La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, que subrogó a su par Juan Carlín, dará a conocer el martes 24 de octubre a las 11, su resolución respecto del acuerdo de juicio abreviado que le presentaron el fiscal, Santiago Alfieri Porqueres; y los defensores de los imputados Roberto Ariel Rodríguez y Juan Manuel Oliva –ambos enfermeros suboficiales del Servicio Penitenciario de la provincia–, Boris Cohen, y Constanza Bonazzola y Juan Pablo Temón, respectivamente.

Rodríguez, de 40 años, y Oliva, de 41 años, fueron imputados a partir de la denuncia que realizó la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la provincia, Cecilia Bértora, quien denunció la posible comercializaron estupefacientes en la Unidad Penal y distintos delitos cometidos con dispositivos de telefonía celular y almacenamiento, que eran ingresados y mantenidos en forma clandestina en la Unidad Penal.

Acordaron cumplir la pena de un año y seis meses de prisión condicional, más la inhabilitación especial por tres años y la observación de normas de conducta, por dos años, cada uno.

En hechos individuales, Fiscalía entendió que Rodríguez y Oliva, en calidad de autores, “sin poder precisar desde cuándo, pero hasta el 25 de octubre de 2022, en circunstancias de prestar servicio en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, el suboficial Roberto Ariel Rodríguez a cambio de dinero, ingresó a la unidad penitenciaria teléfonos y otros elementos de valor, coordinando con internos de la Unidad Penal y/o con familiares de ellos; articulando pagos en efectivo, incumpliendo con ello los deberes que le incumben como Agente Penitenciario de Entre Ríos, en los términos de los artículo 14 y 15 de la Ley Provincial Nº 5.797 - Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de Entre Ríos”.

En la audiencia, el fiscal señaló que la investigación está abierta respecto de las responsabilidades que le podrían corresponder a internos que están investigados por la presunta comercialización de estupefacientes en la Unidad Penal de Paraná.