Ignacio Pellizzón


El juicio que se está desarrollando contra la empresa Petroquímica Bermúdez por presunto daño ambiental se retoma en febrero. Tras varios meses sin novedades, finalmente “la cámara deberá resolver si confirma o rechaza la posibilidad de que se pueda imputar al empresario Sergio Tasselli, anulando la resolución del magistrado, Juan José Tutau, que extinguía la acción penal contra los dueños de la firma y que aún sigue vigente”, adelantó a Mirador Provincial Luis Schiappa Pietra.

Para los fiscales Matías Edery y Schiappa Pietra los dueños de la compañía –el empresario Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego, representados por el abogado Mariano Cúneo Libarona– deberían ser imputados en la causa porque tienen responsabilidad en supuesto daño ambiental.

Por ahora, solamente dos de los cinco implicados quedaron formalmente imputados. Se trata del exfiscal regional, Patricio Serjal; y el fiscal de Estado adjunto, Gustavo Luzzini; por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento. Y a Serjal por omisión de persecución. A los titulares de la ex Electroclor, los fiscales buscan que se los impute por contaminación dolosa y perjuicio al medioambiente.

Una de las hipótesis que ratifican Edery y Schiappa Pietra tiene que ver con los motivos que habría tenido el exfiscal regional, Patricio Serjal, para haber aceptado frenar la acción penal contra la empresa, que habría ocasionado un daño ambiental irreversible. Allí concentran la investigación.

El resultado que lo podría cambiar todo
En diciembre de 2020, la Fiscalía de Estado presentó una nueva denuncia de contaminación contra la firma. En esa investigación se fueron a tomar muestras en pozos de agua y en tierra para ver los niveles de contaminación actual del predio. Cuando fueron del Ministerio de Medio Ambiente y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a tomar las muestras detectaron pozos que no estaban habilitados ni mencionados por la empresa.

De acuerdo al informe presentado “esos pozos se usarían para agregar agua en los pozos contaminados para diluir la contaminación. Por supuesto que esa contaminación no desaparece, sino que se va a las napas y a la tierra, pero cuando tomás muestras, el nivel da más bajo”, señaló el fiscal a este medio.

Funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe manifestaron que dicha extracción de agua no estaba autorizada en el plan de remediación que una empresa de ingeniería está llevando a cabo en el predio de Petroquímica Bermúdez. “Posiblemente la misma podría estar generando una depresión de las napas en una parte y carga de las mismas en otra, por lo que las napas estaban siendo intervenidas, posiblemente deprimidas y generándoles un cambio en su dirección subterránea natural”, según indicó el portal SL24.

En contacto con Mirador Provincial, la referente de Taller Ecologista, que sigue la causa, Cecilia Bianco, contó que “todavía no están los resultados” de las muestras tomadas. Cuando esté el informe definitivo, se va a poder confirmar o no si efectivamente se estaba contaminando.

El delito por contaminación prevé una escala penal de 3 a 10 años. “El que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, detalla el art. 55 de la ley 24.051. A su vez, “habría que agregarle multas millonarias para la reparación del ambiente”, confió el fiscal Edery.

Además de la irregularidad mencionada, también se encontró, según el informe, una “mínima” pérdida de un tanque ubicado en la planta de producción de clorobenceno, que, si bien ya se había detectado en la inspección del predio llevada a cabo el jueves 23 de septiembre, se constató con el análisis de las vistas aéreas que no estaba abierto en su extremo superior, por lo que la pérdida podría tratarse del contenido presente en dicho tanque”.

Acorde al procedimiento, también se pidió autorización para realizar la toma de muestra y contramuestra desde una válvula ubicada en la parte inferior, cuyo goteo caía directamente al suelo. “Las contramuestras fueron entregadas con sus respectivas cadenas de custodia al laboratorio de la empresa” que lleva adelante el plan de remediación mientras que las muestras “fueron remitidas al Laboratorio Forense Rosario para su posterior remisión a laboratorio que realice análisis cuantitativo de los compuestos orgánicos volátiles de interés”.

Ahora se convocó a un cuarto intermedio hasta que la Cámara de Apelaciones establezca si el juez interviniente en la causa, Eugenio Romanini, quien fue recusado por los directivos de la firma, tiene competencia judicial para avanzar o es necesario que intervenga otro magistrado.

Desde el entendimiento de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes se opusieron a este proceso, argumentaron que se trata de una nueva investigación la que se está desarrollando.

La ONG quiere participar
La ONG Taller Ecologista solicitó formalmente involucrarse en la causa como tercería interesada, una figura jurídica que permite el ordenamiento jurídico justamente. Esta acción sería posible gracias a que en la ley general del ambiente reconoce la posibilidad de ingresar a un proceso que ya está iniciado como un tercer interesado. De alguna manera, esta figura viene a colaborar en la investigación, a instar acciones, entre otras, siempre dentro de las atribuciones que luego otorgue el juzgado.

La tercería fue presentada el año pasado y todavía está en despacho el expediente a la espera de una resolución del magistrado. Acto previo, se realizará un “traslado a las partes” para que todos “puedan dar sus opiniones” sobre la nueva incorporación y, finalmente, el juez Gazza pueda “tomar una decisión” al respecto, explicaron las fuentes a este medio.

La intención de Taller Ecologista es poder colaborar con la Provincia de Santa Fe en el control de las acciones que se están llevando a cabo actualmente en el predio de Petroquímica Bermúdez y luego poder avanzar en la determinación de cuál es el pasivo ambiental que quedó.

En relación al expediente, se espera quede firme la resolución del juez Andino, dado que fue apelada la misma por parte de la defensa.

Cómo se llegó hasta acá
El caso salió a la luz el 25 de marzo de 2015 cuando una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia señaló que la empresa Petroquímica Bermúdez SA incumplió los compromisos de inversiones a los que se obligó tras inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas y venenosas que exhibían deterioro por procesos de oxidación irreversibles.

Capitán Bermúdez venía siendo contaminada por los residuos tóxicos de la ex Electroclor desde hace, por lo menos, siete años. Los desechos contaminantes, que se mantendrían a la intemperie en el terreno de la planta, lindera a Celulosa, habrían estado esparciendo toxicidades en el suelo, las napas y el aire.

La compañía fabricaba gas cloro como principal producto y como subproductos el hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio. El gas cloro es un gas venenoso que también tiene características corrosivas por ser poderoso oxidante. Su inhalación en pequeñas cantidades, indica el informe, afecta las vías respiratorias al formar ácido clorhídrico con el agua de las mucosas nasales; y una exposición mayor produce la muerte.

El propio municipio de Capitán Bermúdez detectó emisiones con los sensores de cloro y el 14 de enero de 2015 corroboró el mal estado de las instalaciones fijas, cañerías, compresores, motores, instrumental de control y tanques de almacenamiento de cloro, con gran cantidad de recipientes móviles para el traslado de cloro a clientes desperdigados por todo el predio, con cilindros oxidados por la sustancia corrosiva que contenían. En ese estado no es posible la producción de sustancias tóxicas debido al alto riesgo de generarse fugas de gases.

En este contexto, la empresa presentó un informe ambiental, pero la Secretaría de Medio Ambiente lo desestimó y solicitó otro sobre el pasivo ambiental de la compañía. De esta manera, el 16 de noviembre de 2016 la misma cartera provincial generó un documento sobre el estado deficiente de la empresa, que había dejado de funcionar en 2014. Se sospechaba que había presencia de residuos peligrosos. A la vez, se constató emisión de gas cloro que afectó a algunos empleados de la firma lindera Celulosa SA proveniente de la ex Electroclor. Por esto fue intimada al cierre seguro de su planta, pero no lo cumplió.

Cuatro meses después, el 27 de marzo de 2017, el aún gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, ordenó a la Fiscalía de Estado iniciar todas las acciones que correspondiera contra Petroquímica Bermúdez para lograr el cese de cualquier actividad contaminante que constatara.

Esto derivó en una denuncia penal que tomó el fiscal de San Lorenzo, Juan Carlos Ledesma, quien en septiembre de 2018 allanó el predio de Petroquímica Bermúdez SA. La intervención de un perito a instancias de Fiscalía de Estado, el ingeniero Andrés Salum, verificó graves problemas: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.

Ledesma avanzó hacia una imputación, pero recibió a último momento la directiva del ex fiscal regional para favorecer a los implicados con un criterio de oportunidad que extingue la acción penal.

La idea que moviliza a los fiscales contra Serjal es que éste utilizó la decisiva influencia emanada de su cargo para no perseguir un delito gravísimo de contaminación constatada para la salud humana y el medio ambiente.

Cabe señalar que la empresa tiene presentado un plan de desgasificación que, con algunas sugerencias y observaciones, fue aprobado por el ahora Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y cuyas tareas ya iniciaron.