Pablo Rodríguez
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El ministro de seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó la decisión del juez penal de Venado Tuerto Benjamín Revori, quien le otorgó la libertad a los integrantes de la organización delictiva con base en esa ciudad que se quedó con 32 inmuebles y mil hectáreas de campo en el sur de Santa Fe, lo que sumaría una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos. En ese marco, Pullaro aseguró que “da impotencia que ante tanta prueba contundente, resultado del trabajo de investigación que se realizó con el MPA para desbaratar a esta banda de guantes blancos, un juez decida que sigan libres”.

El titular de la cartera de Seguridad provincial, reconoció “estar convencido de que estas organizaciones delictivas de cuello blanco hay que atacarlas y caerles con todo el peso de la ley”, porque muchas veces pareciera que “solo cae para el ladrón de bicicletas”.

En consonancia con el doctor Matías Figueroa Escauriza, Pullaro sostuvo que “seguiremos a disposición en este tipo de causas porque no puede ser que una persona porque sea de avanzada edad y no tenga herederos culmine sufriendo por alguien que venga y le saque el inmueble” y que “alentamos las investigaciones contra las organizaciones criminales de este tipo”.

Y sumó: “No queremos impunidad para nadie, y todos los poderes debemos entender que la sociedad nos pide señales claras de lucha contra las mafias. La medida del juez produce preocupación. Yo estuve en Venado Tuerto en las últimas horas y no hubo persona con la que me cruce que no mencionara el tema y me pidiera por favor que no queden impunes”.

La Provincia, al frente
El Ministro de Seguridad remarcó que el Gobierno de Santa Fe fue quien denunció y propició esta causa ante la denuncia de damnificados, en trabajo conjunto con la fiscalía y la Policía de Investigaciones. “Logramos recabar pruebas y testimonios que permitieron determinar la posible figura de asociación ilícita. Todas las operaciones eran encabezadas por un profesional de la ciudad que a su vez tenía otro contacto que repetían el mecanismo; y ahora en menos de 72 horas está en libertad con una fianza de 170 mil dólares cuando se estima que la suma que se apropiaron ronda los 26 millones de dólares”, indicó.

Por otra parte, manifestó que el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, hizo un trabajo “impecable”, aportando material probatorio indispensable para la tarea del fiscal. “Nosotros con nuestra policía apoyamos en todo al Ministerio Público de la Acusación que logró imputar y determinar cómo esta banda realizaba hechos ilícitos con operaciones inmobiliarias donde se repetían personas que llevaban a cabo negociaciones de carácter sospechosas”.

Y resumió: “Es de destacar el trabajo del fiscal Matías Merlo y del titular y los integrantes de la Fiscalía Regional Nº 3 de Venado Tuerto. Tristemente el juez entendió que por más que estafaron y se adueñaron de más de 1.000 millones de pesos en propiedades permanezcan en libertad y no presos. Seguramente los fiscales apelarán la medida ante la Cámara Penal para que no se convalide esta resolución que la ciudadanía toma como la impunidad contra la que debemos luchar”.