Carlos Retamal


Minutos antes de las 23 del miércoles 18 de agosto, dos personas en moto balearon el edificio del Centro de Justicia Penal de Rosario. Al menos dos de los plomos impactaron en los vidrios blindados del inmueble ubicado en el barrio Hospitales, en la zona sur de Rosario. El ataque es el cuarto que se registra en menos de tres años. Este viernes comenzaba un juicio oral contra el jefe de la banda Los Monos, por la primera de esta mafiosa saga de balaceras contra edificios del Poder Judicial y viviendas de fiscales o funcionarios judiciales.

Minutos después de las 23 del miércoles 18 de agosto, desafiando la restricción de circulación vehicular impuesta en el marco de la pandemia (hasta las 22), dos personas en una moto Yamaha, en principio de color roja, atacaron a tiros la fachada del inmueble ubicado sobre calle Sarmiento, entre Rueda y Virasoro.

El edificio cuenta con custodia policial en el perímetro exterior y también en el interior, pero eso no fue obstáculo para que sicarios hicieran su trabajo y dejaran a la ciudad inmersa en la incertidumbre y el miedo.

Personal del gabinete criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) halló dos impactos de bala sobre la fachada del edificio vidriado que da a calle Sarmiento y recogió siete vainas servidas, calibre 9 milímetros, que fueron enviadas a peritar.

El ataque no dejó heridos de bala, pero sí marcas en el imaginario colectivo de la gente que ve como la ciudad sigue a merced de las balaceras, el sicariato y los crímenes; y también en el Poder Judicial, donde por ejemplo el fiscal general Jorge Baclini indicó que el hecho consumado menos de 48 horas antes del inicio de un nuevo juicio contra una de las bandas que marcó a la ciudad “es una situación condicionante para todos los actores” que estarán involucrados en ese proceso.

Por su parte, el presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, Gustavo Salvador, sostuvo que el ataque “es una muestra de intimidación a la Justicia y un desafío a la autoridad del Estado”. En declaraciones radiales, agregó que “la mayoría de los hechos de amedrentamiento, no solo a integrantes del Poder Judicial o a edificios judiciales sino a personas particulares, están organizadas desde distintas cárceles del Servicio Penitenciario. No lo decimos nosotros, lo dicen las pruebas que surgen en distintos juicios”.

Y continuó diciendo: “Tiene que haber un firme compromiso de todos los poderes del Estado para tratar de evitar estos episodios”. “No se puede seguir tolerando que se intente coartar la independencia de los jueces y el trabajo que llevan adelante los fiscales mediante actos intimidatorios de esta naturaleza”, finalizó.

Operativo, un día más tarde
El ataque se produjo a horas del inicio de un amplio operativo (iban a participar más de 200 policías y casi 50 vehículos) que se iba a implementar a partir de este jueves, por el juicio oral y público que va a comenzar mañana –si es que no hay suspensión– contra el líder de la banda Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, como responsable de una serie de atentados a balazos cometidos entre mayo y agosto del año 2018 contra distintos objetivos del Poder Judicial (la sede del Centro de Justicia Penal y viviendas de distintos funcionarios judiciales).

Informe clasificado
En la tarde del miércoles, el diario Clarín publicó una nota sobre el juicio que tiene como fecha de inicio este viernes en Rosario. El mismo señala que la Policía de Santa Fe está en alerta máxima debido a un informe confidencial en el que se advierte que juzgar al principal acusado (Cantero) tenía “riesgo extremo” si se hacía presencial y “riesgo alto” si se hacía virtual.

También se señala que “la presencialidad, que implicaría el traslado diario y repetitivo de los imputados, daría una ventaja táctica considerable al oponente”, que “la sola presencia del principal acusado genera entre los malvivientes una motivación extra para el desafío a la justicia y el orden público”, y que el juzgamiento de forma virtual “puede causar lesión severa (a las personas), daño significativo a la propiedad y contener serios riesgos potenciales que son probables de ocurrir” entre otras apreciaciones, dejando en claro que había un alerta máxima ante la posibilidad de ataques a tiros, algo que finalmente ocurrió.

Saga de ataques

Los ataques contra el Poder Judicial que comenzarán a ser juzgados este viernes comenzaron a fines de mayo y finalizaron en agosto de 2018.

El listado da escalofríos. Comenzó el 29 de mayo, con el ataque contra dos viviendas vinculadas al juez Ismael Manfrín, que integró el tribunal que condenó al grupo Los Monos, en Italia al 2.100 y Montevideo al 1.000.

Siguió el 30 de junio, contra el frente de una vivienda en Braille al 1.400 que perteneció a Ariel Lotito, ex integrante de la División Judiciales que participó de la investigación contra la banda de Los Monos.

El siguiente ataque fue el 26 de julio, esta vez contra viviendas ubicadas en Zeballos al 2.500 y Dorrego al 1.600, vinculadas a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, que también integró el tribunal en el juicio oral y público contra Los Monos.

Luego fue el turno de un edificio ubicado en Libertad al 300, que fue atacado el 4 de agosto. En ese inmueble, ubicado a metros del Monumento a la Bandera, había pertenecido a la familia de la jueza Usandizaga. Esa misma noche se registró una balacera contra el Centro de Justicia Penal (CJP) ubicado en Sarmiento y Rueda.

Al día siguiente, el ataque fue en Tarragona al 700 bis, vivienda que se presume fue apuntada por error, ya que la familia de la jueza de Cámara Carolina Hernández (quien formó parte del tribunal que revisó la sentencia) vive en Tarragona al 700.

El 10 de agosto balearon una vivienda de la familia Usandizaga, ubicada en Buenos Aires al 1.700 y el 13 de agosto las balas impactaron en el frente de un edificio ubicado en San Luis al 1.400, que pertenece a la familia de la jueza de Cámara Gabriela Sansó, que también formó parte del tribunal que revisó la sentencia.

El 14 de agosto hubo un ataque contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional) ubicada sobre calle Montevideo al 1.900, a menos de 100 metros del Palacio de Tribunales.

Y el último hecho registrado ese año, y que forma parte de la saga de balaceras que serán analizadas en el juicio que comienza este viernes ocurrió el 28 de agosto, cuando desconocidos arrojaron una granada de gas lacrimógeno en Lamadrid al 500, donde está la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).

Ocho en el banquillo

Ariel “Guille” Cantero será imputado como ideólogo de estas intimidaciones y podría ser sentenciado a 24 años de cárcel. Está alojado en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires y desde ese lugar seguirá el juicio en su contra.

Las otras siete personas que serán juzgadas, también en forma virtual, son Leandro Daniel Olivera, Daniel Oscar Chávez, Matías Nicolás César, Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado y Leonel Alejandro Fernández, todos alojados en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, y Lucía Estefanía Uberti, quien está en la Unidad 5 de Mujeres de Rosario.