Fintech Wenance S.A. es una empresa de capitales argentinos que era líder en el otorgamiento de crédito online a clientes no bancarizados, pero desde el 2017 está envuelta en una fuerte polémica luego de que la acusaran de estafar a sus clientes, entre la que se encuentran varios rosarinos afectados.

Wenance es una firma que se encargaba de prestar dinero, sobre todo a quienes no accedían a créditos bancarios. Sospechan que el accionar era el de una típica financiera que utiliza el viejo modelo de “préstamos a solo firma”, pero usando app y, como se dice en la jerga fintech, permitiendo onboarding digital. O sea, sacar los préstamos o invertir dinero desde el celular, muy fácil, con dos o tres clics.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27, Alberto Baños, citó a indagatoria al CEO de la compañía y otros ejecutivos de la empresa para el próximo 9 de agosto, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La fiscal Mónica Cuñarro imputó a Alejandro Muszak, Santiago Hardie, Gustavo Molas y Paola Vallone (Muszak es el CEO de Wenance, mientras que los demás están vinculados a diversas sociedades del mismo grupo económico) por “haber integrado una organización criminal, en la que no se descarta la intervención de otras personas, con la finalidad de desplegar distintas conductas delictivas contra la propiedad de manera sistemática y reiteradas en el tiempo, constitutivas de defraudaciones través de la cual ofrecían y otorgaban préstamos personales obteniendo una ventaja pecuniaria desproporcionada”.

Según contaron a Mirador Provincial los abogados rosarinos Santiago Barbarach e Ignacio Arroyo del estudio Arroyo-Barbarach “la empresa Wenance lanzó fideicomisos para financiar diferentes operaciones de giro habitual, básicamente a lo que se dedica la empresa primogénitamente es al otorgamiento de préstamos”.

El problema que se suscita con la compañía es que “una vez lanzados estos fideicomisos los clientes de Wenance comenzaron a presentar una mora mayor a la habitual para este tipo de operaciones, lo que llevó a una imposibilidad por parte de la empresa para cumplimentar sus obligaciones comprometidas en los mencionados fideicomisos, no pudiendo pagar a los inversores los cupones lanzados al mercado”.

En esta línea, los abogados detectan “un tipo de maniobra fraudulenta”, atento a que la empresa conocía y estaba al tanto de la mora de sus clientes e igualmente siguió buscando inversores para que sostengan sus operaciones a sabiendas de esta imposibilidad que iba a sobrevenir de la devolución de los fondos, más aún con los intereses pactados.

Es por eso que desde el estudio de abogados se encuentran representando a algunos inversores rosarinos afectados por estas maniobras, a quienes están asesorando en la vía civil como en la penal con el fin de recuperar sus inversiones.

En Argentina, los afectados son entre tres mil y cinco mil clientes por un total de 20 mil millones de pesos, que es la cifra a reestructurar. El monto está en tres fideicomisos financieros privados que, por el momento, ningún organismo del gobierno nacional está controlando de oficio.

La empresa propuso dos opciones de reestructuración del dinero de sus inversores. Hasta tres millones de pesos de capital que quiere pagar en 12 cuotas a partir del mes de agosto y, luego, dos cuotas de interés compensatorio. La intención sería, que no paguen más intereses, sólo devolverían el capital en cuotas. Para las inversiones de más de tres millones de pesos de capital la compañía propone dolarizar al tipo de cambio MEP en el mes de julio al 8% anual.

Tras la propuesta de la fintech, el problema es que todo indicaría, según Arroyo y Barbarach, que la firma “no va a resistir toda la tensión” que se está generando y, el temor reviste en que “no puedan aguantar y, luego, no puedan hacer frente a las propuestas realizadas, por ende, solo ganarían tiempo para acomodarse”.

Desde el estudio no descartan que haya muchos más afectados. Es por eso que están evaluando la posibilidad de llevar a cabo un reclamo colectivo para poder evaluar cada caso en particular.

Detalles

Según la investigación judicial, la empresa que ofrecía servicios financieros a través de plataformas digitales habría incurrido en estafas reiteradas, incluyendo cláusulas abusivas en sus contratos. Desde los sitios web “prestohoy.com.ar”, “micredito.luquitas.com.ar”, “holamango.com” y “welp.com.ar”, otorgaban préstamos de dinero, con mínimos requisitos para su contratación, pero con tasas de interés superiores a las que brindaban los bancos y otras entidades financieras tradicionales.

En general, se trataban de préstamos destinados a pagar deudas o alquilar inmuebles. Para cobrar, se hacían débitos directos de las cuentas de los clientes y en algunos casos, una vez cancelada la deuda, seguían los débitos.

La fiscalía comenzó a investigar el caso en el año 2017 tras la presentación de denuncias de varios damnificados que al realizar los reclamos se encontraron sin respuesta: en las oficinas no había nadie y los ejecutivos tampoco contestaban los teléfonos. Años más tarde, durante la pandemia declara por el Covid-19, las denuncian continuaron y la Dirección General de Acceso a la Justicia (Atajo) remitió los reclamos al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), un sistema gratuito mediante el cual los usuarios pueden hacer planteos online contra las empresas.

Estos reclamos motivaron la instrucción de múltiples sumarios administrativos ante el Ministerio de Producción, por el presunto incumplimiento de los artículos 4° y 36° de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor. Así fue como la Dirección de Protección Jurídica del Consumidor efectuó la denuncia penal.

Hace dos semanas la fintech fue noticia por el incumplimiento del pago de las utilidades a sus inversores. En ese marco, Muszak confirmó a distintos medios que esa semana “se dejó de pagar el cupón de interés de los tres fideicomisos” y que propuso un plan de pagos a los inversores que “contempla su inversión y la viabilidad del negocio”.

Ahora, la novedad, según publicó Infobae, es que Diego Manuel Paz Zaravia, a cargo del Juzgado Comercial N°16 porteño, embargó a Wenance y a Muszak por 450 millones de pesos en concepto de capital, intereses y costas, luego de que Latam Consumer Credit BV, un fondo de inversión radicado en Holanda con domicilio fiscal porteño y constituido ante la AFIP al menos desde 2017, lo denunciara por una deuda de 300 millones de pesos asumida el 24 de junio de 2021 en una serie de seis pagarés firmados ante escribano de entre 47 y 55 millones de pesos cada uno.