Sábado 18.01.2020 | 00:33 hs


08-11-2019 / Paraná

El colectivo trava-trans exige una reparación histórica

El activismo trava-trans local denunció la modificación arbitraria de cuatro artículos del proyecto que había sido consensuado y redactado de manera colectiva y aprobado por el Concejo Deliberante de Paraná. Iara Quiroga, activista y trabajadora estatal, brindó precisiones en diálogo con MIRADOR ENTRE RÍOS.


Guillermina Ferraris
redaccion-er@miradorprovincial.com

En la actualidad, reconocerse travesti o trans implica el hecho de tener que batallar contra los mandatos sociales y la desidia estatal, para tener una vida digna. Específicamente, el debate sobre su situación laboral ha tomado una especial relevancia durante los últimos años. En territorio latinoamericano, las travas introdujeron un desafío dentro del movimiento feminista: instalaron el tema en la agenda e incitaron a las mujeres a adoptar la lucha como propia.

En Argentina hay un cuadro de emergencia social que atraviesa las posibilidades económicas con las que subsisten y un contexto de alta vulnerabilidad de sus derechos. Según el último informe elaborado por la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (Attta), la expectativa de vida de las personas trans no supera los 35 años. Como si fuera poco, las travas encuentran graves dificultades a la hora de generar vínculos afectivos e incluso la aceptación intra-familiar. La falta de oportunidades reales, la estigmatización y la violencia provienen de casi todos los sectores sociales, así sean conservadores o progresistas, la exclusión es transversal.

La propia voz de las travestis es la que genera las reflexiones más profundas en torno a la construcción cultural con la que las personas cisgénero (es decir las personas que se identifican con el género biológico que nacieron) conceptualizan este conflicto. Como afirma la teórica feminista Judith Butler, el acto performativo travesti es la ruptura de las normas culturales impuestas por el hetero-patriarcado, al mismo tiempo que se constituye como la norma de autonomía para la toma de sus decisiones.

En diálogo con MIRADOR ENTRE RÍOS, Iara Quiroga reflexionó acerca de todo lo ocurrido en relación a las políticas públicas que contribuyen al empoderamiento de esta comunidad.

–¿Cuándo y cómo se inició el proceso de reparación de las condiciones de vida de la población travesti en Paraná?

–Tras muchos años de organizar movilizaciones y demandas estatales, el activismo transfeminista local logró que desde el municipio paranaense se implemente una serie de acciones que intentan paliar el padecimiento que vivimos día a día. El recorrido de políticas públicas comenzó con una iniciativa que nuclea a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Municipalidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Inadi. A través de esta herramienta, un grupo de travestis realizamos un relevamiento en Paraná, durante el segundo semestre de 2018.

Ese censo permitió conocer las condiciones socio-demográficos de unas 60 personas trans que habitan suelo paranaense. Entre otros datos, se conoció que el 80% no tiene cobertura de salud; que la mayoría no completó sus estudios secundarios; y que dentro del 70% de quienes tienen una actividad a cambio de dinero, entre esas múltiples actividades, la prostitución y trabajo sexual sigue siendo el porcentaje más alto.

Iniciativa

–¿Cómo fue el proceso de construcción y aprobación del proyecto de cupo laboral?

–Antes de que se concretase el relevamiento, distintas agrupaciones de diversidad sexual veníamos construyendo colectivamente, junto a la concejal Stefanía Cora, un proyecto que buscaba establecer un cupo anual no menor a diez personas para el ingreso en la administración pública, hasta alcanzar un 3 % sobre la totalidad de agentes. Por un motivo u otro, el proyecto se mantuvo cajoneado durante meses, hasta que en junio de este año, el Concejo Deliberante aprobó, sobre tablas y por unanimidad, una iniciativa presentada por los legisladores María Marta Zuiani, Karina Llanes, Emanuel Gainza, Carlos González (Cambiemos) y Luis Díaz (UNA), que promovieron la creación de un “Plan de Inclusión Integral y de Acciones de Reparación a Personas Travestis y Trans de la Ciudad de Paraná”.

–¿Qué ocurrió luego de la aprobación? ¿Para cuándo se prevé su implementación?

–Luego de la aprobación de la Ordenanza en el mes de junio, las agrupaciones, activistas y funcionarias que venimos trabajando desde hace más de dos años para garantizar la aprobación de la ordenanza, nos integramos a las diferentes instancias del proceso de construcción del cupo, algunas de ellas convocadas por la Secretaría General y de Derechos Humanos de la Municipalidad. Concretamente el día 11 de septiembre se realizó un encuentro donde trabajamos conjuntamente sobre la redacción de la reglamentación, pudiendo llegar al consenso del texto escrito entre todas las partes presentes, y finalmente firmando un acta acuerdo sobre lo consensuado.

Sin embargo, el lunes 28 de octubre, luego de mucha insistencia y de negativas por parte de la Secretaría General y de Derechos Humanos de la Municipalidad, desde la agrupación Sexualidades Disidentes sacamos un comunicado en el que denunciamos modificaciones arbitrarias que fueron realizadas por parte de la gestión municipal, sobre los artículos que habían sido consensuados y redactados colectivamente.

Modificaciones

–¿Cuáles son los artículos que fueron modificados?

–Cambiaron cuatro artículos. Por un lado modificaron los plazos establecidos, que según lo consensuado, deben comenzar en el 2019. Con las modificaciones se plantea que en junio de 2020 se aplicará el cupo, dejando de lado la urgencia en la que nos encontramos. Por otro lado, no se respetó la creación de una Comisión Evaluadora que lleve adelante las acciones más importantes de la implementación. Dicha comisión debería estar conformada por siete personas, de las cuales tres deben ser representantes de la sociedad civil, para una representación plural y participativa. En las modificaciones realizadas se cambió a sólo cinco personas, de las cuales sólo una sola estaría en representación de la sociedad civil. También se eliminaron los artículos en relación al acceso a la educación, por ejemplo, donde se hablaba del Centro de Perfeccionamiento Municipal, y la posibilidad de incorporar a personas travestis y trans a los espacios de formación en oficio y terminalidad educativa, aunque no sean trabajadoras o trabajadores del Estado Municipal. Por último se eliminó el criterio a tener en cuenta para establecer el orden de mérito de ingreso para las masculinidades trans.

Las condiciones de precariedad y el contexto de constante estigmatización, han generado que las personas travestis terminen muy alejadas de sus derechos, en síntesis, la subsistencia se torna un desafío.

En números

● Promedio de vida, una expectativa que no supera los 35 años: igual que en la edad media.
● Educación, sólo el 64,1% pudo terminar la primaria y quienes comienzan la secundaria no logran completarla.
● Sistema de salud, el 80,4% no tiene obra social, prepaga o plan estatal.
● Fuentes de ingreso, el 77% no recibe dinero ni apoyo de programas o planes del gobierno. El 72,2% está buscando otra fuente de ingreso y el 82,1% de esas personas afirma que su identidad trans dificulta el acceso al trabajo.
● Capacitación laboral, el 43,5% realizó algún curso de capacitación o formación, pero el 51,6% de esas personas sostiene que el curso realizado no le sirvió para conseguir trabajo.


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