Damián Pettinari | [email protected]


En la página de Aguas Santafesinas se detalla que 889.434 habitantes de Rosario poseen conexión a la red cloacal pública, pero ese es el vaso medio lleno: en los barrios populares, el 97% de las familias no cuentan con el mismo acceso, realidad que se desprende del informe publicado en abril de 2021 por el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares).



A través del mismo informe también podemos saber que apenas el 1,85 % de las familias tiene acceso formal a la red pública de agua corriente. Con respecto al acceso a la electricidad, apenas el 6 % de las familias tiene una conexión formal a la red de energía eléctrica con medidores domiciliarios. En Rosario, treinta y cinco mil (35.000) familias viven en los 112 barrios populares que se esparcen por toda su geografía.



Tan solo el 2,8 % de las familias que habitan en barrios populares tiene acceso formal a la red cloacal pública, mientras que un 1,6 % lo hace de forma irregular. El 3 % tiene una red cloacal conectada al pluvial. El 0,2 % tiene peligrosamente sus desagües a la intemperie o cuerpo de agua. El porcentaje de familias con desagüe a cámara séptica y pozo ciego asciende al 19,8 %, mientras que la mayoría, el 72,6 %, solo tiene desagote a pozo ciego u hoyo.

Con respecto a los pozos absorbentes, se sabe que su vida es limitada, y el tiempo de funcionamiento correcto depende de la existencia o no de cámara séptica y de la cantidad de grasas y volúmenes de líquido volcados al mismo. Además la proliferación de pozos absorbentes constituye focos constantes de contaminación de las napas de agua y serios riesgos de desmoronamientos imprevistos.

La contaminación de las napas de agua es un gran problema de salubridad. Se hace impostergable la necesidad de contar con plena cobertura de los servicios de red de desagües cloacales que permitan no solo mejorar la calidad de vida y la protección del medioambiente, sino también y por sobre todas las cosas preservar la salud de los ciudadanos. Teniendo en cuenta lo anterior, las cifras que surgen del relevamiento son más que preocupantes.



En cuanto al acceso a la red pública de agua potable las cifras no son menos alarmantes. El 90,54 % de las familias posee una conexión irregular, el 5,23 % dependen de la llegada un camión cisterna, el 1,74 % se vale de una bomba de pozo comunitaria, el 0,41 % posee una bomba de pozo domiciliaria, el 0,23 están limitadas a canillas comunitarias que hay dentro del barrio. Tan solo el 1,85 % posee una conexión formal a la red.

El acceso al agua potable es sumamente importante, ya que si no se lo garantiza se corren graves riesgos sanitarios vinculados con enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, como la diarrea, que hace que las personas pierdan líquido, lo cual puede provocar deshidratación y, en algunos casos, causar la muerte.



Las cifras resultantes del relevamiento con respecto al acceso a energía eléctrica arrojan que tan solo el 6 % de las familias tiene acceso a la red formal con medidores domiciliarios. Casi la totalidad de las familias, el 93 % accede de forma irregular, lo que genera un riesgo para la vida, absolutamente evitable.

El Renabap, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, creado mediante el decreto 358/2017, el 22 de mayo de 2017, detalló en su primer relevamiento que existen más de cuatro mil (4.000) barrios populares en el país, entendidos estos como aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento y un marcado déficit en el acceso formal a los servicios básicos. Su objetivo principal es registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y datos de las personas que las habitan a efectos de desarrollar políticas públicas habitacionales inclusivas.

A cuatro años de su creación, está lejos de haber ayudado a cambiar la dolorosa realidad de estas familias que en pleno siglo XXI no tienen acceso a servicios esenciales que garantizan un piso de calidad de vida. El acceso a los servicios públicos esenciales constituye una de las formas de realización de los derechos humanos.