Juan Chiummiento


El gobernador Omar Perotti creó un nuevo programa destinado a modernizar comisarías, subcomisarías y destacamentos policiales, una necesidad varias veces abordada desde la Casa Gris pero que a la fecha no registra resultados demasiado satisfactorios. La apuesta ahora pasa fundamentalmente por eliminar algunas restricciones que tenía el plan anterior, diseñado por el entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.

Las características de la nueva hoja de ruta quedaron registradas en el decreto 1069, firmado por Perotti y el actual titular de Seguridad Jorge Lagna el pasado 2 de julio. Allí se indica que se derogan los decretos 2345/17 y 2464/18, que planteaba un máximo de $ 500.000 para los proyectos acordados con municipios y comunas de toda la bota. El límite, ahora, queda fijado en poco más de $ 8 millones.

Articulación con comunas y municipios
El "nuevo programa provincial de modernización de edificios afectados al Ministerio de Seguridad" tiene por objetivo mejorar las condiciones edilicias de un amplio catálogo de inmuebles, ubicados por fuera de Rosario y Santa Fe -que tienen un régimen particular-. La iniciativa "constituye una herramienta que convoca al esfuerzo conjunto entre provincia y gobiernos locales", reza la norma, que detalla que la articulación con municipios y comunas es necesaria en tanto y en cuanto a que "conocen la realidad del lugar y son quines se encuentran en mejores condiciones de atender las necesidades".

En diálogo con este medio, desde el Ministerio de Seguridad elogiaron el plan pergeñado por Pullaro, aunque subrayaron que presentaba restricciones administrativas que impedían avanzar. "Queríamos que sea más ágil y amplio para no acotar los proyectos que tenga cada municipio o comuna. Además del tema de los montos, había también una cuestión relativa al tipo de obras incluída, por lo que veíamos necesidad de reformular el programa", informaron.

Desde la cartera conducida por Lagna admitieron que el decreto 1069 es por ahora "un primer paso", ya que a la fecha no hay un registro detallado sobre las necesidades de las casi 500 comisarías en toda la provincia. Sí plantearon que en términos generales "hay inmuebles de una antigüedad muy considerable, que en algunos casos presenta hasta riesgo de derrumbe parcial, como un caso en Tostado".

El gobierno santafesino asegura tener 20 obras en desarrollo y aspira a multiplicar esa cantidad en función de la nueva norma. De mínima, la Provincia buscará dejar atrás lo sucedido en 2020, cuando la subejecución en gastos de capital -dentro de Seguridad- fue tal que solo se erogó menos del 15% de lo presupuestado.

"La realidad indica que los edificios actuales en los que fueron dependencias policiales no se condicen con los nuevos modelos en construcción ni con los nuevos desempeños exigidos respecto de la modernización y el equipamiento de las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, no se corresponden con el uso que oportunamente se les asignó", detalla el anexo de la citada norma.

El detalle
Según detalla el decreto firmado por Perotti y Lagna, será la Secretaría de Coordinación Técnica y Administrativa Financiera de Seguridad la que confeccionará un diagnóstico por cada edificio a intervenir, a partir de la solicitud elevada por el gobierno local. "Éste será la base de las tareas a realizar, sirviendo para la planificación de los objetivos y pautas de trabajo para cada edificio. A tales efectos, el gobierno local deberá contratar un profesional matriculado que se encargará de efectuar un relevamiento del edificio a intervenir", agrega.

En el punto 8 del anexo, la norma plantea el principal cambio frente al régimen hasta ahora vigente, vinculado a los montos de las obras. Frente al tope de $ 500.000, el nuevo plan plantea que los proyectos "no podrán ser superiores a tres veces el límite para las licitaciones privadas" que rige la Ley de Administración Financiera de la provincia. A valores actuales, el techo queda fijado en $ 8,2 millones, aunque dicho valor se actualiza de forma constante, por lo que irá variando en función de la inflación.

Los desembolsos de dinero a los gobiernos locales se efectuarán en dos etapas: un 70% a modo de anticipo y un 30% restante cuando se finalice dicha fase inicial. Previendo que dichos fondos sean efectivamente utilizados para reformar edificios policiales, el artículo 9 plantea que "el incumplimiento no debidamente justificado de los objetivos implicará la inhabilitación para recibir otros aportes no reintegrables del Ministerio de Seguridad".

El gobierno de Perotti busca así dar un renovado impulso a un tema que ningún gobierno logra solucionar de manera definitiva. Si bien no está entre los temas al tope de agenda (siempre sobresale lo vinculado con la política salarial), la situación de los edificios policiales también habla a las claras de cuál es la política de seguridad de la provincia. En la gestión anterior se habló de más de 150 comisarías refaccionadas. Habrá que espera a 2023 para ver hasta dónde llega el actual gobierno.