MIRADOR ENTRE RÍOS
[email protected] En medio del conflicto por los fondos de la coparticipación entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, los gobernadores de 16 provincias alineadas con el presidente Alberto Fernández se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde anunciaron que trabajarán para elaborar un proyecto de ley para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia.
A través de dos comunicados, los mandatarios reclamaron un cambio en la estructura del Poder Judicial para hacerla “más moderna y eficaz” y “que tenga un verdadero carácter federal”, al tiempo que reclamaron que el Congreso debata “un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias” en materia de transporte público de pasajeros.
Mediante una declaración pública que fue dada a conocer en las redes sociales por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los mandatarios manifestaron su disconformidad con el funcionamiento del tribunal, que tiene bajo sus manos el caso que enfrenta al Gobierno nacional con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que se desencadenó por la quita de los recursos de la coparticipación que correspondían al traspaso de la Policía.
“Dieciseis gobernadores firmamos una declaración ‘Por una Corte Suprema de Justicia Federal’. Asumimos el compromiso de continuar generando consensos entre todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal”, posteó Kicillof en sus redes sociales.
El texto indica: “Los abajo firmantes, gobernadores y gobernadoras de las provincias, hemos decidido elaborar un proyecto para nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que contemple los proyectos ya presentados, muchos de los cuales han tomado estado público y parlamentario”.
“El objetivo es que la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales y, principalmente, que tenga un verdadero carácter federal”, destaca la nota y apunta que convocarán “a efectos de la redacción del proyecto de ley respectivo a especialistas y juristas notables de cada una de las provincias”.
“Reafirmamos nuestro absoluto compromiso con la Constitución argentina, con nuestro pueblo y con el federalismo”, finaliza el texto que lleva las firmas del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Axel Kicillof (Buenos Aires); Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Sáenz (Salta); Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut).
La disputa entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires arrancó en septiembre de 2020 cuando, por decreto, el Presidente Alberto Fernández decidió recortarle a la Ciudad puntos de la coparticipación, en medio de una rebelión policial en la provincia de Buenos Aires, y luego aprobó ese reparto a través de la ley 27.606, que mandataba a la CFI a elaborar la opinión técnica para calcular el traspaso del servicio de seguridad.
En números, según el CFI, el traspaso del servicio de la Policía representaba unos $43.867 millones a valores de 2021 y que, por lo tanto, el gobierno porteño tiene que ajustarse a ese monto y no solicitar una suma superior, ya que eso le generaría un “enriquecimiento sin causa en detrimento de las demás jurisdicciones”. Con la gestión de Mauricio Macri, el líder del PRO había aumentado los recursos federales que recibe la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75%, apenas asumió en 2015.
En otro documento, que también fue publicado en las redes sociales por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, los mandatarios también expresaron a través de otra nota una “profunda preocupación por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores, no solo del sector específico, sino a quienes usan este medio para llegar a sus lugares de trabajo, a los educandos, educadores y, en general, a toda la sociedad argentina”.
“A tal efecto, instamos al debate legislativo en el Congreso Nacional sobre un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias que tengan como principio la igualdad y equidad en todo el territorio”, indicaron.
Fuente: APFDigital
