Belén Fedullo
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Desde fines de agosto, en distintas zonas de Concordia los empleados del hotel Ayuí hacen oír sus voces con protestas. En cada manifestación, acompañan su reclamo con pancartas en las que piden “hacer valer” sus derechos. Lo cierto es que esos trabajadores son los que debieron cesar su actividad hace más de un año y medio, cuando el complejo cerró sus puertas. En primera instancia, el cierre se dio por la pandemia, pero la crisis viene desde antes. Son los testigos que vieron de cerca la decadencia de un gigante por hechos de corrupción, y fue la llegada del virus la que hizo que todo tuviera el peor final.

El hotel Ayuí Resort & Spa fue inaugurado en 1975, era usado inicialmente por ejecutivos de la obra del complejo hidroeléctrico binacional de Salto Grande (el puente se inauguró el 25 de agosto de 1982). Está ubicado en la zona del lago que queda cerca de la represa, lo que permite explotar recursos de todo tipo.

Entre los servicios que tiene o supo tener se incluían una cancha de tenis, piscinas cubiertas y al aire libre con acceso al agua termal; un completo spa, estacionamiento privado, gimnasio, salón de eventos y juegos, restaurant y acceso cercano a termas y parque acuático. Es un hotel de 4 estrellas, uno de los únicos que Concordia tiene. Aunque está en un evidente estado de deterioro, sigue siendo uno de los mejores alojamientos de la ciudad, con un espacio que, en otros tiempos, fue sinónimo de “confort” en la región.

Irregularidades

En los inicios, la administración de ese lugar era concesionada por Nación a través de la Delegación Argentina ante la CTM Salto Grande; pero desde febrero de 2005 se involucró el gobierno de Entre Ríos con la creación de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL).

Luis Mazurier fue designado para el mayor cargo en Codesal y durante 11 años estuvo al frente de ese organismo con rango de Ministerio. Actualmente está procesado por presunta corrupción y pesan sobre él 4 cargos.

Según la Justicia, Mazurier está acusado de haberse apoderado del dinero cobrado en la Tortuga Alegre, complejo de playas y camping que administraba la Codesal, desde el 1° de marzo 2005 y hasta el 18 de febrero de 2016. Además, la fiscalía entiende que la maniobra perpetrada en el primer hecho fue replicada en el segundo, pero esta vez en el Complejo Termal Perilago de Salto Grande, que engloba a las termas de Ayuí y de Punta Viracho; en este caso, se lo acusa de haberse apoderado del dinero que se cobraba por canon de ingreso de personas y por cualquier otro concepto, entre los años 2010 y febrero de 2016. También desde la Justicia entienden que de manera premeditada y con el claro propósito de facilitar la apropiación de los fondos que ingresaban en el organismo estatal bajo su responsabilidad, Luis Mazurier “incumplió con la obligación de inscribir en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la Corporación del Desarrollo de Salto Grande”.

El cuarto hecho por el que se lo acusa es, nada más ni nada menos, que la apropiación del hotel Ayuí. En este caso, Luis Mazurier; Cintia del Rosario Mengeon, que tendría dos hijos con él y es empleada-socia del diario que administra; y Alberto Jesús Villanueva, habrían acompañado la maniobra.

En cuanto a las calificaciones legales, a Mazurier se le endilga la autoría material del delito de peculado de bienes y de servicios, en concurso ideal con Administración Fraudulenta en Perjuicio de la Administración Pública, Omisión de Deberes de Funcionario Público y Abuso de Autoridad. A Cintia del Rosario Mengeon, al igual que a Alberto Jesús Villanueva, se los acusa de partícipes necesarios del peculado de bienes, en concurso ideal con la administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La causa fue elevada a juicio, tras 10 años de investigación, pero aún se aguarda que se de a conocer la fecha de realización del debate oral y público.

Sin certezas

Aquel 19 de marzo en el que el hotel cerró sus puertas, como tantos otros, por la pandemia quedó muy lejos en el tiempo, pero es recordado como el día que la incertidumbre se convirtió en una compañera inseparable del grupo de empleados. Más de un año y medio después de ese momento, los trabajadores siguen sin poder concurrir a su espacio laboral, y habían aceptado cobrar solo el 40% de los haberes que tenían, en “negro”.

Decidieron pedir respuestas, pero por la situación judicial en que se encuentra el lugar eso fue una tarea difícil. Desde la Delegación Argentina ante la CTM los enviaron a hablar con la ministra de Gobierno de la Provincia, en tanto que desde Cafesg, les dijeron que las respuestas tenían que llegar desde el gobernador. Lo cierto: aún siguen sin explicaciones.

Mientras tanto, la crisis económica aprieta y lo poco que perciben resulta insuficiente. Los montos llegan a unos $ 20 mil y se cobran $ 10 mil del 1 al 10 de cada mes y la otra mitad, durante el último día hábil.

Quien les paga, según contaron, es Jesús Villanueva, uno de los imputados por la presunta apropiación del hotel. “Lo hace en su domicilio de calle Cadario, donde era la sede de la Codesal, con dinero en efectivo y nos entrega unos recibos a nombre de Balase”, indicaron los empleados.

Como si el escenario no fuera desfavorable, actualmente hace 3 meses que no perciben sus sueldos, por eso, ante el problema de falta de administración, los problemas judiciales y la falta de respuestas, y la falta de pago, los empleados decidieron protestar.

En principio, a fines de agosto se reunieron en la zona del Perilago de Salto Grande con pancartas en las que pedían respuestas y reconocimiento de derechos. En ese caso estuvieron acompañados por representantes de la CGT de Concordia y de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Días después, el mismo grupo se manifestó frente a la sede del ministerio de Trabajo, en la zona céntrica de la ciudad. Fueron allí porque una firma les ofreció formalizar una sociedad, pero no están conformes con la oferta.

Marcos Gil es uno de los empleados cesados y en diálogo con Mirador Entre Ríos, contó: “Decidimos movilizarnos porque creemos que la oferta que nos hace la firma Balace es una falta de respeto. Nos ofrecieron migajas, y eso que saben que somos empleados que trabajamos hace muchos años”.

Tras la desilusión, contrataron al abogado Martín Centurión, que es quien se reúne con la empresa en representación de los empleados. “Él les pidió la documentación a los representantes de Balace para saber a nombre de quién está el hotel. Hicieron oídos sordos, diciendo que no era necesario. Es todo desprolijo”, aseguró el empleado.

La pandemia parece haber dado el golpe final a un lugar que venía tambaleándose. En el medio, los empleados siguen sin saber qué hacer y esperan, con impotencia, recibir una respuesta clara de alguien que se haga cargo de una situación que llegó al límite. Al tiempo que eso sucede, el gigante que alguna vez recibió a los contingentes más importantes de turistas, congresistas y agrupaciones está cada días más abandonado y convertido en las ruinas de aquello que algún día brilló.