Ignacio Hintermeister


El Gran Santa Fe tenía 7% de pobreza y 1,8% de indigencia en el primer semestre de 2011, en la medición de personas sobre su población total. Ese drama es 7 veces mayor 10 años después con 50,5% de santafesinos pobres. La indigencia -que alcanza a quienes no tienen ingresos para comprar un mínimo energético y proteico de la canasta alimentaria- se multiplicó casi por 6, hasta llegar al presente con 10,4%.

Los números son algo mejores pero no menos dramáticos para el Gran Rosario. En los 10 años de la comparación, pasó de 5,9% a 39,4% en pobreza, y de 2,6% a 10,6% en indigencia.

La macroeconomía puede ayudar a explicar el gran escenario de esa evolución pobrista. Según datos del Banco Mundial/OCDE, el país tenía un PBI de 530,1 mil millones de dólares de PBI en 2011 y sumó 383,0 mil millones de la misma divisa al cierre del pasado año. Su mejor momento en la década fue en 2017, con U$ S 643,6 mil millones ; el 2019 cerró con 445,4 mil millones de PBI.

Un dato decisivo para la pobreza y la indigencia, pasó algo desapercibido ayer.  El Índice de salarios total verificó en el país un incremento de 4,9% en julio de 2021 respecto al mes anterior, como consecuencia de una suba en los salarios registrados de 5,5% y un aumento en los salarios del sector privado no registrado de 2,4%. Como las canastas básicas y total se miden por ingresos, hay que contemplar la evolución precisamente de los sueldos.

Se entiende mejor si se analiza una serie más larga. Por ejemplo, entre julio de 2020 y el mismo mes de 2021, los salarios evolucionaron 47,4% y la inflación (IPC nacional, medida por el Indec) un 51,8%, lo que supone una pérdida de ingresos de 4,4 p.p.

Desde julio de 2019 al mismo mes de 2020, el índice de salarios creció 32,6% y la inflación -todo a nivel de 31 aglomerados nacional- subió 42,4%, lo que supone una pérdida de 9,8 p.p más. En dos años, los salarios perdieron 14,2%.

El Gran Santa Fe contabilizó en el segundo trimestre de este año 225 mil personas ocupadas, lo que supone 23 mil puestos más que en igual período de 2019. Sin embargo, al mismo tiempo aumentó la cantidad de desocupados: hoy hay 22 mil ahora y en igual período de hace dos años se contabilizaban 16 mil. Se infiere de ese fenómeno que el menor ingreso obliga a más gente a buscar ocupación. 

Algo similar pasa en Rosario y su conurbano. Allí hay 585 mil ocupados sobre 559 mil, comparando los segundos trimestres de este año y de 2019, respectivamente. Pero de igual manera los desocupados son 78 mil y eran 66 mil dos años atrás.

 La comparación en números absolutos entre iguales períodos de este año y de 2019 -cuando la pandemia no afectaba la actividad- permite observar que en la nominalidad, creció el empleo y también el desempleo. Eso es porque creció la Población Económicamente Activa en los dos mayores centros urbanos de la provincia, a los que llega la medición del Mercado del Trabajo del Indec.

Pero aún si se explica que los menores salarios aumentan la pobreza, falta fundamentar un fenómeno singular que exhiben los números del Indec. En el primer semestre de 2019 el Gran Santa Fe tenía 201.811 pobres (38,2%) y 30.938 indigentes (5,9%). Las personas en situación de pobreza en la capital provincial y su conurbano suman en la última medición 271.560 (50,5%) y quienes están en condición de indigente son 56.100 personas. 

¿Es posible que el manejo discrecional de los planes asistencialistas pueda explicar el fenómeno?. El Indec mide esos ingresos para evaluar ocupación o pobreza, pero no desagrega una cuantificación por plan y distrito.

Como referencia se puede tomar un reciente informe  de Laura Caullo y Azul Chincarini (Ieral/Fundación Mediterránea):  "De enero a agosto del presente año -señalan- la Nación destinó $ 63.972 millones en Gastos Sociales dirigidos al Trabajo (0,2% del PBI) y $ 281.322 millones en programas de Promoción y Asistencia Social (0,7% del PBI) dentro de los cuales se encuentra el plan Potenciar Trabajo, el cual liquidó en lo que va del año un monto de $ 114.408 millones (0,3% del PIB)”.

Santa Fe es el cuarto distrito menos favorecido a nivel nacional, en agosto, con $ 755 millones en Potenciar Trabajo y $ 942 millones. Una muestra que indica un  camino por el cual buscar más respuestas. Por allí y por las condiciones legales y monetarias que inhiben la inversión y la generación de trabajo privado registrado.