MIRADOR ENTRE RÍOS
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La fiscal Patricia Yedro hegemonizó este lunes 14 de febrero la primera jornada de los alegatos de Fiscalía, realizando un pormenorizado y puntilloso relato de los fundamentos de la acusación que se formuló contra el exgobernador Sergio Urribarri, exministros y funcionarios de sus gestiones y particulares, en cinco hechos contra la administración pública, que se sustancian en tres legajos. El relato se destacó por las relaciones que Fiscalía desveló de la copiosa prueba de cargo. Fiscalía continuará alegando este martes, a partir de las 9. Restan las causas denominadas Global Means, Parador de Mar del Plata, Solicitadas y Spot en la Cumbre del Mercosur.

En la causa Imprentas, Fiscalía sostiene que los hermanos Luciana Almada, que era pareja de Aguilera, y Emiliano Giacopuzzi, eran testaferros de Aguilera en la empresa TEP SRL; en tanto que Alejandro Almada y Maximiliano Sena lo eran en la empresa Next SRL. En esto roles les imputó que se vieron beneficiados por parte del exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri, y el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, “de manera constante, habitual y reiterada”, con el direccionamiento de órdenes de publicidad “a favor de las empresas Next SRL y Tep SRL de Juan Pablo Aguilera, las cuales figuran inscriptas a nombre de Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada – concubina de Juan Pablo Aguilera– y Alejandro Almada –quienes actúan como testaferros de Aguilera– con el único propósito de beneficiar económicamente a los mencionados”.

Fiscalía sostiene que de aquella maniobra también fueron parte Jesús José María Bustamante –que resolvió su situación en un juicio abreviado– y Hugo Fernando Montañana, “siendo beneficiados con un porcentaje de la publicidad pautada en el contrato pero habiendo acordado previamente que, una vez percibido el cobro de las sumas respectivas, de ese total, un porcentaje era reembolsado a Aguilera a través de la contadora de la empresa, Corina Cargnel, quien tenía a su cargo la gestión, seguimiento y cobro de todos los contratos así como también la percepción de los retornos, siendo su rol fundamental pues era el nexo entre los funcionarios de las oficinas del Estado, encargadas de la tramitación de las contrataciones, y las empresas antes mencionadas”.

Yedro sostuvo que todo lo relacionado con las empresas TEP SRL, Next SRL, Formato Urbano y 5 Tipos, lo “resolvía Aguilera porque las empresas eran de Aguilera”. Antes sostuvo que “no es casual que el nacimiento” de las empresas fuese “casi contemporáneo” con la aparición de Juan Pablo Aguilera, en el ámbito de la administración pública, cuando se incorporó a la Cámara de Senadores en 2009. En este sentido señaló que aquello fue reconocido por los dos imputados Giacopuzzi y Sena, cuando en sus descargos relataron el vínculo de amistad que los une a los tres desde la infancia. Ambos reconocieron que cuando Aguilera comienza “a tomar relevancia”, los vínculos y relaciones de Aguilera les podían resultar beneficiosos para desarrollar sus emprendimientos.


EL DISCO RÍGIDO


Fiscalía defendió el secuestro del disco rígido que se realizó el 1 de agosto de 2015 en calle Yrigoyen. Se trata de lo que los fiscales denominaron la Caja Negra del Delito porque contiene las pruebas que demuestran las relaciones entre los imputados, incluso con empleados del Partido Justicialista y empleados del Ministerio de Cultura y Comunicación, y es la principal fuente de información que compromete a los imputados. Fiscalía defendió que el procedimiento fue lícito y se cuestionó para que no se incorpore la valiosa prueba de cargo que contiene.

Yedro sostuvo que las defensas se dedicaron a deslegitimar el procedimiento de allanamiento porque el disco rígido exhibe los correos y chats entre los imputados y los vincula a las empresas en cuestión y porque exhibe un esquema de retornos que beneficiaría a Urribarri y su cuñado. También dijo que las defensas no lo cuestionaron durante la investigación, cuando sólo criticaron la idoneidad de los peritos del Ministerio Público Fiscal, desempeños que consideró quedaron validados durante el debate.

Fiscalía también hizo un detallado relato de los aportes que realizaron Gustavo Tamay, alias Tacuara, que era el responsable de certificar las publicidades estática en vía pública y la contadora Carnel. Respecto del primero, sostuvo que no quedó duda de que conocía del direccionamiento y también del acuerdo con Bustamante y Montañana. Dijo que su aporte fue “fundamental” porque con las certificaciones que debía emitir aportó en la sustracción de caudales públicos.

De Cargnel desarrolló que “se ocupaba de las más diversas cuestiones” vinculadas a Aguilera, tanto las personales como las de la empresa, donde le llevaba la agenda, le rendía cuenta del fluyo de fondos, se encargaba de reuniones con funcionarios, intervenía en las sociedades o negocios en los que participaba Aguilera, y gestionaba los retornos de Montañana y Bustamante. Así, sostuvo que por eso la contadora conocía cada uno de los negocios en que intervenía Aguilera y de los que sabía que muchos de ellos no eran lícitos.

Yedro expresó que Fiscalía estaba en condiciones de asegurar que Aguilera como dueño de las cuestionadas empresas “nunca hubiera obtenido los resultados” que obtuvo, añadiendo que aquellos beneficios son “el aporte de Cargnel, que era quien ejecutaba las decisiones de Aguilera. Así, sostuvo que en aquel rol rendía cuentas a Aguilera, su participación era esencial puesto que superaba el rol que tenían los cuatro que figuraban como socios.