El Poder Ejecutivo tiene terminado el proyecto de ley que apunta a reorganizar las actividades del sector eléctrico provincial, estableciendo los principios regulatorios a los que deberá ajustarse; el control del cumplimiento de esos y la transformación de la actual Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en Sociedad del Estado. "La Sociedad del Estado se adapta perfectamente a las necesidades que origina la atención del servicio eléctrico provincial, porque da dinamismo a su funcionamiento, similar al de una empresa privada, y garantiza contar con los controles adecuados", le señaló a El Litoral uno de los autores de la iniciativa que será incluida en el tratamiento del presente período de sesiones Extraordinarias.

En el mensaje que acompañará el proyecto a Legislatura, "el gobierno provincial reafirma la participación activa del Estado en los roles de regulador, controlador y prestador del servicio eléctrico, desacoplando y asignando cada uno de ellos a distintos organismos del Estado, con el objeto de garantizar la prestación eficiente del servicio eléctrico en todo el ámbito provincial, con calidad, seguridad y economía". Se aclaró que la iniciativa no apunta a buscar socios ni habilita a hablar de concesión del servicio. "Se ratifica la necesidad de optimizar la gestión de la prestación a través de una empresa estatal, con una adecuada estructura jurídica", señaló el vocero.

La Ley 10.014 (año 1986) de creación de la Empresa Provincia de la Energía (EPESF), fue concebida luego del traspaso en 1981 a la provincia de los sistemas de distribución de la ex empresa nacional Agua y Energía Eléctrica. En 1999 se dictó una ley de regulación y privatización de tras quedar caduco, en el 2.006 se restableció la vigencia de la Ley 10.014.

En el gobierno se advierte que el contexto actual del sector eléctrico es muy diferente del existente al momento de la sanción de la Ley 10.014 y ahora existen legislaciones nacionales (Ley 24065) y provinciales que regulan la prestación del servicio eléctrico por parte de empresas públicas y privadas, con niveles de exigencias preestablecidos. Santa Fe es una de las pocas provincias que no adaptó la legislación a la ley marco nacional.

En el mensaje se señala que "la experiencia acumulada durante los últimos años, muestra que la transferencia al sector privado de los sectores estratégicos de capital intensivo, como los servicios públicos y el eléctrico en particular, en un país en desarrollo, con ausencia de políticas de estado sustentables e inestable económicamente; deriva inevitablemente en precios y tarifas incompatibles con el poder de compra de la población".

Hoy la provincia carece de marco normativo para los prestadores del servicio público de electricidad, de un organismo de control sobre el régimen tarifario y la calidad del servicio que prestan la EPESF y las cooperativas. Se considera que el doble rol que, como regulador y prestador, le impone la Ley 10.014 a la EPESF le restringe la posibilidad de emplear para su gestión empresarial metodologías apropiadas para mejorar su eficiencia.

Hoy la empresa se rige por la legislación del derecho público que incluye someterse a un nivel de condicionamientos propios de la administración pública, "pero que resultan perjudiciales para una empresa que debe prestar un servicio público de características complejas, como es proveer en forma continua de energía eléctrica a una provincia". Se señala que "este no es el único motivo de la ineficiencia de la empresa, pero, si se quiere empezar a resolver el problema global, es fundamental cambiar la figura jurídica de la misma y de esta forma proporcionar herramientas para lograr mejores resultados".

La administración Perotti considera que la Sociedad del Estado aparece como la figura jurídica más apta para que la EPE tenga un funcionamiento que mejore su eficiencia, junto con acciones de gestión relacionadas con la optimización del Valor Agregado de la Distribución, la disminución de las pérdidas no técnicas, la incorporación creciente de nuevas tecnologías, etc. Se explicó que las Sociedades del Estado, enmarcadas en la Ley Nacional 20.705, en su carácter de entes estatales descentralizados, realizan actividades de tipo comercial o industrial organizadas bajo un régimen jurídico predominantemente privado . "Mediante la ley se puede crear una empresa estatal que funciona bajo el derecho privado, pero cuyas acciones siempre pertenecen al Estado" se dijo a El Litoral.

La Sociedad del Estado seguiría encuadrada en la Ley de Administración, eficiencia y control del Estado, dentro del Sector Publico No financiero; con el control interno a cargo de síndicos designados por el Poder Ejecutivo; y el control externo que el Tribunal de Cuentas. Se señala que ya el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) funciona como Sociedad del Estado desde 1999.