La filtración del decreto Nro. 2176 del Poder Ejecutivo dando por cerrada la paritaria docente y ordenando el pago del aumento salarial a todos los docentes colisionó de plano con el discurso que hasta aquí venía sosteniendo el propio gobierno. Ésa es, sin dudas, la herramienta jurídica que se necesita para poder liquidar los salarios con el correspondiente marco de legalidad. Pero en esos términos, contradecía lo que los propios funcionarios venían pregonando. Es que tanto desde el Ministerio de Trabajo como de Educación se aseguraba que el incremento del 17% escalonado ofrecido para el último trimestre del año sólo sería liquidado a los gremios que hubiesen aceptado la oferta.

Por lo tanto, quedaban excluidos los docentes del sector público, por el rechazo de Amsafé y Amet. Por esa misma razón, la difusión del decreto firmado el 13 de octubre generó confusión y desconcierto. Tanto, que desde la propia cartera laboral se debió emitir un comunicado de prensa durante el fin de semana para ratificar la postura inicial; esto eso, que seguirán sin cobrar el aumento – en este caso, el 10% correspondiente a octubre- los sindicatos que desestimaron la oferta.

La controvertida situación se explica en la firma de un segundo decreto. El primero, explicaron fuentes oficiales a El Litoral, constituye una "norma general" que da por cerrada la paritaria; el segundo – que no se comunicó ni trascendió- excluye del aumento a los gremios que no aceptaron. No se trata de un procedimiento habitual; algún problema de "entendimiento, comunicación o error" obligó a subsanar la situación.

Fue la segunda instancia poco clara generada en torno de los aumentos en cuestión de horas. La primera había sido sobre el aumento para los pasivos; la versión inicial daba cuenta de que los docentes jubilados del sector público no cobrarían el aumento, pero 24 horas después-- quejas gremiales mediante-, el Ministerio de Trabajo aclaró que los pasivos percibirían la mejora en sus haberes.

Diálogo

Ambas situaciones confusas se generaron a días de la reanudación del diálogo entre gobierno y docentes. Como informara oportunamente El Litoral, el Ministerio de Trabajo convocó para el próximo miércoles a los dirigentes sindicales de los gremios docentes del sector público para intentar encauzar el conflicto. La instancia de negociación había sido solicitada por el sindicato Amsafe tras los paros consumados la semana pasada.

Como guiño, el gremio evitó fijar fecha para una nueva asamblea provincial; ése es el ámbito en el que se podrían votar nuevos paros. El ministro Juan Manuel Pusineri dijo, entonces, que el diálogo estaba descontado, siempre que no hubiese medidas de fuerza en el horizonte. Así llegó, en el mediodía del viernes, la confirmación de la invitación al diálogo.