BELÉN FEDULLO
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En julio, las plazas Urquiza y España de Concordia dejaron de estar disponibles para el público. Con lonas verdes taparon el espacio que comenzaría a estar en obra durante “seis meses”, según lo establecido por quienes realizaron los trabajos.

A principios de marzo reabrieron la plaza Urquiza, en la que solamente se vio un cambio de baldosas, que habría demandado unos 28 millones de pesos. El otro espacio, en tanto, sigue estando cerrado y puede verse, lonas mediante, que cambiaron las baldosas y colocaron algunos juegos nuevos, aunque es incierta la fecha de reapertura.

Luego de un trabajo de investigación, que incluyó consultas a técnicos y profesionales relacionados al tema, desde el bloque de concejales opositores –Juntos por el Cambio– elaboraron un pedido de informes, donde se le solicitan al Ejecutivo detalles de las obras.

Recuerdan, en el escrito, que el presupuesto para ambas obras ronda casi los 60 millones de pesos, de los cuales $29.691.014,93 corresponden a la Plaza España y $28.951.663,47, para la Urquiza, provenientes del Programa “Argentina Hace” y que los trabajos se hicieron mediante contratación directa.

Uno de los argumentos del pedido de informes se basa en que “en el Mapa de Inversiones del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través del cual la ciudadanía puede tener un control de los presupuestos y ejecuciones de obras, se indica que para la Plaza Urquiza se establecieron $16.400.648 para la construcción de contrapisos, solados y rampas, mientras que para la Plaza España, el monto para la construcción de veredas con baldosas graníticas, pisos símil adoquín y rampas, el presupuesto establecido es de $17.738.964”.

En ese marco, desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio solicitaron al Ejecutivo que informe sobre “los cómputos y presupuestos de las dos obras; los pliegos y especificaciones técnicas particulares de los trabajos de cada obra; las exigencias del Programa ‘Argentina Hace’ y su relación con las contrataciones; la repartición a cargo de las adjudicaciones y parámetros utilizados para la contratación directa; si han intervenido otras formas de financiación; las reparticiones municipales intervinientes y si se han aplicado sanciones por el incumplimiento de los plazos de obra”.