El gobernador Miguel Lifschitz junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y el presidente de la Corte Suprema de la Provincia, Daniel Erbetta, firmaron el miércoles 29 un convenio de asistencia y cooperación recíproca para implementar la oralidad en los procesos civiles y comerciales que se tramitan en la justicia santafesina.
Lifschitz señaló que “hay una demanda fuerte de justicia y es nuestra responsabilidad dar respuestas y traducirlas en acciones y políticas para que los ciudadanos puedan verse satisfechos”.
“Se necesita hacer cambios y transformaciones, y la oralidad es una herramienta que acerca la justicia a los ciudadanos y acorta los tiempos. Tenemos el enorme desafío de construir un Estado mucho más moderno, democrático y participativo”, resaltó.
“Es valioso que podamos estar en una misma mesa los tres poderes del Estado. Coincidimos todos en la necesidad de consolidar una política que unifique criterios y tenga una perspectiva de largo plazo”, valoró el gobernador.
Soluciones entre todos
Garavano señaló el compromiso del Estado nacional de “trabajar con las justicias de todas las provincias” y construir entre todos “soluciones”. Además, valoró la actitud de los jueces de “dejar el status quo en beneficio de la gente y dar respuestas”.
Aumentar la calidad de respuesta
Tras la firma del convenio, que se da en el marco del programa Justicia 2020, se implementarán entre las partes actividades, proyectos en conjunto, capacitaciones, estudios y trabajos.
El objetivo es “aumentar la calidad de las decisiones jurisdiccionales, reducir los plazos y maximizar la satisfacción de los usuarios del sistema de justicia civil”, precisó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Silbertein.
Finalmente, Erbetta calificó como “positiva la articulación de los poderes a la hora de definir políticas públicas. Si queremos una justicia cercana y que llegue a tiempo hay que repensar los modos de trabajo y litigación”.
El acto tuvo lugar en el salón Blanco de la sede del gobierno de la ciudad de Rosario y contó con la presencia de autoridades provinciales y judiciales.