El conflicto por la Estancia El Carmen, ubicada en la localidad de San Mariano, departamento Las Colonias -a 85 kilómetros de Santa Fe- comenzó en el año 2014, cuando se presentó en el campo la Fundación Vida Silvestre Argentina, invocando que, por un testamento, tenía derechos patrimoniales sobre la propiedad. En ésta reside el matrimonio Olmos y Gómez, quienes junto a su familia viven y trabajan desde hace más de 30 años. Por esto invocan derechos de propiedad reconocidos por la ley –a través de la figura de "usucapión"- ante el abandono que sufrieron ellos y el predio que titularizara Carlos Saavedra Lamas, premio Nobel de la paz y bisnieto de Cornelio Saavedra.

Esta situación se está dirimiendo en el ámbito de la justicia Civil desde hace varios años, y tal como lo señaló la jueza en lo Penal Susana Luna en su resolución de hace pocos días, "previo a dar trámite de audiencia para el tratamiento de medidas cautelares solicitadas por las fiscales y parte querellante, debe analizar la existencia de causas civiles en trámite ante el Tribunal Extracontractual Nº 4 de Santa Fe, a los fines de evitar un "estrépito fori" –colisión de fueros-, toda vez que conforme lo han denunciado las defensas técnicas de los imputados, tales pretensiones se topan con resoluciones judiciales vigentes en sede civil que los ampara".

En tal sentido, en diálogo con el doctor Raúl A. Freyre, se pudo conocer que se han presentado ocho cuerpos de expedientes judiciales remitidos por el citado Tribunal a la Jueza en lo Penal, a los fines de acreditar que lo peticionado por las fiscales –desalojo del predio y embargos- se contrapone "con resoluciones judiciales que prohíben ello", dictadas en esa sede civil hace más de siete años, como así también de la existencia de "un convenio entre partes que tiene los efectos de la cosa juzgada".
El mencionado convenio establece "el reconocimiento de la posesión a los imputados Sra. Olmos y Gómez del predio inmueble rural denominado Estancia El Carmen, y los animales vacunos que se encuentran actualmente en el predio, entre otros". Los abogados explican que "mediante ésta y otras presentaciones que se hicieron en la causa, junto con más de 1000 fotografías, se prueba la inexistencia de delito", y denuncian que "tanto las fiscales del MPA como el abogado de la parte querellante han omitido informar de ello a la jueza, lo que resulta sumamente grave".

Sacrificios

Recordemos que, a fines del 2021, tanto el abogado Raúl Freyre como los mencionados ocupantes legítimos del campo sufrieron allanamientos con un enorme despliegue por parte del MPA, lo que se suman a los hostigamientos previos por parte de quien pretende hacerse del campo, la Fundación Vida Silvestre Argentina, desde hace varios años y de diversas maneras.

Sobre esto, A. Olmos refiere que "esta Fundación utiliza a los animales como una cara de beneficencia, pero con nosotros, que somos seres humanos han actuado ferozmente mandando a prender fuego en el campo alrededor de nuestra casa, amenazándonos con armas de fuego, exigiendo que nos vayamos y nosotros hemos resistido porque no queremos abandonar lo que nos corresponde".

Olmos expresa que trabaja desde la infancia en este campo, "al igual que mis hijos, y somos nosotros los que hemos alambrado casi todo el predio, instalado los corrales, trajimos la luz eléctrica y así de a poquito lo pusimos en producción, lo que nos llevó veinticinco años; y por otro lado, aunque no se crea ha existido un total abandono por quien fuera su propietario. Me gustaría saber dónde estaba esa Fundación y todas las personas que ahora aparecen, cuando nosotros vivíamos en el abandono absoluto con mi hijo de nueve años, yendo al monte a recorrer el estado de los animales porque mi esposo estaba en sillas de rueda por la patada de un caballo que lo dañó gravemente, o mi hija que tiene una incapacidad de por vida en su hombro por haberse tumbado el sulky un día de lluvia camino a la escuela. O cuando los animales se morían por falta de agua porque los molinos estaban rotos, o se encajaban en las aguadas por falta de mantenimiento".

A. Olmos manifiesta que "solo pedimos que el Juez que está actuando en nuestro caso nos reconozca los derechos luego de tantos años de sufrimiento. Obviamente, si entiende que hemos cumplido con lo que nos exige la ley, y para eso hemos presentado todo lo que se nos ha pedido. Hasta hemos firmado un acuerdo para terminar con tanta violencia con esa Fundación, pero no nos cumplieron con el pago y encima a fin de año nos mandaron a la policía, con amenazas".

Mientras tanto, el caso ahora podría tomar otro cariz al haberse objetado, en el juicio testamentario que se tramita en Buenos Aires, el testamento que otorgaría supuestos derechos a la Fundación Vida Silvestre. "Quien habría testado no tendría los derechos para haberlo realizado, no habría sido su contenido de la voluntad del testador, como tampoco la Fundación habría cumplimentado con los cargos que se le impusieron para acceder a tal derecho, que consistían en trasladar los avestruces que tenía el testador en la localidad de Brandsen a un lugar seguro, ya que habrían sido víctimas fulminadas de los cazadores, y abonar los cargos de expensas del cementerio de la tumba del testador" explicó Freyre.