punto de vista técnico se sostiene que la decisión apunta a "proteger el regular funcionamiento de la administración pública y cumplir el principio de legalidad de las personas y de los poderes del estado". Esencialmente, si se la acepta como querellante, la provincia podría acceder a una causa sobre la que hasta aquí sólo tiene trascendidos.

 

Mientras tanto, avanza en el ámbito de Fiscalía de Estado la investigación administrativa que, también por decreto, ordenara el año pasado el gobernador para intentar desentrañar qué fue lo que sucedió en el Ministerio de Seguridad mientras lo conducía Marcelo Sain