Guillermina Ferraris
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A pesar de la tristeza generalizada que se vive por la cantidad de muertes e internaciones generadas por consumo de cocaína adulterada esta tragedia trajo consigo la oportunidad de repensar los resultados que vienen teniendo las lógicas hasta ahora implementadas en el diseño de políticas de drogas.

A su vez, se abre el paraguas para dar el debate sobre los múltiples daños en la sociedad que acarrean los mercados ilegales (no regulados) de sustancias psicoactivas y las consecuencias que estos generan en los usuarios. De hecho, muchas veces ocurre que más peligrosas que las drogas, termina siendo su prohibición.

Lamentablemente lo ocurrido en las últimas semanas no es una novedad, ya que la adulteración existe desde la declaración de la guerra contra las drogas. Este hecho nos invita a dimensionar el riesgo que asumen millones de latinoamericanos que, día a día, recurren a la única alternativa disponible: el mercado clandestino, donde adquieren sustancias sin ninguna garantía de que lo que compran sea lo que están buscando. Aunque el modelo prohibicionista - abstencionista implementado los últimos 100 años aspira a un mundo libre de drogas, los hechos y la historia indican que siempre han sido, son y serán parte de la humanidad. El consumo no se redujo y las muertes por sobredosis aumentaron.

¿Qué debiéramos hacer ante un escenario tan hostil? En principio, asumir que se trata de un tema sensible que debemos dejar de abordar desde los prejuicios y estigmas, para comenzar a prestarle atención a la evidencia científica y a las experiencias internacionales que sí han demostrado resultados eficientes.

Es evidente la urgente necesidad de modificar el curso de las políticas de drogas adoptadas históricamente en nuestro país. Especialistas de todo el mundo indican que las problemáticas por el uso de sustancias deben ser abordadas desde la órbita de la Salud Pública para apuntar a la reducción de la demanda de drogas mediante la prevención.

Reducir riesgos y mitigar daños

En un extremo diametralmente opuesto al modelo prohibicionista-abstencionista se encuentra el modelo de reducción de riesgos y daños, que busca reconocer que existe el uso de drogas e intenta que esta práctica sea menos riesgosa para los usuarios. De hecho, cuando se aplica la descriminalización con un enfoque orientado a la reducción de daños, se proporciona un marco jurídico propicio desde el que se puede acceder a intervenciones de salud de forma voluntaria y sin miedo al estigma, al arresto o la detención.

Este modelo se ha implementado en España desde hace más de 25 años. En Latinoamérica existen experiencias similares en México, Colombia y Uruguay desde hace tiempo. Pero en la Argentina el Estado incumple la regulación de la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley de Abordaje de Consumos Problemáticos, que demandan establecer abordajes de reducción de daños.

Se trata de un paradigma científico que es posible implementar en nuestro país, con un enfoque basado en la realidad territorial que tenga en cuenta las circunstancias socio-políticas, económicas y culturales en las que se dan los consumos problemáticos. Además, debe poner el eje en el sujeto y no en la sustancia, a través del respeto y el acompañamiento de los usuarios.

Una de las estrategias implementadas por este modelo es el testeo de sustancias, una herramienta de salud pública que permite tener información verificada, brindar asesoramiento y orientación, difundir alertas tempranas sobre sustancias adulteradas y conocer la dinámica de los mercados de drogas. Por otro lado, el acceso abierto y democrático a los sistemas de alertas tempranas de las nuevas sustancias que están circulando, permitiría anticiparse a eventos peligrosos para los usuarios.

En nuestro país, la Ley 23.737 de Estupefacientes promueve los tratamientos como una pena y no como un derecho, obstaculizando el acceso a los servicios de salud y empujando a una situación de precariedad y desinformación sobre los consumos. Sin embargo, existe desde 2009 una jurisprudencia en la Argentina, a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la Ley de drogas 23.737 (1989) e indicó su reforma.

El proyecto

En este mismo sentido busca avanzar un nuevo proyecto de ley que fue presentado por la diputada nacional por Entre Ríos Carolina Gaillard. El texto, redactado y trabajado en detalle con especialistas y organizaciones de la sociedad civil, estipula una serie de modificaciones en el articulado de la Ley 23.737 para despenalizar la tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal, aplicando la doctrina del fallo Arriola y enmarcándose en línea con numerosos países que despenalizaron el consumo personal de todas las sustancias, tales como México, Portugal, España, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Bélgica, Holanda y el estado de Oregón, en EE.UU.

Además, permitiría implementar otras formas de cuidado de la salud en línea con las políticas de reducción de daños. “Para lograrlo, el proyecto hace foco en que la persecución penal se oriente a la narcocriminalidad y el negocio ilegal de estupefacientes, y no a conductas privadas de usuarios y usuarias que no significan un daño a la salud pública y cuya persecución, en cambio, significan sistemáticas afectaciones a derechos fundamentales” aseguró Gaillard, en diálogo con MIRADOR ENTRE RÍOS.

La legisladora –que preside la comisión de Legislación Penal– recordó que la sanción del proyecto es importante más allá del fallo Arriola “porque desde la política criminal, esos recursos que hoy están encausados en perseguir usuarios, van a tener un marco legal preciso que les impide hacerlo y se dispondrán para la persecución e investigación de lo que realmente interesa desde una política criminal enfocada en la persecución y sanción del narcotráfico”.

Abordaje amplio

La diputada nacional por Entre Ríos Carolina Gaillard explicó en que “el proyecto adecua la ley de drogas con la ley de salud mental y la de tratamiento de adicciones. Se eliminan los tratamientos compulsivos que hoy prevé la ley y que comprobadamente no sirven para el abordaje sanitario, ni responden a un criterio de salud. La política de salud prevé mecanismos para asistir a quienes padecen adicciones a sustancias, al juego, a las compras, a las nuevas tecnologías. Es un abordaje más amplio que el estrictamente biologicista que prevé la ley actual”.