Ignacio Pellizzón | [email protected]


Días pasados se llevó adelante en los tribunales de la localidad de San Lorenzo una nueva audiencia, en el marco de la investigación que se está desarrollando contra la empresa Petroquímica Bermúdez por presunto daño ambiental. En la nueva instancia judicial se iba a discutir sobre una toma de muestras que se realizaron en la planta sobre las que el fiscal Matías Edery señaló que se evidenciaría que la compañía “diluía los contenidos de los pozos con agua limpia que traían con un caño”. Ahora, se pasó a un cuarto intermedio.

En diciembre de 2020, la Fiscalía de Estado presentó una nueva denuncia de contaminación contra la firma. En esa investigación se fueron a tomar muestras en pozos de agua y en tierra para ver los niveles de contaminación actual del predio. Cuando fueron del ministerio de Medio Ambiente y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a tomar las muestras detectaron pozos que no estaban habilitados ni mencionados por la empresa.

De acuerdo al informe presentado “esos pozos se usarían para agregar agua en los pozos contaminados para diluir la contaminación. Por supuesto que esa contaminación no desaparece, sino que se va a las napas y a la tierra, pero cuando tomas muestras el nivel da más bajo”, señaló el fiscal a Mirador Provincial.

Funcionarios del ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe manifestaron que dicha extracción de agua no estaba autorizada en el plan de remediación que una empresa de ingeniería está llevando a cabo en el predio de Petroquímica Bermúdez. “Posiblemente la misma podría estar generando una depresión de las napas en una parte y carga de las mismas en otra, por lo que las napas estaban siendo intervenidas, posiblemente deprimidas y generándoles un cambio en su dirección subterránea natural”, según indica el portal SL24.

En contacto con Mirador Provincial, la referente de Taller Ecologista, que sigue la causa, Cecilia Bianco, contó que “todavía no están los resultados” de las muestras tomadas. Cuando esté el informe definitivo, se va a poder confirmar o no si efectivamente se estaba contaminando.

El delito por contaminación prevé una escala penal de 3 a 10 años. “El que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, detalla el art. 55 de la Ley 24.051. A su vez, “habría que agregarle multas millonarias para la reparación del ambiente”, confió el fiscal Edery.

Además de la irregularidad mencionada, también se encontró, según el informe, una “mínima” pérdida de un tanque ubicado en la planta de producción de clorobenceno, que, si bien ya se había detectado en la inspección del predio llevada a cabo el jueves 23 de septiembre, se constató con el análisis de las vistas aéreas que no estaba abierto en su extremo superior, por lo que la pérdida podría tratarse del contenido presente en dicho tanque”.

Acorde al procedimiento, también se pidió autorización para realizar la toma de muestra y contramuestra desde una válvula ubicada en la parte inferior, cuyo goteo caía directamente al suelo. “Las contramuestras fueron entregadas con sus respectivas cadenas de custodia al laboratorio de la empresa” que lleva adelante el plan de remediación mientras que las muestras “fueron remitidas al Laboratorio Forense Rosario para su posterior remisión a laboratorio que realice análisis cuantitativo de los compuestos orgánicos volátiles de interés”.

Ahora se convocó a un cuarto intermedio hasta que la Cámara de Apelaciones establezca si el juez interviniente en la causa, Eugenio Romanini, quien fue recusado por los directivos de la firma, tiene competencia judicial para avanzar o es necesario que intervenga otro magistrado.

Desde el entendimiento de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes se opusieron a este proceso, argumentaron que se trata de una nueva investigación la que se está desarrollando.

Una anulación clave

Recientemente el juez penal de San Lorenzo, Carlos Andrés Gazza, resolvió hacer lugar al pedido de los fiscales y declaró nula la resolución que hace dos años dio por cerrada la causa por contaminación contra la ex Petroquímica Bermúdez. “El tribunal no puede aceptar que la investigación no siga adelante”, sostiene el fallo en uno de sus apartados.

La causa se cerró el 8 de marzo de 2019, y de acuerdo a los testimonios que se volcaron en las audiencias, fue por orden del ex fiscal regional Patricio Serjal. La decisión fue trasladada por el fiscal de San Lorenzo, Juan Carlos Ledesma, al juez Juan José Tutau. Sin embargo, el fallo no cuestiona el accionar de Tutau: considera que ordenó la medida porque le ocultaron información.

Por este caso se encuentran imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento el propio Serjal y el ex fiscal Gustavo Luzzini.

En base a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery -quienes llevaron adelante la investigación y pidieron la nulidad del cierre de la causa-, Serjal y Luzzini actuaron para favorecer los intereses del dueño de la empresa, el empresario Sergio Taselli. “El Estado no puede archivar una causa de esta forma”, dijo Schiappa Pietra en su alegato. La defensa de la empresa había apelado al concepto de cosa juzgada, que fue rechazado por el juez.

El juicio oral se desarrolló en los tribunales de Rosario durante cuatro audiencias y posteriormente se escucharon los alegatos de las partes. En el transcurso de las audiencias prestaron testimonio el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini; el ex fiscal de Estado, Pablo Saccone; el ex secretario de Medio Ambiente del Frente Progresista, César Mackler; el fiscal Juan Carlos Ledesma y el juez Tutau, entre otros.

La investigación que llevaron adelante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery terminó con una denuncia contra los dueños de la empresa por “contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos”.

Se presume que en la planta había sustancias contaminantes como amoníaco, amianto y ácido sulfúrico y que la ex Petroquímica Bermúdez no tomó ninguna medida para evitar el grave daño ambiental que estaba produciendo. Para los delitos de esta naturaleza las penas oscilan entre tres y diez años; si por causa de esos delitos se produce una muerte, pueden llegar a 25 años.