Una vez más, Rosario mostró la cara más violenta del fenómeno narcocriminal del país: en lo que va del año, superó el número de asesinatos del último lustro al contabilizar 236 homicidios, registró decenas de balaceras contra edificios públicos y privados como método de amenaza y extorsión, y el jefe de la banda "Los Monos", Ariel "Guille" Cantero, sumó otras dos condenas y acumula penas por 96 años de prisión, aunque todo indica que desde la cárcel sigue liderando la venta de drogas y el delito organizado en la región.
 

La crisis de seguridad pública que persiste en la tercera ciudad más poblada del país provocó en dos años el cambio de seis cúpulas policiales y consumió la gestión del primer ministro del área del gobernador Omar Perotti, Marcelo Sain, quien renunció en marzo pasado en medio de una disputa con la oposición política.

También motivó la intervención del Gobierno nacional, que en marzo envió 300 efectivos federales a la ciudad y en octubre, cuando asumió el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, reforzó con otros 575 gendarmes y la creación de unidad fija en la ciudad.

El departamento Rosario registró, hasta el 15 de diciembre último, 236 homicidios, una cifra que supera el récord de 2015, que según las estadísticas del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe había alcanzado a 234 víctimas.

La misma fuente indica que más del 60 por ciento de esos crímenes (141) tuvieron como contexto la "economía ilegal y las organizaciones criminales".

Una investigación conjunta entre la Agencia de Criminalidad Organizada, fiscales federales de Rosario y la Procunar (Procuraduría contra la Narcocriminalidad), puso en evidencia cómo "Los Monos" coparon a sangre y fuego la venta de drogas en un barrio cuyo control lo ejercía el jefe de la otra banda importante de la ciudad, la liderada por Esteban Lindor Alvarado, también preso desde febrero de 2019.

Según esa investigación, entre mediados de 2020 y septiembre de 2021 se registraron en barrio Godoy 23 balaceras y 12 homicidios.

Cuando los pesquisas pusieron la lupa sobre ese territorio descubrieron que otro preso, Pablo Nicolás Camino, había decidido correr del barrio a los tiros a la gente de Alvarado, por orden de "Guille" Cantero y de otro detenido, Leandro "Pollo" Vinardi.

El 30 de septiembre, Cantero fue condenado a 22 años de prisión como instigador, desde la cárcel, de siete de las diez balaceras registradas en 2018 contra inmuebles judiciales y domicilios particulares de jueces, que habían intervenido en el primer juicio contra él, por asociación ilícita y homicidio.

El día antes a que se iniciara el juicio, a mediados de este año, fue baleada la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde iba a desarrollarse el proceso oral, por dos jóvenes que dispararon desde una moto.

Un fiscal ordenó requisar la celda de Cantero en el penal federal de Marcos Paz por esa investigación, y le encontraron un teléfono de línea que utilizaba él de manera exclusiva.

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El 8 de octubre, tras imputar a 16 personas ligadas a un grupo comandado por Cantero –de las cuales 12 ya estaban presas-, el fiscal rosarino Pablo Socca dijo en medio de la audiencia: "No hay que investigar más a 'Guille' Cantero. Tiene condenas por 84 años, ¿Qué estamos haciendo, gastando plata en policías, fiscales, jueces y operativos, para qué? Lo único que hay que hacer es impedir que tenga acceso a un teléfono".

Ese mismo mes, Cantero fue condenado por la Justicia Federal, mediante un juicio abreviado, a 12 años de prisión en una causa por tráfico de cocaína, por lo que acumuló penas por 96 años, aunque el Código Penal establece que no se puede cumplir un castigo mayor al medio siglo de encierro.

También en octubre, cinco miembros de la banda de Alvarado –que irá a juicio por transporte de marihuana y está detenido por homicidio y asociación ilícita- fueron condenados por lavado de activos y les impusieron multas por $ 50 millones, lo que revela el poderío económico de esa organización, rival de "Los Monos".

La violencia que emplean las organizaciones criminales se centró en noviembre en un rubro comercial puntual: las estaciones de servicios.

Seis de esos establecimientos fueron baleados en pocos días, en una modalidad más o menos habitual que han sufrido otros rubros, que son atacados por grupos mafiosos que les piden dinero a cambio de seguridad de ellos mismos.

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Sin embargo, en estos casos que aún no fueron esclarecidos, la fiscal que los investiga, Valeria Haurigot, apuntó a un intento por sembrar pánico en la población e inestabilidad en los gobiernos locales y afirmó que una hipótesis es la de la "intimidación pública", atento a que los comerciantes no recibieron llamados extorsivos.

Todo indica que la cifra de las 236 víctimas de homicidio podrá ser superada en los días que restan para culminar el año, mientras las autoridades judiciales y policiales, tanto provinciales como nacionales, trabajan insistentemente en la planificación de estrategias de prevención, con presencia de efectivos de seguridad en las calles, para intentar mitigar las altas tasas de delitos.

Con información de Télam