Ignacio Pellizzón


El gobierno nacional finalmente confirmó que la energía que se consume en los espacios comunes de los edificios también sufrirá la quita de los subsidios. “En el segmento de usuarios Generales estamos contemplando excepciones como comedores, pero no edificios”, aseguró la secretaria de Energía, Flavia Royón. De este modo, la quita de subsidios impactará también en las expensas.

Los consumos comunitarios que pagan los consorcios no son considerados gastos de usuarios residenciales, porque figuran a nombre de una persona jurídica. Por lo tanto, les cabe el mismo tratamiento que a los comercios. Así, en caso de que los consorcios trasladen esta suba a las expensas que cada inquilino o propietario paga, estas sufrirán fuertes aumentos de forma bimestral.

En la ciudad de Rosario, al igual que el resto del territorio santafesino, al tener prestadores distintos con los de Buenos Aires, como son las empresas de la EPE y Litoral Gas, “la quita de subsidios para consorcios se realizó en el 2020, pero de cualquier modo vamos a tener un incremento de tarifas en la provincia de Santa Fe, con lo cual se va a sentir el impacto”, contó a Mirador Provincial Adolfo Jäger, presidente de la Cámara de Propiedades Horizontales.

Incremento
El impacto de los aumentos se sentirá. Solamente a modo de ejemplo, “tanto el metro cúbico para caldera de calefacción y el kw para servicios centrales aumentó en los últimos dos meses entre un 20% y un 25%, según el caso”, admitió. Pero, además, “ya hubo incrementos similares en enero, por ende, en el último año hubo aumentos en torno al 80%”.

En Rosario los edificios exclusivamente eléctricos “no llegan a un 5% construidos”. “Está pasando que en muchos barrios privados, como en Funes y Roldán, están utilizando energía propia con paneles solares, generadores, entre otros”, con lo cual se detecta un lento pero progresivo cambio a energía sustentable.

Jäger, al igual que la mayoría, no conoce cuánto realmente aumentarán la luz y el gas, por eso entiende que hay incertidumbre al respecto. La regularización de las tarifas, que durante muchos años estuvieron congeladas mediante distintos subsidios, empezarán a aplicarse desde el próximo hasta fin de año e, inclusive, el 2023.

En defensa de los inquilinos
Desde la ONG Concejalía Popular muestran preocupación ante el incremento de tarifas. Entienden que el impacto será negativo, sobre todo, para los inquilinos.

“Entendemos que este aumento que van a padecer las expensas a raíz de la quita de subsistido que, si bien será progresivo y afectará en un 20% inicialmente en la primera cuota y dos cuotas siguientes de un 40%, va a recaer fundamentalmente sobre los inquilinos, porque este gasto de las expensas, al ser un servicio, es un apartado que pagan las personas que alquilan sin discusión”, indicó uno de sus referentes, Ariel D’Orazio.

Para aquellos edificios electrodependientes o que tengan caldera, “la afectación va a ser mucho más fuerte por el impacto que tienen los servicios”, advierten desde la ONG. Además hay que remarcar que, al tener una Canasta Básica, calculada por el Indec, que no contempla el alquiler como variante, “los inquilinos serán los más perjudicados en esta modificación”.

Por eso, desde Concejalía Popular “vamos a pedir una tarifa diferencial inquilina”. La idea es que mediante una Declaración Jurada las personas que alquilan puedan declarar justamente el valor que pagan en concepto de alquiler y que esto se descuente de los ingresos que perciben para llevar “un mano de justicia mucho más real” a lo que se compromete en una Canasta Básica las personas que alquilan.

“Esta afectación en los consorcios, que no distingue entre edificios de alta gama, otros con amenities o un Fonavi, “claramente es una gran desigualdad y que el Ministerio tiene que corregir”, concluyó D’Orazio.