MIRADOR ENTRE RÍOS
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La velocidad con la que la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos aprobó el trámite de jubilación del vocal del STJ fue motivo de polémica en las redes sociales y causó revuelo en la opinión pública. Si bien Emilio Castrillón ya estaba en condiciones del pase a retiro, llamó la atención la celeridad, en vistas al tiempo que demora este tipo de trámite, en general.

El viernes 7 de mayo, Castrillón fue notificado de su jubilación, por lo que automáticamente deja de ser vocal del STJ, lo que trae aparejado la caída del trámite de juicio político presentado en su contra por el periodista Tirso Fiorotto.

Uno de los comentarios que más polémica despertó fue el del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Atilio Benedetti, quién en su cuenta de Twitter expresó: “Le otorgan una jubilación express a Castrillón, lo salvan del juicio político y evitan que hable sobre las mafias y el cajoneo de causas. PJ explícito”.

La disposición de la Caja señala que “la solicitud del beneficio se formalizó por canal electrónico ante el organismo previsional, con entrega de expediente del reconocimiento de servicios en el orden nacional” y que por lo expuesto “y teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios, el presente caso reúne los extremos legales previstos” en la Ley de Jubilaciones N° 8.732, que “establece que tendrán derecho a la jubilación ordinaria los afiliados” que acrediten 30 años de servicios computados con aportes en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad”.

Pero además, la Caja justificó el hecho de otorgarle la jubilación a los 60 años a Castrillón –no alcanzó la edad exigida de 65- a la cantidad de años de aportes que posee. El artículo 39° de la Ley de Jubilaciones, dice la resolución del organismo previsional, ordena que “al solo efecto de acreditar el mínimo de edad necesaria para el logro de la jubilación ordinaria común se podrá compensar el exceso de años con la falta de edad”.


INDAGATORIA


En la misma jornada del viernes, el abogado y ahora juez jubilado paceño tuvo que presentarse en la fiscalía de La Paz, a cargo del fiscal Sobko, en la que prestó declaración por la denuncia de amenazas coactivas, presentada ante ese ente por Carlos Barboza (ex director de Juntas de Gobierno y padre de Facundo, fiscal que tiene a su cargo la causa por los incidentes protagonizados por Castrillón en un kiosco de La Paz).

Barboza denunció que Castrillón le envío mensajes amenazantes, entre los que se destacan el anticipo de una acción de impugnación que impediría el crecimiento laboral de su hijo como fiscal en otra localidad entrerriana.

Ya sin el jury de enjuiciamiento en el horizonte, Castrillón aún debe afrontar las causas iniciadas por Barboza y Lukacs, el dueño del comercio lindero al domicilio de Castrillón, donde se suscitaron los hechos violentos del 28 de marzo.