Así lo expuso la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat en una conferencia de prensa, en donde brindó detalles sobre el estado de situación de la cartera provincial a su cargo. En tal sentido, la ministra indicó que “es alarmante el nivel de endeudamiento porque estamos hablando de más de 8 mil millones de pesos, lo que equivaldría a unos 100 millones de dólares”.

En ese marco, explicó que “la situación de deuda del ministerio es producto no solamente de aquellos certificados de obras u obligaciones que vencieron en diciembre, sino que nos hemos encontrado con acreencias impagas desde el mes de junio o julio en adelante”.

“Nos encontramos con, aproximadamente, entre 500 y 600 millones de pesos que no se pudieron registrar por no haber contado con las partidas correspondientes; y con un esquema de subsidios, aprobado por ley, que hoy registra una deuda de alrededor de 40 millones de pesos”, manifestó la ministra.

“Queremos que el pueblo de la provincia de Santa Fe, la sociedad y los contratistas del Estado santafesino, tengan en claro cuál es la situación actual, para interpretar por qué planteamos en la Legislatura una ley de emergencia. Esta pretende generar un marco legal de acuerdo para hacer los aportes necesarios y resolver esta situación que no empezó hace menos de un mes con la gestión del gobernador Omar Perotti, sino hace mucho tiempo, a través de la falta de cumplimiento con las obligaciones del Estado”, concluyó.

La deuda de la EPE
“También tenemos el endeudamiento de la EPE. Cuando asumió la gestión, ese endeudamiento tenía una factura impaga de 2.000 millones de pesos con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Esa factura correspondiente al mes de julio se pagó, pero aparecieron los próximos vencimientos: uno a fines de diciembre y otro que va a vencer pasado mañana (por este miércoles)”, los cuales “generaron intereses por una cifra cercana a 600 millones de pesos”. En consecuencia, a partir de este miércoles, la EPE va a deber 5.000 millones de pesos a Cammesa, 300 millones a la Caja de Jubilaciones -con la cual se va a hacer un convenio para cumplir con esa acreencia- y otros 300 millones de deuda flotante con proveedores”, detalló la funcionaria.

La situación en números
La deuda total registrada en el SIPAF ($ 3.094.173.296,95), se divide en Infraestructura ($ 846.747.068,65); Obras Públicas ($ 976.615.207,00); Vivienda ($ 236.971.086,00); y Vialidad ($ 1.033.839.935,30). Finalmente, remarcaron que Assa registró un déficit operativo en 2019 de $ 1.323.703.000.