Carlos Retamal


Dos policías que fueron detenidos el miércoles en el marco de una serie de operativos llevados a cabo en Rosario por personal de la Agencia de Control Policial e Investigación Criminal (ex Asuntos Internos) fueron imputados por la fiscal a cargo de la delegación Casilda del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marianela Luna, por el robo de armas que se encontraban bajo custodia de la sede de la Policía Científica de esa ciudad, ubicada 70 kilómetros al oeste de Rosario. Los dos uniformados, junto a un civil, quedaron tras las rejas por 90 días.

La audiencia se llevó a cabo en la tarde del viernes 13 en los Tribunales Provinciales de Casilda contra los policías Iván Jesús F., quien fue imputado por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador, robo agravado por ser cometido por funcionario público, malversación de efectos públicos, violación de los deberes de funcionario público, violación de sellos consumados y en carácter de autor y en concurso real; y contra el uniformado Cristian A. P., por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y violación de los deberes de funcionario público en carácter de autor y consumado y en concurso real.

En la misma audiencia, el civil Brandon G. fue imputado por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro consumado y en calidad de autor.

Los dos uniformados fueron detenidos en el marco de un allanamiento realizado el miércoles, tras casi tres meses de investigación, por el robo de 27 armas de fuego (tres escopetas, 16 revólveres y ocho pistolas), además de municiones y cartuchería que se encontraban dentro de un armario de la División Científico Forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Distrito Casilda, ubicada en la esquina de los bulevares Argentino y Lisandro de la Torre.

La fiscal reveló en la audiencia que entre el 17 de diciembre de 2020 y el 15 de abril de 2021, los ahora detenidos formaron parte de «una asociación o banda con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos contra la administración pública y contra la propiedad, utilizando como modalidad el apoderamiento o sustracción de elementos secuestrados los cuales se encontraban con sus rótulos, sellos y cadena de custodia, en la sede de la División Científico Forense de AIC Distrito Casilda».

El retiro de armas de fuego, municiones y cartuchería, credenciales, celulares y dinero apócrifo se llevaba a cabo los días en que Iván F. estaba de guardia, ya que poseía la custodia de los elementos. La fiscal lo mencionó como «el organizador que se encargaba de sustraer los efectos secuestrados los días en que se encontraba de guardia», que les eran solicitados por los otros miembros del grupo para comercializarlos.

El otro policía, Cristian A. P., era el encargado de recibir las armas de fuego y municiones para su posterior venta.

Las armas eran recibidas por una mujer, identificada con las iniciales C. E. N., quien está prófuga; y por Brandon G., quien además se encargaba de las ventas.

Tras el pormenorizado relato, la fiscal pidió imputar a los cuatro integrantes de la banda y pedir su prisión preventiva efectiva por 90 días. La jueza de Primera Instancia, Mariel Minetti, dio por formalizada la audiencia imputativa e hizo lugar al pedido.

Policías detienen a policías
Los allanamientos, que sorprendieron a vecinos de las zonas sur, norte y noroeste de Rosario, se llevaron a cabo en la mañana del miércoles 11 de agosto, cuando personal de la Agencia de Control Policial e Investigación Criminal (ex dirección de Asuntos Internos) allanó la sede de la comisaría 15ª, ubicada en Sarmiento y Ameghino, de barrio Tablada (zona sur); y en dos viviendas, una en Juan Pablo Renzi al 3.500, barrio Nuevo Alberdi (zona norte); y en Solís 300 bis, barrio Ludueña (zona noroeste).

Fuentes de la investigación señalaron que las viviendas pertenecen a dos uniformados que actualmente figuran en la plantilla de la seccional 15ª, quienes fueron detenidos.

¿Y las armas?
El faltante de las armas y de material balístico se conoció el 16 de abril, luego que desde Fiscalía se solicitaron armas que fueron secuestradas en una antigua causa y, para sorpresa de propios y extraños, varias de ellas no estaban en el depósito y no se tenía registro de haber sido entregadas.

Ante esto, el jefe de la División Científico Forense de la AIC de Casilda ordenó un relevamiento que destapó la olla. En ese momento, la fiscal Luna ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de todo el personal de Policía Científica, y también del libro de guardias (que tenía el registro de entradas y salidas del personal), el levantamiento de rastros en el armario y el análisis de cámaras de seguridad en la zona del hecho.

En tanto, luego de conocido el faltante, el Ministerio de Seguridad de la Provincia ordenó el pase a disponibilidad de cinco agentes de la Policía Científica, mientras se avanzaba en la investigación.