Gustavo Capeletti


En medio de una escalada verbal y epistolar entre actores políticos y judiciales enfrentados por las consecuencias de las usurpaciones de tierras privadas, un entuerto que tomó estado nacional y que nadie, a ciencia cierta, sabe hoy cómo terminará, la Iglesia de Reconquista hizo pública su posición a través de un documento titulado “Tierra, paz social y diálogo”.

Con la firma del obispo diocesano, monseñor Ángel José Macín, y también de los presbíteros Juan José Delarossa y Jorge Luis Duarte Paz, la institución religiosa dio cuenta que en el contexto de la pandemia y en parte vinculado a las consecuencias de la misma, hace pocos días estalló otro “conflicto social que era de esperar en nuestra ciudad: el justo reclamo por el derecho a un terreno y una vivienda”.

En el comunicado, el Obispado en pleno estimó, sin entrar en extensas fundamentaciones teóricas, necesarias en otras instancias, que este es un “derecho que toda familia tiene” y que “se viene postergando desde hace décadas” en la ciudad y en otros lugares.

Sobre ese punto, desde la sede episcopal del norte santafesino lamentaron en estos años se haya “dedicado más atención a otros intereses, o a confrontaciones políticas, y se haya descuidado al extremo este potencial foco de tensión social”.

En la misma línea crítica, se amonestó asimismo que “muchas veces la palabra empeñada o prometida, por dirigentes de diversos estamentos, haya caído en descreimiento al no verse traducida en oportunas acciones concretas”.

“Vivir con dignidad”
Enseguida, la conducción de la Diócesis de Reconquista pontificó: “Aunque no sea responsabilidad directa, lo que sucede también nos interpela a todos, ya que como ciudadanos tenemos que velar por el bien de nuestros hermanos, que habitan un mismo territorio”. Y parafraseó una cita del evangelio del apóstol Mateo: “Los cristianos sabemos que lo que hicimos o dejamos de hacer con nuestros hermanos y hermanas más necesitados, repercute directamente en nuestra vida y en el vínculo con Cristo”.

En términos concretos, la Iglesia norteña fue contundente al afirmar que no justifica las tomas de terrenos y que su adhesión es plena al orden jurídico-institucional que rige la vida en sociedad. Empero, al mismo tiempo, ofreció su acompañamiento a “las familias que son forzadas a adoptar estas acciones, por pobreza y cansancio”, y lanzó un “ferviente llamado a la paz social y al diálogo, condiciones indispensables para que todos puedan alcanzar la meta de un lugar para vivir con dignidad”.

Para finalizar, se puso a disposición para ayudar a la resolución de las situaciones dadas, ofreciendo un espacio que “nos permita la escucha, el diálogo y el compromiso en pos de soluciones posibles y realizables o participando como garantes de alguna instancia convocada por otros”, como así también a colaborar en el mediano plazo para “prevenir este tipo de episodios que nos lastiman a todos”.

Cruces públicos
Desde que se produjeron las tomas de tierras en terrenos de la periferia reconquistense, los cruces y acusaciones entre el gobierno municipal y sectores de la oposición y de la justicia no dejaron de sucederse.

Al primer pedido del Ejecutivo local al Ministerio Público de la Acusación para que permita que la gestión solucione por sí misma el drama de las ocupaciones ilegales, sobrevino un reclamo público por escrito, del intendente Amadeo Enrique Vallejos, dirigido al organismo demandando la “urgente actuación para extinguir estos avasallamientos en la propiedad privada que aparecen francamente organizados, por quien sabe quién y con qué fines, pero lo cierto es que pone en vilo la tranquilidad pública y la paz social”.

Los fiscales no tardaron en contestar. También por nota, fustigaron: “No resulta positivo requerir públicamente que el MPA se abstenga a actuar nada menos que frente a un delito o, lo que es peor, entrometerse en nuestras funciones, aleccionando sobre quien /es eran o no los responsables de los hechos”. “Instamos a quienes tiene responsabilidades gubernamentales a actuar con la seriedad del caso”, requirieron, con tono de evidente malestar.

Además, tras los señalamientos de una concejala opositora respecto de que las usurpaciones habrían estado instigadas por una funcionaria municipal perteneciente al Movimiento Evita, en el marco de la investigación penal el pasado viernes fue allanada la vivienda de la sindicada, y la de otra numeraria sospechada de alentar las tomas. Ambas serían imputadas el próximo jueves por el fiscal Leandro Mai, a cargo de la investigación.

“Violencia institucional”
Ante esta consecución de hechos, el Consejo Ejecutivo Provincial de Partido Justicialista Distrito Santa Fe junto al Movimiento de Mujeres Peronistas de Reconquista, alumbraron un descargo en defensa de ambas funcionarias: “Expresamos nuestro repudio la violencia institucional ejercida por el Poder Judicial hacia las trabajadoras municipales de la Dirección de Tierra y Vivienda de la Municipalidad de Reconquista, Haydée Vargas y Adriana Aranda”.

En el texto, al que adhirieron un centenar y medio de dirigentes, funcionarios políticos, judicial y legisladores de todo el país, calificó como “llamativo que, cumpliendo una función laboral institucional, con rol territorial en mesas de trabajo donde participan distintos actores para la búsqueda de una solución pacífica a la temática del acceso a la tierra, se haya allanado sus domicilios particulares y no las dependencias laborales, intentando de esta manera señalarlas como responsables”.

En tal sentido, ambos espacios partidarios rechazaron y desaprobaron el “uso de todas las formas de violencia de género y el proceso de enjuiciamiento mediático y judicial, así como expresiones de odio y estigmatización a las compañeras por ser mujeres militantes políticas y sociales. Hay quienes solo levantan las banderas de la paz social desde el discurso y hay quienes trabajamos desde un estado presente y articulador de las políticas públicas para garantizarla”.