Belén Fedullo
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A principios de septiembre, un grupo de 14 personas —entre ellas, dos menores de edad— se convirtió en noticia. No fue por ser un equipo deportivo que obtuvo un logro, ni por haber ganado nada en especial, sino porque fueron rescatados de un campo llamado “La negrita” en el que trabajaban y vivían en absoluta precariedad.

La descripción del lugar dejaba en claro todo. Los días de esos trabajadores transcurrían en cuatro carpas precarias, confeccionadas con lonas sostenidas por palos y machimbres. Además no contaban con baños ni espacio para higienizarse. Tampoco tenían energía eléctrica, agua potable ni elementos de primeros auxilios. Un sector de una de las carpas era utilizado como “cocina”: allí había troncos y maderas para hacer fuego. Eso era todo.

Como si esto fuera poco, sus documentos de identidad eran retenidos por la persona que los contrató, no tenían modo de comunicarse y el pago por el raleo de eucaliptos era escaso.

El 15 de octubre, apenas un mes después de lo que sucedió en “La negrita”, otros ocho trabajadores —uno de ellos menor de edad— fueron rescatados de un campo en la zona conocida como “El duraznal”.

En este caso, eran todos de Misiones. También vivían en un espacio carente de agua potable, sanitarios y energía eléctrica, en carpas precarias hechas con toldos de nylon negro y puntales de madera, dormían sobre colchones que eran elevados del piso con troncos y comían en condiciones de falta total de salubridad.

Así, la escena se repite, y parece que los contratistas hacen caso omiso a las advertencias. Las promesas de los empresarios se desvanecen y esos trabajadores que recorren miles de kilómetros quedan sometidos a un sistema que resulta perverso y atenta contra los derechos y la dignidad.

Sanciones

Horacio Guattini es el delegado departamental de Concordia en la Secretaría de trabajo. En diálogo con MIRADOR ENTRE RÍOS resumió cuáles son las causas de este problema, cómo podría solucionarse y cómo deben actuar.

“A pesar de todas las precauciones que se toman y de todos los procedimientos que hacemos en conjunto con las fuerzas, la situación se repite. Casi siempre sucede con personal que contratan que no es de Concordia. Usualmente traen gente de Misiones porque son especialistas en cortar y pelar maderas, palos. Los empresarios contratistas dicen que esas son las personas idóneas para hacer el trabajo, pero la situación en la que los trasladan y los hacen vivir es lamentable”, explicó.

—¿Existe una explicación sobre por qué se dan tantos casos?

—Creo que lo único que podemos decir es que los empresarios no comprenden que la persona que contratan es un ser humano como ellos, que tiene derechos y que debe ser respetado, primero porque es un ser humano y luego porque es un trabajador. Parecen no entender que merecemos todos lo mismo, y que más allá de las herramientas para trabajar, necesitan tener un pago digno, una vivienda digna, un lugar en donde poder descansar, bañarse y comer luego de estar todo el día haciendo fuerza.

—¿Cómo llegan hasta los lugares con los operativos? ¿Hay denuncias?

—Siempre nos convocan desde el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Vamos para colaborar en los operativos que realizan las fuerzas y cuando llegamos concretamos la detección de los trabajadores en malas condiciones. Lo que se ve es lamentable.

—¿Existe una manera de prevenirlo?

—Solemos hacer capacitaciones en las que damos cursos preventivos, casi siempre nos ayudan los gremios. Hacemos hincapié en aquellos que nuclean a quienes se dedican a trabajar la madera, la cosecha de frutas y trabajadores rurales. La Secretaría de Trabajo, en convenio con el Consejo de Ciencias Económicas de Entre Ríos, capacita y explica cómo funciona todo. Explicamos las sanciones para que sepan qué puede pasar y de paso logramos que los profesionales avisen a quienes contratan personal qué es lo que podría suceder si no hacen las cosas como deben. Más allá de ese trabajo preventivo con los gremios o representantes de los trabajadores, tratamos de hacer difusión para aquellos que no están nucleados en ningún lado, para que se vea en redes sociales y tengan conocimiento.

—¿Creés que las penas son leves? ¿Deberían ser más severas para resultar ejemplificadoras?

—Las penas, cuando se dan, suelen ser de cuatro años de cumplimiento efectivo. Es decir que hay antecedentes de que se llega a una condena, pero son pocos y pueden llegar a demorar, ya que en uno de los casos la trata laboral había sido descubierta en 2011 y hace poco se dio la condena. También hubo casos de empresarios que pasaron dos años en prisión. La ley se aplica, porque más allá de las sentencias de cumplimiento efectivo hay multas muy severas, tanto en la parte laboral como en higiene y seguridad, hablamos de mucho dinero. A pesar de todo esto, lamentablemente seguimos viendo que hay empresarios que hacen este tipo de contrataciones que rompen la dignidad de personas que solamente quieren trabajar.

Déficit

—¿Qué sucede con los trabajadores luego de los operativos?

—Ahí quizás hay un déficit. Habría que ser más estrictos con las multas y más rápidos, para que haya una respuesta a esas personas. Las víctimas quedan a la deriva casi siempre y es el Estado el que debe hacerse cargo. Salen a buscar soluciones, un lugar en donde puedan permanecer, las atenciones médicas y, finalmente un transporte que los lleve a su lugar de origen otra vez.

Pandemia y el aprendizaje

Según describió Guattini, las restricciones de entrada a la ciudad por el coronavirus hicieron que mermara la cantidad de trabajadores que viajaron a la zona, especialmente para la cosecha de frutas, y que solían ser trabajadores precarizados. Pero no sería esa la única razón.

“Más allá del coronavirus, la cantidad de trabajadores de otras provincias que viene a la zona bajó porque también los cosecheros de la región aprendieron bien cómo es el trabajo y cómo se manejan esos frutos. Cuando recién comenzaba, sobre todo la cosecha de arándanos, venían personas que tenían experiencia, pero ahora que acá ya hay personas que saben, no es necesario que vengan desde otros lugares”, explicó.

“Es una buena noticia que haya mano de obra concordiense, porque el trabajo queda para los habitantes de la ciudad, que sabemos que en un lugar que tiene mucho padecimiento con la cuestión laboral. Estas ofertas de trabajo tienen que llegar para que no volvamos a ver casos de trata laboral y la situación mejore”, concluyó.