Guillermina Ferraris
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Pasaron cuatro meses desde que el Gobierno nacional hizo público el decreto que habilita una nueva reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal, que permitirá el autocultivo de la planta; y cinco meses desde que se presentó el proyecto de accesibilidad al cannabis terapéutico en la provincia de Entre Ríos, que ya obtuvo media sanción.

La última noticia trascendente en la materia ocurrió el 1° de marzo, cuando el Presidente Alberto Fernández pronunció por primera vez la palabra “cannabis” frente a la Asamblea Legislativa, durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Allí mencionó que la planta “tiene grandes propiedades con fines medicinales e industriales” y profundizó en que “la industria mundial del cannabis triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años”. En rigor: la noticia fue que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto que, en palabras del jefe de Estado, “prevé la autorización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial”.

En medio de estos hechos, desde diferentes puntos del país e incluso desde el sector estatal, comenzaron a surgir propuestas de proyectos orientados a explotar el potencial financiero de la planta. Ocurre que hace algunos meses, el economista Andrés López comenzó una investigación encargada por el Ministerio de Desarrollo Productivo. El director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) es, además, miembro de un consejo asesor enfocado en el “cambio estructural”, al que el Gobierno le pidió ayuda para identificar los sectores prioritarios para la política industrial en la Argentina y el cannabis medicinal surgió como uno de ellos.

Así fue como desde principios de febrero, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tomó las riendas de la regulación de la industria y se puso a redactar la iniciativa parlamentaria.

Cannabis regional productivo

Efectivamente, son muchas las provincias interesadas en desarrollar nuevas fuentes de negocios a partir del uso del cannabis, como Jujuy, Corrientes, Misiones, La Rioja, Mendoza y San Juan, entre otras, a las cuales también podría sumarse Entre Ríos. Luego de que en noviembre de 2020 la Cámara de Diputados provincial diera media sanción al proyecto de ley de Accesibilidad al Cannabis Terapéutico, el Senado entrerriano incluyó en el dictamen final una modificación referida a la unificación de criterios en consonancia con la nueva reglamentación Nacional de Cannabis Medicinal, por lo cual el proyecto debió ser enviado nuevamente a Diputados. “Este regreso al recinto de origen será una oportunidad para aplicarle nuevas modificaciones”, confirmó el diputado Néstor Loggio, quien junto con su par Silvia del Carmen Moreno, es autor de la letra de la normativa.

El legislador de Concordia adelantó que “hay una iniciativa del Ministerio de Producción para incorporar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en la producción regional de cannabis medicinal”. Además comentó que está previsto que el proyecto sea debatido en marzo, habiendo ya adjuntado las modificaciones y que se le dará al Poder Ejecutivo un plazo máximo de 60 días para la reglamentación de la ley, una vez puesta en vigencia.

Para analizar la nueva propuesta de incorporación al proyecto de ley, MIRADOR ENTRE RÍOS dialogó con el abogado penalista, asesor legal de la Agrupación Paranaense de Agricultorxs Cannabicxs y coordinador del área drogas de la Asociación de Pensamiento Penal, Andrés Bacigalupo, quien llevó adelante la coordinación del grupo redactor del proyecto hasta la obtención de la media sanción.

El letrado explicó que “un sistema de salud aceitado y eficiente, que garantice la accesibilidad de cannabis a usuarios y cultivadores, que a su vez puedan estar protegidos de la criminalización y los allanamientos, son cuestiones que llevarán tiempo, recursos y esfuerzos de coordinación. Considero que esa es la mayor prioridad en estos momentos”, enfatizó.

Lo cierto es que en su versión original, la ley entrerriana nace con el espíritu de reconocer el derecho a la salud, que el gobierno nacional legisló en el año 2017, a través de la ley 27.350 de Cannabis Medicinal, pero que a pesar de contar con dos reglamentaciones impulsadas por gobiernos distintos, al día de la fecha aún no se encuentra implementada.

“Por otro lado, para que la regulación de la actividad productiva sea efectiva, deberán garantizarse muchas gestiones que necesariamente requieren de otra organización, presupuesto, tiempo y diálogo interministerial. En ese sentido, el enfoque y los derechos en materia de salud resultan de una urgencia impostergable, que en mi opinión no deberían estar supeditadas a los tiempos del mercado”, analizó Bacigalupo. Además, concluyó en que “lo ideal sería tomarse el tiempo prudente para diseñar un proyecto industrial provincial en el que puedan converger los intereses tanto del sector productivo estatal, como el comercial, el empresarial, pymes, micropymes, etc. Lo importante es poder contar con la capacidad y voluntad política de estudiar detalladamente los costos y la mejor forma de regular esta actividad teniendo en cuenta lo que refiere a materia impositiva, entre otras cuestiones. También se volverá necesario crear de forma coordinada una autoridad de aplicación, que se adecue a las características de regulación del mercado cannábico. Recordemos que la autoridad de aplicación de la ley de acceso al cannabis medicinal actualmente es el Ministerio de Salud”.

El especialista sostiene que, teniendo en cuenta la existencia de proyectos de ley de cáñamo industrial en el Congreso de la Nación, apresurarse a legislar sin estudiar el tema en profundidad, y sin antes modificar la Ley de Drogas 23.737, puede hacer que la normativa provincial traiga problemas de constitucionalidad, o bien podría quedar vetusta al poco tiempo de su aprobación.

Prioridades

A nivel nacional, el anuncio de Fernández sobre cannabis estrictamente industrial y medicinal, provocó cierto descontento generalizado por parte de aquellas ONGs que militan desde hace décadas por un cambio estructural en las políticas de drogas. En otro tramo de su discurso, el mandatario hizo mención a la situación penal que enfrentan millones de usuarios, usuarias y cultivadores, apuntando a lo que considera un cambio de paradigma: “En la política de drogas priorizamos la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y no la política de persecución del consumo que regía previamente”.

Sobre este tema, Bacigalupo opinó que “no se puede priorizar la faz productiva e industrial sin proceder a despenalizar las conductas asociadas al consumo. Entiendo claramente que en una provincia como es el caso de Entre Ríos, no se pueda llegar tan lejos, pero el Congreso de la Nación tiene amplias facultades constitucionales para despenalizar o excluir de la ley penal a toda actividad relacionada a su consumo, sin violar incluso la normativa internacional. En rigor, las convenciones internacionales no le imponen al Estado argentino que deba utilizar el régimen penal y represivo con respecto al consumo o venta de esta sustancia”.

Sobre el final, el abogado se refirió a que “el hecho de que el Presidente hiciera expresa alusión a la cantidad de ‘marihuana’ secuestrada en su gestión, directamente conlleva a la idea de que el Estado nacional decide seguir el camino represivo y punitivo sobre la misma sustancia que se prevé industrializar y comercializar por completo”.