Hagar Blau Makaroff


El juez en lo Civil y Comercial Marcelo Quaglia convocó este miércoles a organizaciones y personas especializadas a un debate por escrito de la ordenanza nº 10.182, sancionada por el Concejo de Rosario el pasado 8 de abril de 2021, en respuesta al amparo colectivo que le fue elevado por el Centro Derecho Urbanístico del abogado Jorge Enrique López Mirossevich contra la Municipalidad de Rosario para que la nueva ordenanza sea dejada sin efecto y se retorne a la anterior reglamentación que permitía como máximo 0,5 milímetros de alcohol en la sangre al conducir.

Desde Compromiso Vial respondieron con una serie de interrogantes acerca del funcionamiento, la dinámica y el ejercicio de convivencia, vinculación y “puntualmente los diálogos que a priori, resultan imprescindibles a la hora de administrar, gerenciar y disponer las acciones que hacen al bienestar de la comunidad y sus bienes”.

Entre los interrogantes que expresaron los y las activistas por la conciencia de los conductores, se expidieron: “¿Cómo comprender que un juez ponga en duda, cuestione el proceder democrático de las otras partes, es decir de los dos poderes con representatividad de la población por su voto democrático de este cuerpo de gobierno, cuando se ha demostrado en innumerables oportunidades, todas públicas, el procedimiento, las diferentes instancias por las cuales esos debates se dieron a lugar y se arribó consensuadamente a una resolución amparada y gestada por la participación pública, civil y de las organizaciones referentes sobre esta temática en particular? ¿Cómo es que para la Justicia 15 años de debates públicos, con diferentes actores sociales, públicos, privados no son suficientes, no alcanza, resultan escasos y merece una nueva instancia de consulta pública con “expertos” que, a las claras acreditarían mayor solvencia que todo lo expuesto hasta el momento en estos ámbitos? ¿Cómo es que la Justicia convoca a un referéndum a partir de una solicitud de un privado que amparado en una dudosa y poco clara estrategia jurídica pone en duda lo recorrido y construido colectivamente? ¿Acaso los artilugios técnicos contenidos en el sistema judicial tienen más valía que el consenso logrado de manera colectiva, intersectorial y plural?”.

Otras preguntas que se realizaron “ante este claro mensaje de la justicia es: ¿quién gobierna y determina nuestra forma de vivir, condiciona nuestro presente y futuro?, ¿puede el interés de unos pocos avasallar lo que es derecho de una comunidad que ya se ha expresado en incontables veces, dando prueba de ello con solvencia cada vez que se la ha preguntado?, ¿cuánto le costará a la comunidad este retroceso y puesta en discusión púbica hacia un tema que ya está saldado y resuelto de manera formidable y superadora, habiéndose posicionado nuestra ciudad como una de las pioneras en el país en llevar a cabo esta política pública?”.

De esta manera, precisaron: “Esperamos que las actoras y los actores fundamentales de este debate se declamen protagonistas y den una respuesta a la altura de la situación. Por memoria, por presente y por un futuro sin violencia vial, esperamos nuevamente que se piense en el pueblo y no en los intereses de algunos pocos”.