Pasado el mediodía de este miércoles, el abogado Federico Gasparutti que cumplía funciones en el Área Legales de la Municipalidad de Reconquista presentó su renuncia al cargo, golpeado por la imputación que recayera sobre su persona el viernes pasado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de sus deberes públicos, prevaricato y de falsedad ideológica de instrumento público, en base a una investigación en la que se le endilgan dos hechos ilícitos, uno ocurrido entre noviembre y diciembre de 2020 y el otro, en abril del año pasado.

Puntualmente, los casos que desembocaron en su dimisión son investigados por la Unidad Fiscal local. El primero se trata del abaratamiento de una multa de tránsito a un infractor, al que habría ofrecido la “reducción del monto a pagar” y por lo cual “intercedió de manera intencional e indebida para que el otro hombre abonara sólo la mitad de una multa y le entregara dinero a él a cambio de la bonificación ilegal”, de acuerdo a la acusación formal del fiscal Nicolás Maglier.

En tanto, el restante hecho tiene que ver con que “el funcionario además es investigado por una conducta ilícita que llevó adelante en abril del año pasado”, donde “nuevamente, se valió de su puesto de trabajo para favorecer al mismo hombre”, al emitir “una certificación de cumplimiento de normas de conducta a sabiendas de que ello no había sido así”. De acuerdo con lo precisado por el fiscal, “a raíz de la suspensión de un juicio a prueba a su favor, el hombre beneficiado debía realizar tareas comunitarias para la Municipalidad reconquistense”.

En diálogo con El Litoral, el fiscal interviniente reveló que la imputación de Gasparutti se produjo debido a audios recabados por intervenciones telefónicas en la investigación de otra causa - y que obran como prueba -, ante los cuales debió actuar de oficio. Paralelamente, dijo que, en el caso de la suspensión del juicio a prueba, el hombre que debía realizar las tareas comunitarias en el gobierno local había sido hallado autor del delito de estafa, cometido en la provincia de Córdoba.

Tensión política

Como era de esperar, el caso provocó una fuerte tensión política entre la oposición y el oficialismo. A media tarde del lunes, el interbloque de concejales de Juntos por el Cambio expresó en un comunicado su “preocupación ante los hechos de público conocimiento relativos al abogado Federico Gasparutti”, y sostuvo que “hechos de esta naturaleza imponen una definición indubitable por parte del intendente municipal que priorice y resguarde la credibilidad en el estado municipal, de la política en general y de su gestión en particular”.

El espacio compuesto por los ediles Fedra Buseghín, Roald “Coco” Báscolo, Walter Kreni, Hugo Firmán y Natalia Capparelli, exigió al intendente Vallejos que “tome las decisiones necesarias e imprescindibles para evitar menoscabar la credibilidad de la función pública, disponiendo el apartamiento del cargo de toda persona imputada penalmente por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.

Ayer por la mañana, el secretario general de la Municipalidad de Reconquista, Lic. Guillermo Romero Mansur, informó que por directivas del intendente Enrique Amadeo Vallejos se dispuso la suspensión preventiva del abogado imputado y se ordenó la instrucción de un sumario administrativo. Hoy, ante la decisión del funcionario de ofrecer su renuncia, Vallejos resolvió expeditivamente aceptarla apenas presentada.

Además, el titular del gobierno municipal reconquistense aseguró en diálogo con el programa radial ReconquistaHoy que tratan de “mellar la gestión. Estamos en política y no somos ingenuos, este tema también está siendo utilizado por la oposición política, a través de las redes sociales, donde ustedes también pueden comprobar cómo operan con este tema específico”.

“Doble vara”

Desde sectores del oficialismo dejaron entrever su sorpresa y malestar, y hablaron de “doble vara”, por el hecho de que uno de los firmantes del comunicado de Juntos por el Cambio sea el concejal Hugo Firmán, sobre el que apuntaron off de récord que “no renuncia ni se aparta de su cargo” aún a pesar de estar condenado en una causa tramitada por el Tribunal de Cuentas de la provincia ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista por el manejo de fondos públicos al momento en que integraba el Consejo de Administración del Hospital Central de Reconquista.